Tras los indultos concedidos a quienes pretendieron dar un golpe de Estado contra la democracia española, la supresión del delito de sedición por si se les ocurre reincidir o la reducción de las penas a los malversadores independentistas por ser independentistas, 2023 puede ser el año en el que se celebre en Cataluña la consulta o el referéndum de independencia. Aragonès ya lo ha anunciado y Sánchez lo ha negado, así que es cuestión de tiempo que se lleve a cabo. Si pueden.

Recordemos algunos conceptos democráticos básicos, tan necesarios. Una parte no puede decidir por el todo. El futuro de España (su organización territorial o su distribución competencial y, desde luego, su pervivencia) lo decide el conjunto de los ciudadanos españoles. El denominado "derecho a la autodeterminación" que los independentistas reclaman para separarse de España no es un derecho reconocido por el Derecho Internacional, por mucho que insistan. La ONU solo lo reconoce para dos supuestos: para las colonias en el marco de los procesos de descolonización y para los territorios pertenecientes a un Estado en los que los derechos ciudadanos estén siendo vulnerados, precisamente para proteger y salvaguardar dichos derechos. Cataluña no es una colonia. Y los derechos que están siendo vulnerados en la comunidad autónoma no son sino los derechos de los ciudadanos no nacionalistas residentes en dicho territorio, como el derecho a estudiar en español, entre otros. El derecho a decidir que reclaman los nacionalistas no es sino el derecho que se arrogan de impedirnos al resto ejercer nuestro derecho a decidir sobre los asuntos que son de nuestra competencia.

No niego que haya quien sea favorable a la desmembración definitiva de España (ya están en ello, ya sea por convencimiento político o por intereses electoral) y a la independencia de sus partes; sin embargo, lo vigente es la Constitución Española de 1978, que es la ley común que todos debemos respetar, por lo que si quieren llevarnos por esos derroteros disgregadores, tendrán que modificarla, para lo que necesitarán convencer a una inmensa mayoría de diputados y senadores españoles para obtener los votos requeridos al efecto. Es democráticamente indeseable pero no un imposible en España; eso sí, deberá realizarse a través de los procedimientos legales establecidos.

La consulta la llevarán a cabo subrepticiamente, llamándola de otro modo si fuera necesario, de forma que el resto de los ciudadanos no tengamos voz ni voto

Cuando se abra ese melón, si es que finalmente se atreven y alcanzan los apoyos necesarios (cosa, en principio, poco probable por no decir imposible), seremos millones los que pediremos una nueva distribución competencial que suponga más competencias para el Gobierno de la Nación y menos para las comunidades autónomas; y, ya puestos, la supresión de la disposición adicional primera de la Constitución España, que ampara y protege los llamados derechos históricos de los territorios forales, tanto el Concierto Económico vasco como el Convenio navarro. De hecho, ya hubo quien propuso la reforma de la Constitución Española para llevar a cabo estas reformas, como forma de garantizar más igualdad y más bienestar para todos; sin embargo, no se obtuvieron los votos necesarios para ello. Y aquí seguimos, cumpliendo escrupulosamente las leyes, a diferencia de los independentistas catalanes indultados y de quienes prometen volver a vulnerarlas impunemente gracias a las reformas legales auspiciadas por el PSOE. 

Como es posible que no se atrevan a llevar a cabo la reforma de manera abierta, tal como la llevaría a cabo un demócrata, la consulta la llevarán a cabo subrepticiamente, llamándola de otro modo si fuera necesario, de forma que el resto de los ciudadanos no tengamos voz ni voto, es decir, renunciemos a nuestros derechos políticos y a nuestro derecho a decidir; porque tal cosa es el derecho a la autodeterminación que ellos reclaman para sí: la negación de nuestro derecho a decidir.   

Este 2023 debería ser el paso de la resistencia o la resignación a la del contragolpe y la definición. Lo primero será defender la Constitución Española de quienes pretenden acabar con ella

Como tiene dicho Fernando Savater, la pregunta que debemos hacernos no es qué va a pasar sino qué vamos a hacer. Y la mejor forma de salvaguardar nuestros derechos y nuestro marco de convivencia y de oponernos a las intenciones de quienes quieren justo lo contrario, no es tanto lamentarnos de lo que ya han hecho y de lo que pretenden seguir haciendo, sino defender nuestras ideas con convencimiento y sin miedo. La pluralidad de ideas de quienes no somos nacionalistas. Sí, ya sé que hay quien lleva años haciéndolo, pero hay que insistir y seguramente cambiar de estrategia. Este 2023 debería ser el paso de la resistencia o la resignación a la del contragolpe y la definición. Lo primero será defender la Constitución Española de quienes pretenden acabar con ella; pero a continuación será defender cuantas reformas políticas, institucionales y constitucionales consideremos necesarias para perfeccionar nuestra democracia, regenerar nuestras instituciones, luchar contra la corrupción política y garantizar más igualdad y más bienestar para todos. Sin rencor pero sin temor a quienes llevan años haciendo y deshaciendo a su antojo. En beneficio de la mayoría (casi siempre silenciosa).  

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