El Supremo ha empezado a revisar la sentencia del caso Palau, por la que la Audiencia de Barcelona impuso en 2018 penas graves a los dos saqueadores confesos de la institución, Fèlix Millet (9 años y 8 meses de cárcel) y Jordi Montull (7 años y 6 meses), y penas menos graves a la ex directora financiera, Gemma Montull (4 años y 6 meses), y al ex tesorero de Convergència, Daniel Osàcar (4 años y 5 meses). Cinco magistrados de la Sala Segunda del Alto Tribunal resuelven a puerta cerrada desde el 12 de noviembre si los principales condenados deben ingresar en la cárcel.
Diez años bien merecen un recordatorio: el caso Palau, que empezó teniendo nombre de novela de Enid Blyton: ¡el misterio de los billetes de 500 euros!, es, junto con el caso Banca Catalana, una de las más depuradas sinécdoques de Catalunya. O, por decirlo en en germanía local, una Catalunya en miniatura (bastante más real, por cierto, que la maqueta así llamada de Torrellas de Llobregat).
Fèlix Millet i Tusell fue el continuador de una tradición familiar que arranca a finales del siglo XIX con Lluís Millet i Pagès, tío abuelo del susodicho, y que confirió un cierto sesgo patrimonialista al cargo de director de la entidad. Tanto es así que llegó a fijar su vivienda en un altillo del edificio, sobre el escenario mismo. Los límites entre patria, parentela y partitura se confundieron en un totum revolutum que fue operando en la burguesía catalana una asombrosa tolerancia al delito. En parte, porque fue moralmente copartícipe.
Si Millet y Montull se lo llevaron crudo, Convergència lo hizo vuelta y vuelta. Ferrovial suscribía contratos de patrocinio con el Palau para canalizar sus donaciones a Convergència, que coincidían, grosso modo, con el 4% de las obras públicas que el Govern concedía a la constructora. No en vano, entre los 16 recursos que revisa el Supremo se halla el de la absolución en primera instancia de los dos directivos encausados: Juan Elízaga y Pedro Buenaventura.
En su homérico Música celestial, el periodista Manuel Trallero no sólo descifró el modus operandi del pillaje; además, desmintió que éste, como se insinuó en algún editorial de la época, fuera un alarde de orfebrería contable:
Sólo una hemorragia de imaginación puede hacernos creer que estamos ante el Madoff catalán. Se parecen como un huevo a una castaña. No hay ingeniería financiera ni mucho menos, ni rastro de glamour, sólo caspa y moscas. La gomina marbellí o levantina se sustituye por los condones a cargo del Palau o por llevarse [Montull] el papel higiénico de los establecimientos colindantes. Eran unos hijos de la miseria.
Billetes en bolsas de basura
Por la indagación cuasi antropológica de Trallero (quien, por cierto, acaba de publicar en coautoría con Josep Guixá una prometedora biografía de Jordi Pujol –Todo era mentira) conocemos, en fin, al Millet menos expuesto al foco: al huraño que atizaba la desconfianza entre subalternos, al alcohólico al que las tardes se le venían encima con demasiada frecuencia, al rijoso que gustaba de coquetear con las empleadas (acosar, diríamos hoy), al mangante que, al anochecer, se llevaba el billetamen en bolsas de basura. El hecho de que los empleados apenas alzaran la voz se debe, en buena medida, a que también ellos vivieron amorrados a la ubre de los prodigios. La documentación que a este respecto aporta Trallero refleja que cualquier administrativo de medio pelo recibía 4.000 euros mensuales, y que los sobresueldos estaban a la orden del día.
Que la trama de los ERE tienda a compararse con la Gurtel en lugar de con el Palau, con la que tantísimos paralelismos presenta (empezando por el de la cutrez), evidencia hasta qué punto Cataluña sigue siendo un oasis en el imaginario español. Ya no cabe hablar de más agravios que los de este tipo de inadvertencias.
Sólo en el caso de El País, que ha tratado estos días de desvincular al PSOE del fraude andaluz, la omisión es, siquiera por una cuestión de asimetría, comprensible. Vean, si no, el fragmento del editorial que publicó el 16 de enero de 2018, cuando aún era un periódico:
La sentencia [sobre el Palau de la Audiencia Provincial de Barcelona] puede albergar aspectos discutibles, como la impunidad final de los líderes de CDC, de la empresa que pagó las comisiones ilegales (Ferrovial), y todos los aspectos que los concernidos aspiren a recurrir. Su recorrido en el marco judicial será, pues, el que marquen los jueces. Pero es su impacto político el que procede analizar. […] El PDeCAT se ha dado prisa en desvincularse de CDC y los jueces dictaminarán en futuros recursos si esto es válido. Pero políticamente no pueden engañar a nadie.
