El suyo fue un nombramiento polémico y el tiempo no ha tardado en demostrar por qué. Mariano Bacigalupo, marido de la vicepresidenta Teresa Ribera, fue nombrado en septiembre consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ya chirriaba su puesto en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que adopta a diario decisiones relacionadas con las empresas sobre las que legisla el Ministerio de Transición Ecológica. O sea, el que lidera su mujer. Pero su designación para la CNMV implicaba un paso más: Bacigalupo entraba en una institución ajena a su ‘expertise’ (la regulación energética) y que maneja información 'pata negra' sobre las empresas cotizadas. Como Ferrovial.

Ocupar un sillón de consejero de la CNMV no sólo implica cobrar una nómina superior a los 140.000 euros anuales. El puesto otorga una vista privilegiada sobre todo aquello que su cuece en los mercados. El organismo que preside Rodrigo Buenaventura tiene el mandato de supervisar la actividad en el parqué y la potestad de intervenir en las operaciones. La de Ferrovial es una de ellas, de las grandes y de las más controvertidas. Implica la absorción por parte de una sociedad ubicada en Holanda -controlada por la familia Del Pino- de la matriz española del grupo.

El movimiento tiene implicaciones múltiples. Tendrá un impacto sobre las arcas de Hacienda (Ferrovial pagará menos impuestos en España), sobre la imagen de España (emite una señal negativa a los grandes inversores extranjeros) y sobre los pequeños accionistas (que deberán elegir entre aceptar la 'fuga' a Países Bajos o desprenderse de sus acciones al precio que ofrece la empresa).

Quienes mueven los hilos de la bolsa deben comunicarlo inmediatamente al supervisor. Por eso, como recuerda la propia CNMV en su web “en el ejercicio de sus competencias, recibe un importante volumen de información de y sobre los intervinientes en los mercados". La institución es juez y, por tanto, nunca puede ser parte. Por eso, preocupa tanto que uno de sus consejeros se manifieste abierta y preventivamente contra una operación -la de Ferrovial- que podría acabar pasando por el filtro de la CNMV. Como cuenta en Vozpópuli Alberto Sanz, Bacigalupo ya ha dejado claro por quién toma partido en esta batalla, en la que el Gobierno está dispuesto a sacar toda la artillería.

El esposo de Teresa Ribera es un jurista reputado, con una carrera sólida a sus espaldas. Le basta un comentario apresurado en Linkedin para intentar desmontar, tirando de referencias legislativas, las excusas de Ferrovial para hacer las maletas. Pero Bacigalupo no puede resistirse a emitir juicios de valor, a extender la sombra de la sospecha sobre una multinacional europea que ha decidido mover su sede dentro de la UE. "En suma, si las cuatro razones aducidas resultan poco convincentes, cabe preguntarse, en efecto, si la motivación última no será de otra índole (¿política tal vez?). No sería ilegítimo (la libertad de mercado es ciertamente de entrada y de salida), pero séase transparente y no se engañe".

La reacción del letrado en Linkedin da que pensar por distintas razones. De entrada, Bacigalupo, -recordemos- consejero de la CNMV, está acusando de engañar a los accionistas a los gestores de una empresa del Ibex 35. Además, publicó su comentario en la red social, precisamente, horas después de que Teresa Ribera diera un paso al frente en la guerra contra Ferrovial, este domingo. Le habían precedido en los días anteriores Nadia Calviño -que centró sus críticas en la poca "sustancia" del argumentario de Ferrovial- y el trío formado por Yolanda Díaz, José Luis Escrivá y el propio Pedro Sánchez, quienes coincidieron en apelar al nulo patriotismo y la poca responsabilidad de Rafael del Pino. Sin embargo, fue Ribera quien disparó el proyectil más inesperado.

La ministra de Transición Ecológica, que tiene cero competencias sobre la decisión de Ferrovial, insinuó que el Gobierno podría aplicar un veto, usando las competencias que le otorga el 'escudo antiopas'. Al tratarse de un movimiento interno dentro de la UE, protagonizado por una misma empresa (la filial internacional de Ferrovial absorbe a la casa matriz), a ningún 'broker' se le pasó por la cabeza que el Ejecutivo estuviera tentado de aplicar esa herramienta legal, aprobada para blindar temporalmente a las empresas en la pandemia.

Un consejero de la CNMV no debería comportarse como un 'cuñado' en redes, por muy docto en leyes que sea, si no quiere alentar las sospechas sobre su independencia

El aviso de Ribera demuestra que esa amenaza sí está entre los planes del Ejecutivo. Y que sea ella quien lanza la advertencia multiplica por dos la inconveniencia de las palabras de Bacigalupo, su marido. Si el Consejo de Ministros activa el escudo, estará influyendo directamente en la cotización de una empresa que tiene miles de accionistas... y que está supervisada por la CNMV.

El organismo afincado en Madrid se echa a un lado, recordando que las reflexiones de su consejero son estrictamente personales. Bacigalupo, evidentemente, tiene todo el derecho a opinar sobre una decisión empresarial que no ha dejado a casi nadie indiferente. Pero debería guardar las formas para proteger la imagen de la CNMV, para que no sufra el daño reputacional que el Ejecutivo ya ha hecho a otras instituciones (como el CIS) o ha intentado propinar (como el INE o el Banco de España).

No basta con ser honesto: en un puesto de tal calibre también hay que parecerlo. Un consejero de la CNMV no debería comportarse como un 'cuñado' en redes, por muy docto en leyes que sea, si no quiere alentar la gran sospecha que siempre ha planeado sobre su nombramiento: su falta de independencia y su papel de 'caballo de Troya' gubernamental en una institución independiente.

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