La crisis económica trastocó la cocina del CIS. Cambió el orden de prioridades de la preocupación de los españoles. Ante la pregunta sobre los grandes problemas que sacuden a este país, la encuesta sociológica empotró al paro en el primer lugar del ránking de los temores, con la corrupción pegada a su diestra. Los datos del CIS eran la perfecta foto fija de aquellos momentos, a principios de la década. Un desempleo desbocado, con cinco años y medio con una tasa de paro por encima del 20%, y miles de alcantarillas abiertas ventilando el hedor de las corruptelas de los políticos. Aquel dramático dibujo social trastocó incluso la acción de la Justicia. Ésta se hizo más social. Los jueces le pusieron alma, se mimetizaron con esa corriente de la calle que germinó Podemos, a la interpretación del espíritu de la ley. Las sentencias desfavorables se amontaron alrededor de los nidos de corrupción –como no podía ser de otra manera- en Madrid, Valencia, Cataluña… y focalizaron en el castigo a la banca la catarsis de todos los problemas económicos de aquella España quebrada en el fondo y en la forma.
Años después, con muchos trimestres de recuperación en lo económico, aquel contrato social sigue vigente. En la calle, pero también en los tribunales. La caza al corrupto es, y debe de seguir siendo, un punto de partida incuestionable. Sin embargo, en pocas horas, dos escenas obligan a una reflexión sobre si es necesario calibrar las varas de medir de la sociedad y de esa nueva Justicia cincelada por la dureza de la crisis. No seré yo quien censure que Ignacio González, hombre fuerte del gobierno madrileño de Esperanza Aguirre, haya permanecido en prisión preventiva siete meses –salió de la cárcel el pasado miércoles-, tras pagar una elevada fianza de 400.000 euros. Sus medidas cautelares han caminado en consonancia a las presuntas irregularidades cometidas como exconsejero madrileño. González podría estar implicado en la financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid a través de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM), en el pago de una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren de Navalcarnero, en la expansión del Canal de Isabel II por Sudamérica y en la adjudicación presuntamente fraudulenta de Gold Canal.
Todo ello, podría constituir delitos de cohecho, prevaricación, fraude, malversación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y contra la Hacienda Pública por impagos del patrimonio presuntamente enviado al extranjero, entre otros. Los magistrados del caso Lezo decidieron su ingreso en prisión preventiva ante un alto riesgo de fuga motivado por la “efectiva sustracción a la acción de la justicia” y la posibilidad de destrucción de pruebas que pudieran incriminarlo de una u otra manera. Argumentos de peso para denegar, en varias ocasiones, la petición de González de poner fin a su prisión provisional.
González recobró la libertad en un contexto en el que la Justicia, pero también una parte de la calle, sigue manteniendo a la corrupción como el peor de los males endémicos
González recobró la libertad en un contexto en el que la Justicia, pero también una parte de la calle, sigue manteniendo a la corrupción como el peor de los males endémicos, pese a que el CIS lo sitúe en el tercer puesto de las grandes preocupaciones de los españoles. Incluso por encima del ataque al estado de derecho perpetrado por el exGovern de Carles Puigdemont y la Mesa del Parlament liderada por Carme Forcadell. Lo que se acepta sin reservas para los que, como González, y sea cual sea su partido, están acusados de corrupción no sirve para los políticos nacionalistas imputados por peores delitos y efectos mucho más estructurales para la economía catalana. La rebelión secesionista catalana, además de haber pisoteado la Constitución y las leyes, ha triturado la convivencia en Cataluña, abre una terrible brecha con el resto del país, desprestigia su imagen, ha consumido ilegalmente ingentes fondos públicos primero para impulsar la sedición y después para frustrarla y provoca un caos político que ha influido ya negativamente sobre el crecimiento y el empleo. Por no decir, esa ruina para el futuro económico de Cataluña que supone la marcha de más de 2.200 empresas.
¿Por qué se juzga socialmente de una manera tan radicalmente opuesta a los políticos corruptos de aquellos que llevan meses echándole un pulso al Estado para romperlo? El mismo argumento puede trasladarse a las fianzas. ¿No parece lógico que alguien que pisotea la Constitución y desde su puesto favorece un golpe de Estado contra la ley deba pagar una fianza mayor –y no menor- a quien, reprochablemente, utiliza su posición pública para enriquecerse? La influencia de ese pensamiento único abanderado por Podemos y el nacionalismo favorece que haya todavía muchos ciudadanos que justifiquen que la corrupción es un delito de verdad frente a los otros que parecen de mentira. Simples pecados veniales.
Aquellos que organizan una rebelión, haciéndole un daño formidable a la paz social y economía de Cataluña y España, parecen no merecer el cartel de peligrosos delincuentes
Según esa forma de entender la ley, el político que recibe mordidas o cualquier otro tipo de prebendas por prevaricar es, obviamente, un corrupto, merecedor del mayor castigo. Sin embargo, aquellos que organizan una rebelión, haciéndole un daño formidable a la paz social y economía de Cataluña y España, parecen no merecer el cartel de peligrosos delincuentes, sino de Mesías o, en el peor de los casos, de ciudadanos con el punto de vista desenfocado. De ahí, que en esta inconexa forma de analizar la realidad se cuestione cómo es posible que un candidato electoral pueda estar encarcelado en vez de construir la reflexión en el sentido contrario. Bajo el mismo plano que se somete a los políticos corruptos, a los que, lógicamente, se les despoja de cualquier posibilidad de poder concurrir como candidatos a unos comicios.
El último CIS, barómetro teórico del sentir de la calle, sitúa al movimiento secesionista como segunda mayor preocupación de los españoles por detrás del paro y justo por delante de la corrupción. La realidad de la calle, a la hora de administrar castigos, es bien diferente. Al rebelde se le perdona más que al corrupto. Lo mismo parece suceder al Gobierno y la Justicia. El primero no quiere ningún candidato al 21D en la cárcel para cerrar la farsa cantinela de los “presos políticos”. La segunda lo demostró la pasada semana al rebajar a 150.000 euros la fianza de Forcadell tras su arrepentimiento en el Supremo al renegar de la DUI y rebajarla a un mero acto simbólico. Demasiada poca penitencia para tanto pecado.
