En la España del caos, el desgobierno y el mercadeo continuo para ir salvando como se pueda una legislatura que estaba ya clínicamente muerta, incluso antes de haber nacido, cualquier esperpento puede llegar a verse. El último ocurrió este lunes en la Comisión de Hacienda, varias veces pospuesta, que se prolongó hastaya entrada la madrugada tras varios recesos permitidos por su presidente (socialista) para ganar tiempo. No es tanto que los diputados trabajen mucho sino que es tal el caos en el que está inmersa la imaginaria mayoría progresista que todavía sostiene al Gobierno de Sánchez, que solo engañándose a sí misma o perdonándose la legislatura o la vida durante un tiempo puede mantenerse viva aunque con respiración asistida.
Lo que se dirimía en la Comisión de Hacienda (y se dilucidará definitivamente este jueves en el Congreso de los Diputados, porque las espadas siguen en todo lo alto) es la reforma fiscal que, vía enmiendas, quiere impulsar el Gobierno de España aprovechando la trasposición de una norma europea que establece un 15% de tributación mínima en Sociedades para los grupos multinacionales y las grandes corporaciones, cosa que, esto sí, la mayoría comparte. La reforma adicional pretendida inicialmente por el Gobierno de España incluía, además de otras cuestiones, prorrogar los impuestos a la banca y a las energéticas, lo que divide a los socios de Sánchez entre quienes lo apoyan y quienes lo rechazan. Y por ello mismo, para engatusar y engañar a unos y a otros incluso al mismo tiempo, el Gobierno de España se comprometió con PNV y Junts a modificar el impuesto a la banca y a suprimir el impuesto a las energéticas para, a continuación, prometer a ERC, Bildu y BNG que mantendría el de las energéticas vía Real Decreto-ley, tal como informó ERC a los medios. Sin embargo, esto último parece difícil, dado que Junts y el PNV se oponen. Para redondear el guirigay, ya de madrugada, el Ministerio de Hacienda de Montero quiso "aclarar que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso con la descarbonización". Es puro juego de trileros.
Todos ellos son enemigos acérrimos de la Constitución Española y, por lo tanto, y esta es otra variable nada desdeñable para entender por qué no cae este Gobierno, partidarios de que siga Sánchez el mayor tiempo posible
Será este jueves cuando, en pleno, se resuelva la votación. En comisión, además de la subida del diesel y del fin de las Socimi, tampoco salieron adelante la imposición de un IVA del 21% a los apartamentos turísticos, el fin de la exención de los seguros sanitarios privados y el impuesto a grandes herencias. Sí se validaron otras enmiendas como atajar el fraude en hidrocarburos, una subida a las rentas del capital, alzas en el Impuesto sobre Sociedades y una rebaja de tipos para micropymes y cooperativas. El impuesto a la banca sí parece que puede salir (dado que el Gobierno de España tiene el acuerdo con Junts y PNV para que su recaudación vaya a las comunidades autónomas). Y en cuanto al impuesto a las energéticas, Montero ha prometido aprobarlo vía Real-Decreto-ley, lo que parece un brindis al sol porque carece de apoyos. Aunque yo no descartaría que se mantenga a cambio de nuevas prebendas para los nacionalistas de derechas, socios preferentes de Sánchez.
Esta negociación contradictoria, caótica y esperpéntica es la consecuencia de convertir en socios y miembros de una supuesta mayoría progresista para gobernar España a quienes lo único que comparten es que todos ellos son enemigos acérrimos de la Constitución Española y, por lo tanto, y esta es otra variable nada desdeñable para entender por qué no cae este Gobierno, partidarios de que siga Sánchez el mayor tiempo posible; ello les permitirá seguir avanzando en sus objetivos; y esto explica, efectivamente, que, más allá del caos y el esperpento al que asistimos, Sánchez continúe en la Moncloa sin reforma fiscal e incluso sin presupuestos.
El propio Sánchez y toda la izquierda oficial defienden el concierto económico vasco y el convenio navarro, gracias a los cuales los que tienen menos financian a los que más tienen, apoteosis reaccionaria
La política fiscal es lo que, genuinamente, define teóricamente a quienes son de izquierdas y a quienes son de derechas, aunque puedan encontrarse vías intermedias entre las posiciones más dogmáticas de unos y otros. La izquierda defiende el incremento impositivo en general y especialmente a las grandes empresas, a los grandes patrimonios y a las grandes rentas, como modo de obtener más recursos que permitan disponer de mejores servicios públicos; la derecha prefiere que el dinero se encuentre en manos de los particulares, para que ellos mismos lo administren según consideren o lo inviertan, como forma de crear negocio, riqueza y nuevos puestos de trabajo que generen, a su vez, ciudadanos autónomos y no dependientes de las ayudas del Estado. Siendo esto así en la teoría, en la práctica priman la impostura, las contradicciones y la demagogia. Sin ir más lejos, el propio Sánchez y toda la izquierda oficial defienden el concierto económico vasco y el convenio navarro (y el cuponazo catalán, si se termina aprobando), gracias a los cuales los que tienen menos financian a los que más tienen, apoteosis reaccionaria. Además, Zapatero bajó impuestos y Montoro los incrementó unas cuantas veces. En política nunca faltan razones para contradecirse. Ni demagogia.
Mendigar el voto
En todo caso, esta es la España que ha creado Sánchez para permanecer en la Moncloa: la del caos y el desgobierno, donde no es solo que una cosa y su contraria puedan defenderse para ceder a los distintos socios medidas antagónicas y contradictorias, sino que, para que lo anterior ocurra, no queda otra que engañarlos a todos incluso al mismo tiempo. Y la moraleja es la que ya conocíamos: tratar de gobernar con una coalición como la que supuestamente apoya a Sánchez (que no es ni mayoritaria ni progresista) es un disparate y un ataque a la España de ciudadanos libres e iguales; una coalición que, además, para articularla y ponerla en marcha, necesitó del pacto previo con los herederos de ETA o amnistiar a los delincuentes que impulsaron el procés para lograr la independencia de Cataluña, la mayor de las corrupciones.
Pero cualquier escándalo, cualquier caos y cualquier esperpento se justifica con la máxima sanchista: la derecha no gobierna y, sobre todo, Sánchez se mantiene en la Moncloa. Y ahí todo vale. Incluso que la diputada socialista Patricia Blanquer tenga que humillarse y mendigar el voto de los independentistas. Los socios no van a dejar caer a Sánchez pero, del mismo modo, no van a dejarlo gobernar. Y este caos se repetirá en el futuro. Es el desgobierno provocado por Sánchez.
