¿Cómo se determina cuál es el salario justo? Hay profesiones en las que la actividad se concreta en resultado económico directo, lo que facilita saber cuánto del beneficio se debe a la aportación del trabajador. Son las menos y suelen centrarse más en actividades de autónomos. En la mayoría de los empleos es muy difícil valorar el impacto de un asalariado en el beneficio global de la empresa. Aún es más difícil en actividades de servicio público que van más allá de los resultados económicos, como la labor de un enfermero en un hospital. Si es difícil contentar a los asalariados del sector privado, aún se complica más en las administraciones públicas.

¿Es justo que un funcionario del Estado gane lo mismo destinado en un pueblo de Cáceres que en San Sebastián, una de las ciudades más caras de España? ¿Tiene sentido que un trabajador de las fuerzas de seguridad con una labor similar tenga un salario diferente si cobra de un gobierno autonómico, un ayuntamiento o el gobierno central, incluso si trabajan en la misma ciudad? ¿Por qué un pensionista tiene garantizado mantener su poder adquisitivo con una subida salarial equivalente al alza del IPC pero un funcionario, cuyo pagador es el mismo Estado, no? ¿Tiene sentido que exista un mismo salario mínimo para todas las empresas, sea cual sea su tamaño y su beneficio?

En lugar de retirar una medida que no tiene ningún sentido y que es inoportuna, el Gobierno se empeña en ejecutarla y que todo el coste lo asuman los empleadores

A estas cuestiones se añade ahora el 'factor Yolanda Díaz' y su empeño de reducir la jornada laboral manteniendo el mismo salario. La cuadratura del círculo. Trabajar menos, cobrar lo mismo, ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Esta medida aparece en un momento especialmente delicado por dos motivos: la baja productividad -que lleva 24 años cayendo- de la economía española y la pérdida de poder adquisitivo de la inmensa mayoría de los trabajadores por culpa de la subida de la inflación y la no deflactación de ella en el IRPF (ganamos algo más por las subidas salariales -aunque menos de lo que suben los precios- y pagamos más impuestos por ello ya que no se tiene en cuenta la evolución del IPC). Se plantea que trabajemos menos cuando el país necesita que produzcamos más, pero no se puede pagar menos a los trabajadores ya que incluso con el sueldo actual, pierden capacidad de compra. En lugar de retirar una medida ineficaz e inoportuna, el Gobierno se empeña en sacarla adelante y que todo el coste lo asuman los empleadores.

Es decir, si yo tengo un empleado que, a partir de una determinada fecha, trabaja menos horas (y dependiendo de la actividad, seguro que produce menos, por ejemplo si trabaja cara al público) y debo pagarle lo mismo, esta medida me genera un problema. Por un lado, ganaré menos si los horarios de mi negocio se reducen y, por otro, si no quiero que pase eso, deberé gastar mucho más en contratar otro empleado. Mis márgenes se reducirán y me afectarán mucho más a mí, que como el 99,8% de las empresas en España, soy una pyme (y para el que una hora más de cierre de mi tienda, y no digamos un sueldo más, puede suponer la diferencia entre ganarme la vida o cerrar el negocio) que a una gran empresa con cientos de empleados que puede flexibilizar sus horarios y hacer turnos.

La evidencia empírica demuestra que los comercios ganan más cuantas más horas abren y por culpa de estas malas decisiones, reducen ventas, estamos ante una norma contraproducente

Los que creen que al reducir el horario laboral va a haber una explosión de contrataciones, es que no conocen cómo funciona el mercado español. Como mucho, provocará más temporalidad ya que si hay nuevos puestos, serán para cubrir picos de actividad puntuales. La evidencia empírica demuestra que los comercios ganan más cuantas más horas abren y por culpa de estas malas decisiones, reducen ventas, estamos ante una norma contraproducente para el desarrollo económico del país, e incluso para la recaudación fiscal (lógicamente cuantos menos beneficios tengan los empresarios, menos impuestos pagarán), y sin tener en cuenta el dinero negro que puede propiciar una ampliación “ilegal” de los horarios en momentos puntuales.

Más empleo público, más deuda

Es decir, es una medida injusta para el que crea empleo, económicamente nefasta y que, de nuevo, perjudica a los empresarios más modestos. Sin tener en cuenta otro factor: estamos en máximos históricos de bajas laborales, bajas que pueden no afectar demasiado a una gran empresa con miles de empleados como Mercadona pero que afectan de forma drástica a la tienda de la esquina. Además, el que empleados públicos y privados trabajen menos horas perjudica a los consumidores, es decir, a todos. Y si las Administraciones quieren mantener los mismos horarios de atención al ciudadano, y necesitan contratar más, ya sabemos que ese empleo público generará más deuda pública.

Por último, una de nuestras ventajas competitivas (cualquier que ha viajado por Europa lo sabe) es la amplitud de nuestros horarios comerciales, especialmente en restauración y ocio, algo que seduce al cliente que viene de fuera. Y en el momento económico español actual, el turismo es clave para ingresos, empleos y PIB. No deberíamos olvidarlo.

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