El debate presupuestario resulta habitualmente intenso. Este año aún más por varias razones. Una de ellas, porque parece que finalmente en 2021 tendremos -eso creemos-, presupuestos que no habrán sido diseñados por ministros pretéritos. En segundo lugar, porque las afiliaciones en el voto y enmiendas están generando un debate intenso sobre la normalización o no de ciertos partidos. En tercer lugar, porque miembros del propio gobierno parecen estar más interesados en parecer miembros de la oposición que responsables mismos del presupuesto que se pretende aprobar.
Sin embargo, no podemos decir que en cuarto lugar haya un debate sobre las cifras que el propio presupuesto pretende incorporar. A pesar de la insistencia de ciertos medios y periodistas, esto no parece posible. El debate, intencionadamente, no lo duden que es así, gira en torno a todo lo que no es propiamente un presupuesto, sino la mera política por la política. Lo demás, no interesa.
Y nos jugamos mucho. Obviamente, y como he adelantado, no pocos medios han recogido el guante y han tratado de debatir sobre las cifras, la validez de las proyecciones y lo importantes que son, más aun por la situación en la que estamos y lo que se espera del mismo. Economistas y periodistas, con muy honrosos nombres, han tratado de trasladar a la sociedad por qué nos interesan unos presupuestos coherentes con la situación económica actual y con la proyección de los próximos años. Sin embargo, entre pocos aventurados han tenido estas aportaciones interés, menos aún en un debate político, ya que sigue pareciendo a ojos del gran público que lo que nos importa son las sumas de diputados y quienes están o no legitimados para ir con quién.
Corremos un riesgo cierto que estos números, cuando acabe 2021, no tenga en absoluto ninguna relación con la realidad
Y esto es muy preocupante. España se juega mucho en 2021 como para que no se discuta en primera instancia sobre la capacidad de estos presupuestos para hacer honor a las necesidades que se nos avecinan. En particular, son preocupantes las cifras que en las cuentas del Estado se han pintado para la inversión de 2021. Y no es preocupante porque estas sean bajas, sino porque pueden convertirse en una cifra virtual, números pintados en hojas que pronto se olvidarán. Corremos un riesgo cierto que estos números, cuando acabe 2021, no tenga en absoluto ninguna relación con la realidad.
Según los datos aportados por el Gobierno, para el año que viene, de los aproximadamente 39 mil millones de euros de inversión pública (recordemos que son solo del Estado central), unos 27 mil se financiarán con cargo a las primeras aportaciones de los fondos Next Generation y React-EU. El gobierno, así, estima que esas cantidades llegarán de aquí a 13 meses y que estas cifras nos permitirán avanzar en el proceso de reactivación económica nacional. La apuesta es clara, pero muy arriesgada por no pocos pero relevantes motivos, lo que irremediablemente nos obliga a diseñar un plan B. Plan, que si no existe, o no hay intención de tenerlo en cuenta, puede crear, paradójicamente en 2021 un importante déficit inversor.
El ritmo de ejecución y certificación de fondos europeos vía inversión para el conjunto de las administraciones españolas está muy lejos de la cifra que se pretende ejecutar en sólo un año
Debemos recordar, antes de hilvanar el argumento, varias cosas. La primera de ellas es que el ritmo de ejecución y certificación de fondos europeos vía inversión para el conjunto de las administraciones españolas está muy lejos de la cifra que se pretende ejecutar en sólo un año. A día de hoy, la ejecución del Marco Financiero Plurianual 2014-2020 superaría en poco la mitad de lo presupuestado para el conjunto de dicho Marco. Esto nos lleva a unas cifras que rondan los 4-5 mil millones anuales de ritmo inversor desde 2014. Por este motivo, multiplicar por siete ese ritmo de inversión puede poner en tensión a la administración, lo que obligará a repensar los modos de uso de esos fondos.
No cabe duda de que este planteamiento está en la agenda del gobierno, pero como siempre, lo planeado es aquello que hay que reconsiderar cuando se inicia la ejecución del plan. No tendremos tiempo de reacción si esto no lo tenemos claro desde el principio. En segundo lugar, que es posible que esta cantidad presupuestada sea excesivamente optimista. Algunas fuentes de la Comisión dudan de que se pueda superar la cifra de los 6.000 millones durante todo el año que viene. No más allá del 10% del conjunto de los fondos disponibles. En tercer lugar, y aunque debemos confiar en que se solventará el escollo, Hungría y Polonia han puesto piedras en el camino, lo que retrasará la aprobación de los planes salvo que el resto de los países tengan muy claro del lado de quién ponerse. Todo ello, y más cosas, hacen dudar que seamos capaces de ejecutar, ni siquiera lejanamente, esa cantidad presupuestada.
Fuentes de financiación
Y ahora vayamos a la paradoja: la elevada probabilidad de que 2021 finalice como un año de déficit inversor. En este sentido, el plan B del Gobierno central, y por extensión el resto de las administraciones que fían su inversión a la llegada del maná europeo, es asegurar fuentes de financiación alternativas que adelanten y compensen la tardanza de la llegada de los fondos prometidos. Dicho en otras palabras, a falta de fondos debemos asegurar la financiación, si es necesario, por otros canales dispuestos, como el MEDE o los mercados internacionales.
Si no lo hacemos, corremos el riesgo de sufrir el enésimo mal holandés en nuestra economía. Los ejecutivos son muy conscientes de los problemas más inmediatos que golpean a las economías y sociedades y que pueden erosionar la base electoral que es, en general, su mayor preocupación. La falta de fondos europeos, unido a los incentivos cortoplacistas de los cargos que toman las decisiones más elevadas, puede conllevar que se reoriente parte del Presupuesto a la inmediatez, lo que implicaría, si es necesario, recurrir a más endeudamiento, a financiar gasto corriente dejando de un lado la inversión. Dicho en otras palabras, la falta de fondos europeos puede dejar sin activar gran parte de las inversiones previstas a menos que el Ejecutivo tenga claras las prioridades. Si a esto sumamos la tendencia indómita de los gobiernos a cebar casi exclusivamente las partidas de gasto corriente sacrificando todo lo que no dé voto a corto plazo, obtenemos de seguro un círculo vicioso donde causa y efecto se sumarán, para mal de todos los españoles.
Así pues, puede que el año que viene termine siendo un año donde se tome consciencia de las necesidades de mejora del tejido productivo nacional, así como el de la administración y se proyecten las inversiones necesarias para ello. Sin embargo, el día a día y los incentivos electoralistas pueden desviar la atención hacia lo corriente, como la propuesta de subida de sueldos públicos y pensiones, dejando a un lado, para mejores tiempos, las partidas de inversión que exijan de deuda para llevarse a cabo. Además, la falta de fondos europeos restará puntos al crecimiento, a los retornos fiscales y, por ello, debilitará la reducción del déficit, lo que incentivará aún más el debilitamiento de la inversión; un círculo vicioso. Es por ello que debe quedar claro que, si para algo merece la pena endeudarse, es para mejorar la eficiencia y competitividad el tejido productivo.
