Si España fuera un país normal, el pasado jueves 26 de noviembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiera tenido que echar del gabinete a su ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras emitir el Tribunal Supremo su opinión sobre el 'Delcygate'. Bueno, en realidad, si en España quedase algo de decencia, esa destitución se tenía que haber producido el 23 de enero, fecha en la que 'Vozpópuli' desveló todo el escándalo, o en sus días posteriores, cuando el ministro ofreció hasta una decena de versiones diferentes sobre lo ocurrido en la madrugada del 20 de enero en el aeropuerto de Madrid.
Pero no, no esperen ustedes ceses ni dimisiones. Los protagonistas de esta historia ya han demostrado sobradamente su falta de decoro, y España también ha dado muestras de ausencia de vergüenza (según la RAE, vergüenza es la "turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida"). En este extraño 2020, la sociedad y los medios están anestesiados, incapaces de promover el más mínimo reproche ante una conducta claramente reprobable. Todo vale, casi nadie alza la voz. La salud y la crisis económica importan más que la ética.
Vayamos por partes. El 26 de noviembre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y actuando como ponente el magistrado Manuel Marchena, emitió un auto en el que inadmitía la querella presentada contra Ábalos por haberse visto en territorio nacional con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a pesar de tener prohibida su entrada en la Unión Europea por "menoscabar la democracia y el estado de derecho" en su país.
Cuando se conoció esa noticia, la mayor parte de los medios dieron por concluido el escándalo y salvaron de cualquier responsabilidad al ministro Ábalos. Éste, aliviado por las informaciones, se mostró eufórico en el primer acto al que acudió tras conocerse la decisión. La Justicia, supuestamente, le había exonerado.
Ábalos se reunió con Delcy
Nada más lejos de la realidad. Basta con leer los diez folios del auto del Supremo para darse cuenta de que Ábalos no puede seguir en su Ministerio ni un segundo más. Los magistrados han ratificado en su escrito, punto por punto, el relato publicado por 'Vozpópuli' el 23 de enero. Este periódico, en un espléndido trabajo coral liderado por los periodistas Antonio Rodríguez y Alejandro Requeijo, lanzó a las 18.29 horas de aquella tarde una noticia con el siguiente título: "Ábalos se reunió con la vicepresidenta de Venezuela en Barajas la madrugada del lunes". Y en el subtítulo se precisaba que la cita se había producido en el interior del avión.
El Supremo confirma que el avión aterrizó, que Delcy Rodríguez estuvo 20 horas en el aeropuerto y que Ábalos se entrevistó con ella dentro de la aeronave. Si uno mira el relato de Marchena, e incluso el que hizo unos días antes el Juzgado de instrucción número 31 de la Comunidad de Madrid, y lo compara con la información publicada por este periódico, verá que coinciden como dos gotas de agua. Pero, pese a ello, 'Vozpópuli' tuvo que soportar aquellos días primero el desmentido del Gobierno y luego presiones, amenazas y acusaciones de todo tipo, incluso de popes del periodismo que se permitieron el lujo de hablar de "invenciones periodísticas" con tal de salvarle el culo a un amigo ministro. Si en las asociaciones de la prensa de España quedara un ápice de dignidad, premiarían el trabajo de Rodríguez y Requeijo como ejemplo de lo que fue una investigación impecable, avalada con hasta tres fuentes diferentes, como mandan los cánones.
Además, el auto del Supremo nos deja dos importantes conclusiones. La primera sirve para desenmascarar la principal patraña con la que Ábalos y sus palmeros intentaron minusvalorar la importancia del escándalo. Ellos nos repitieron hasta la saciedad que la dirigente venezolana no había entrado en España porque no pasó un control policial, pero los magistrados del Alto Tribunal lo tienen clarísimo: "Que la estancia en el aeropuerto de Delcy Rodríguez implicó una vulneración de la expresa prohibición de permitir su entrada en el territorio de la Unión Europea está fuera de cualquier duda". Es decir, el Supremo asegura que la vicepresidenta de Venezuela accedió a España en el mismo momento en que su avión entró en el espacio aéreo español, y que estuvo 20 horas en territorio nacional aunque sólo fuese en la zona de tránsito del aeropuerto.
Lo que diga la UE
Y la segunda conclusión que nos deja el auto es que, pese a que es evidente que el ministro fue cómplice de semejante vulneración de un acuerdo europeo, no corresponde al Supremo juzgar esa falta, puesto que se trata del incumplimiento de una resolución del Consejo de Ministros de la UE y que, por tanto, debe ser este órgano el que establezca el castigo que hay que aplicar al país que no cumple con las normas.
Es decir, cuando el Supremo inadmite la querella y considera que no hay un delito penal, no está diciendo que no haya falta ni que los hechos no sucedieran tal y como se contaron. Lo único que está señalando es que no es la instancia competente para enjuiciar el asunto. Por tanto, lejos de exonerar a Ábalos, lo que el auto hace es confirmar que un ministro de España estuvo reunido de madrugada en un aeropuerto con una persona que tenía vetada su entrada en la UE y que ni él ni nadie hicieron nada ni para evitar que aterrizara ni para detenerla, a sabiendas de que se estaba incumpliendo la normativa internacional.
Resulta escandaloso que hayan dado carpetazo al asunto sin haber visto los famosos vídeos de Aena que hubieran ayudado a esclarecer qué pasó exactamente aquella noche en Barajas
No obstante, el auto del Supremo está siendo criticado estos días por algunos expertos, como el abogado Tsevan Rabtan, porque resulta controvertido que el máximo tribunal de España se lave las manos ante una conducta irregular por parte de un ministro. Pese a ello, lo que resulta escandaloso desde el punto de vista periodístico es que tanto el Supremo como el Juzgado 31 de Madrid hayan dado carpetazo al asunto sin haber visto, porque no los han pedido siquiera, los famosos vídeos de Aena que quizás hubieran ayudado a esclarecer qué pasó exactamente en Barajas aquella noche. Porque no olvidemos que, según otra de las numerosas informaciones publicadas aquellos días por 'Vozpópuli', de la bodega del avión se descargaron unas cuarenta maletas, que se introdujeron a pie de pista en un vehículo de grandes dimensiones de la Embajada de Venezuela y que salieron del aeropuerto sin ningún control de seguridad, como aseguraron dos testigos presenciales a los periodistas Antonio Rodríguez y Alberto Sanz. Es desalentador que la Justicia española no haya tenido ningún interés en investigar este asunto.
A la espera de lo que digan las autoridades europeas sobre esta infracción de España, si es que dicen algún día algo, lo que ha quedado demostrado durante la semana pasada es que para la Justicia y para la inmensa mayoría de la sociedad española este asunto está acabado. Empezando por los propios líderes de la oposición, que ni siquiera han creído conveniente volver a pedir la dimisión del ministro al comprobarse que todo sucedió tal y como contó este periódico y que, por tanto, buena parte de sus versiones fueron mentiras puras y duras.
A pesar de ello, 'Vozpópuli' seguirá investigando los cabos sueltos de este escándalo, intentando aclarar algún día qué se habló dentro de ese avión, qué contenían las maletas y dónde fueron a parar. Tenemos una plantilla modesta y recursos limitados, pero los pondremos al servicio de la verdad y con el mismo empeño con el que ya hemos denunciado otros escándalos de este Gobierno, los trapos sucios de Podemos, los amaños de las primarias de Ciudadanos, los líos de la financiación de Vox o la corrupción del PP.
