La política impositiva de la Comunidad de Madrid ha centrado el debate acerca del modelo autonómico en nuestro país, en especial con la alternativa de modelos para luchar contra la crisis provocada por la pandemia y, sobre todo, desde la contienda electoral celebrada el pasado mes de mayo.
En un país tan polarizado, la norma es que los ciudadanos se posicionen de un lado o de otro y compren todo el paquete de argumentos del bando que hayan escogido, lo que dificulta tanto el consenso como el uso de argumentos racionales, los cuales no tienen porqué coincidir al 100% con un bloque ideológico. Y esto es justamente lo que pasa con Madrid, donde, a pesar de centrar el debate nacional, no se trata de un debate centrado y riguroso. A saber, por un lado, estarían los que consideran que la región de la capital acapara recursos de otras comunidades autónomas, y, por otro lado, nos encontraríamos con los que usan tesis bastante similares a las del nacionalismo catalán sobre todo lo que aporta al resto de regiones.
¿Madrid detrae recursos de otras regiones?
Días atrás, el ministro Escrivá dejó caer la idea de establecer algún tipo de impuesto específico para Madrid debido a que genera externalidades negativas en el resto de las comunidades autónomas a causa del efecto capitalidad y a las economías de aglomeración que ello conlleva. Las economías de aglomeración son las ganancias asociadas a la concentración de agentes económicos en un lugar específico, lo que permite tener acceso a mayores recursos (capital humano o físico) a un menor coste (economías de escala).
Sin embargo, este efecto no es exclusivo de Madrid. Por ejemplo, la capital concentra el 61% del PIB de la Comunidad de Madrid y el 12% del total de España; pero si observamos a la provincia de Barcelona, esta acumula tres cuartas partes de lo que se produce en Cataluña y 14 de cada 100 euros que se generan anualmente en el territorio nacional; la provincia de Valencia, el 53% de la Comunidad gobernada por Ximo Puig; Pontevedra y A Coruña, las provincias atlánticas en donde se sitúan Vigo, A Coruña o Santiago de Compostela, abarcan el 77% del valor de los bienes y servicios producidos anualmente en Galicia. Además, Madrid no siempre ha sido la región más rica, como se muestra en el gráfico. ¿Las causas? Una mezcla de entre políticas económicas más o menos acertadas, las economías de aglomeración y la preponderancia de la agencia independentista sobre las políticas públicas en Cataluña.
En términos comparados con otras regiones que acogen a la capital en otros países europeos, Madrid no es especialmente acaparadora, con el 19% del PIB total, lejos del 30% de Île-de-France o el 24% de Londres. De hecho, el Índice de Competitividad Regional, el cual tiene en cuenta más de 70 variable que miden la capacidad de las regiones europeas para atraer riqueza, muestra una constante: en todos los países salvo en Alemania, Italia y Países Bajos, la capital es la líder en el citado indicador.
Es decir, de aceptar la idea de que las economías de aglomeración generan costes al resto del territorio y de establecerse un tributo como posible mecanismo de compensación, éste no solo debiera afectar a Madrid. Por eso quizás la propia ministra de Hacienda desautorizara a Escrivá, pero lo que sigue estando encima de la mesa es la armonización de ciertos impuestos (Patrimonio y Sucesiones y Donaciones) para evitar el denominado como dumping fiscal que estaría ejerciendo la Comunidad de Madrid.
Impuestos sobre las fuentes de ingresos
La Comunidad de Madrid no es ningún paraíso fiscal porque no cumple ninguno de los requisitos que enumera la OCDE: 1) no tener impuestos sobre las principales fuentes de ingresos o que éstos sean mínimos; 2) falta de intercambio de información y de transparencia; 3) que no se realicen actividades económicas relevantes en el territorio.
El primer punto es el que puede generar más discusión, sin embargo, Madrid tiene una capacidad tributaria limitada para modificar varias de las figuras impositivas más relevantes. De los 3 impuestos que más ingresos generan (IRPF, IVA e IS), tan solo en el IRPF tiene potestad para rebajar la carga fiscal, y solo sobre el 50% de la base liquidable, lo que ha conducido a un ahorro de unos 600 millones de euros o un 5% del total de la recaudación en términos normativos (recaudación que obtendría de no haber aplicado las rebajas fiscales a las que tiene derecho). En Sucesiones y Donaciones y en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la cuantía del ahorro es de 500 millones de euros (22% de la recaudación normativa). La bonificación del 100% de la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio suma 900 millones de euros.
El resto de regiones estarían dejando de recaudar en torno a 700 millones de euros anuales, ya que algunos de sus contribuyentes se estarían desplazando (ficticiamente) a la capital
¿Cuál es el coste de estas rebajas fiscales sobre el resto de las comunidades autónomas? De acuerdo con un estudio de David Agrawal, Dirk Foremny y Clara Martínez-Toledano, en concepto de IRPF e Impuesto sobre Patrimonio, el resto de regiones estarían dejando de recaudar en torno a 700 millones de euros anuales, ya que algunos de sus contribuyentes se estarían desplazando (ficticiamente) a la capital con el objetivo de rebajar su factura fiscal. No parece una cantidad excesiva (5% de los ingresos de Patrimonio y el 2,5% del IRPF), pero también es cierto que estas rebajas benefician a los contribuyentes con mayor riqueza, incrementando los niveles de desigualdad.
En definitiva, Madrid no concentra una cantidad desmesurada de riqueza, ni tampoco “roba” al resto de comunidades autónomas a través de impuestos bajos. Simplemente, dentro de sus limitadas competencias, está aplicando la política fiscal y económica que, democráticamente, escogen sus ciudadanos. De hecho, el propio modelo de financiación autonómica ya trata de nivelar recursos para que todos los territorios puedan ofrecer una cesta mínima de bienes y servicios públicos, cuestión que se abordará en la segunda parte de este artículo.
