El auto del Juez Andreu conocido hace pocos días que declara la apertura de la fase intermedia en el procedimiento penal sobre la salida a bolsa de Bankia plantea no pocas dudas sobre la actuación de los supervisores.
Los más de 250 folios de extensión del auto realizan un relato de numerosos hechos que a juicio del juez constituyen indicios suficientes de la existencia de una manipulación fraudulenta de las cuentas para dar una apariencia de solvencia del grupo BFA-BANKIA en realidad inexistente y ello al objeto de captar inversiones de clientes minoristas.
Algunos de estos hechos pertenecen a la esfera exclusiva de los gestores y éstos los ocultaron a los inspectores del Banco de España. Otros, por el contrario, tuvieron lugar con el conocimiento y bendición del Banco de España, como por ejemplo el levantamiento de provisiones por insolvencias en la SIP por importe de 1.000 millones para cubrir el agujero de las provisiones derivadas del acuerdo de reestructuración de la plantilla (¿o es que de pronto los deudores pasaron a ser más solventes?). Téngase en cuenta que sin este maquillaje de 1.000 millones la SIP hubiera entrado en pérdidas y legalmente Bankia no habría podido salir a bolsa.
El auto relata de numerosos hechos que a juicio del juez constituyen indicios suficientes de la existencia de una manipulación fraudulenta para dar una apariencia de solvencia del grupo BFA-BANKIA
La actuación del supervisor también ha sido puesta en tela de duda por la existencia de unos premonitorios correos electrónicos del jefe de la inspección Sr Casaus -suscritos por cierto por todos los inspectores adscritos a Bankia— que ponían en cuestión la viabilidad económica del grupo.
La cuestión de la actuación del supervisor no es baladí por cuanto se trata de una institución esencial para el buen funcionamiento de la economía.
Desde un plano estrictamente jurídico-penal la cuestión estriba no tanto en si se puede considerar que una administración pública o sus funcionarios pudieron actuar como cómplices o cooperadores necesarios de delito de estafa, sino en si pudieron cometer un delito de prevaricación por aprobar una operación de salida a bolsa cuando conocían que se había manipulado las cuentas para cumplir con los requerimientos legales.
Pero más allá de este ámbito, la instrucción ha demostrado algo tanto o más relevante: que los supervisores están divididos entre unos inspectores y un cuerpo de funcionarios fiel a sus deberes y una cúpula servil a los intereses políticos.
No son solo los correos de Casaus ni las numerosas comunicaciones que destacaban en negrita y mayúscula que el grupo no era solvente, sino que hay numerosas actas e informes de departamentos del Banco de España y la CNMV que desaconsejaron numerosas operaciones de reestructuración de dudosa legalidad, que fueron desoídos por la superioridad.
La instrucción ha demostrado que los supervisores están divididos entre unos inspectores y un cuerpo de funcionarios fiel a sus deberes y una cúpula servil a los intereses políticos
La especial imbricación de la CNMV en el Banco de España (pues recordemos que el presidente de cada uno de ellos es vicepresidente del otro) y la intervención de esta última al aprobar el folleto de emisión y en la comercialización de participaciones preferentes pone ambos supervisores al mismo nivel.
La corrupción (política o no) de los órganos que deben velar por la solvencia de las entidades y la transparencia del mercado provoca que las entidades financieras no tengan ningún aliciente en cumplir la legalidad, o incluso que puedan tener a su alcance información comprometedora de la cúpula de los supervisores que pueda utilizar como contrapeso ante cualquier amenaza de sanción.
Si queremos evitar que vuelva a suceder una crisis financiera como la que hemos padecido, resulta necesaria una profunda renovación de los dirigentes de la CNMV y Banco de España, así como crear mecanismos para que asegurar su independencia.
