La figura del Rey en una monarquía constitucional tiene un alto valor simbólico, encarna la continuidad histórica de la Nación, la representa al máximo nivel en el plano internacional y ostenta la jefatura del Estado en la cúspide del sistema institucional. Sanciona las leyes que aprueban las Cámaras, nombra a los cargos de mayor entidad, siempre a propuesta del Gobierno o del órgano que la normativa establece y la justicia se administra en su nombre. De acuerdo con la famosa fórmula, “reina, pero no gobierna”. A diferencia de las testas coronadas del pasado, los monarcas actuales carecen de poderes ejecutivos, legislativos o judiciales. Son inviolables y sus actos vienen refrendados por el Presidente del Gobierno, por los ministros o por la autoridad que corresponda, que son los responsables de dichos actos, nunca el Rey.
Se entiende, además, que la Corona se sitúa por encima de la política cotidiana y de la lucha de los partidos, escenario que le es ajeno, de tal modo que cualquier manifestación regia en favor o en contra de una cuestión concreta del debate parlamentario sería considerada una grave intromisión en una esfera que no es de su competencia y por ello todos sus discursos se refieren a valores y principios generales. Para relacionar una frase o un párrafo de una intervención pública del titular de la Corona con un tema de actualidad en un sentido determinado es necesario recurrir a complejos ejercicios de hermenéutica, tan sutiles que el trono sale siempre incólume de las interpretaciones de sus palabras. En España sólo en dos ocasiones el Rey ha tomado una postura inequívoca sobre un acontecimiento específico, lo hizo Don Juan Carlos I para parar el golpe del 23-F y también Don Felipe VI con idéntico propósito de salvaguardar el orden constitucional amenazado en su celebrado discurso del 3 de Octubre de 2017. Salvo en estas dos ocasiones dramáticas, la neutralidad política de los dos monarcas que han reinado en España desde la Transición ha sido exquisita.
La infamia es de tal calibre que ha suscitado el rechazo de la mayoría de los ciudadanos, no pocos votantes del PSOE incluidos, y las protestas encendidas de las fuerzas de la oposición
Esta convención invariable se ha visto recientemente perturbada por la tropelía moral, política y jurídica que Pedro Sánchez parece dispuesto a perpetrar indultando a los sediciosos malversadores que perpetraron en su día un fallido intento de romper la unidad nacional, liquidar la vigente Norma Suprema y declarar a Cataluña, parte sustancial e irrenunciable de España, república independiente. La infamia es de tal calibre que ha suscitado el rechazo de la mayoría de los ciudadanos, no pocos votantes del PSOE incluidos, y las protestas encendidas de las fuerzas de la oposición. En semejante tesitura, ha sido inevitable que los ojos de muchos españoles se hayan dirigido a La Zarzuela en búsqueda de una instancia dotada de la auctoritas suficiente como para detener este desaguisado. Ahora bien, la única que ha osado verbalizar esta mezcla de expectativa y exigencia ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Como era de esperar han caído sobre ella rayos y truenos y se la ha acusado de desconocer las previsiones constitucionales sobre las competencias de la Corona, de poner al Rey en un brete, de imprudente y de lenguaraz.
Moderar y arbitrar
No cabe duda de que el Rey viene obligado a refrendar las decisiones del Gobierno dentro del marco constitucional y legal y que una eventual negativa a hacerlo desencadenaría una crisis institucional de consecuencias tan catastróficas como imprevisibles y, por tanto, desde este punto de vista, las apreciaciones de Ayuso no han sido un acierto. Sin embargo, desde otra perspectiva, nuestra Ley de leyes le asigna al jefe del Estado una misión que no figura en otras Normas Fundamentales de otras monarquías europeas, y es la moderar y arbitrar los poderes del Estado y velar por el funcionamiento regular de las instituciones. Si bien estos artículos de la Constitución de 1978 se prestan a diversas exégesis y a lecturas más o menos extensivas, abren un camino que Felipe VI podría recorrer llamando a consulta al Gobierno, a los presidentes de los Tribunales Supremo y Constitucional y a los líderes de la oposición, no para rehusar la sanción regia a los indultos, sino para inducir a todas estas autoridades a una reflexión conjunta previa a paso tan trascendental y tan potencialmente dañino.
Tomar alguna iniciativa
En definitiva, lo que Ayuso ha sometido a la atención de la sociedad española es un interrogante que está hoy en millones de hogares: ¿Debe el Rey rubricar los indultos con la pasividad indiferente de un autómata o, dada la enjundia de esta medida, tomar alguna iniciativa, siempre sin rebasar los límites de su papel constitucional, que indique que ésta no es una actuación más del Gobierno, sino que afecta al nervio de la Nación y que sus efectos a medio y largo plazo pueden ser letales? La presidenta madrileñaa se caracteriza por su firmeza de carácter, su intuición para conectar con la realidad social, su espontánea inteligencia emocional y su coraje político. Cabe, pues, plantear, que su supuesto desliz no sea tal y refleje, en cambio, el sentir auténtico de la calle. En dos años tendremos la respuesta y las urnas de la Comunidad de Madrid nos lo dirán. Mi predicción es que Isabel Díaz Ayuso, que probablemente ha pecado de irreflexiva, no será castigada por este aparente error por sus electores, sino recompensada con una nueva y arrolladora victoria.
