Para que un país como España prospere y genere riqueza, necesitamos tener empresas grandes y potentes, capaces de competir en el mercado internacional.
Uno de los problemas tradicionales de la economía española ha sido, precisamente, la incapacidad de generar empresas grandes. Nuestro tejido productivo está dominado por pymes, que por muy entrañables y meritorias que sean, suelen ser menos eficientes y productivas que empresas de mayor tamaño. No tienen la misma tecnología, ni capacidad de invertir y crecer, ni economías de escala; el resultado son salarios más bajos y empleo de menor calidad.
Eso no significa, por supuesto, que España no haya generado varias empresas con vocación internacional; es más, en algunos sectores nuestras empresas están entre las más punteras del mundo. Este es el caso de las grandes empresas de obra civil e infraestructuras, que no solo han conseguido crecer lo suficiente como para poder competir fuera, sino que además tienen un prestigio considerable.
El origen de estas empresas es, por supuesto, bien conocido. España ha construido mucha obra pública e infraestructuras durante las últimas décadas, y eso ha hecho que empresas como ACS, Ferrovial, Acciona o Sacyr tuvieran mucho trabajo calando túneles, construyendo puentes y tirando vía. Estos días, sin embargo, estas empresas facturan un 75% de su negocio fuera; su dependencia de las arcas del Ministerio de Fomento es muy limitada.
Con todo, estos años de construir autopistas y ferrocarriles ha hecho que el anuncio del traslado de la sede corporativa de Ferrovial haya sido recibido con una oleada de críticas. Desde el Gobierno se ha hablado de falta de patriotismo, de empresarios desagradecidos, de egoísmo y evasión de impuestos. La derecha, mientras tanto, se ha dedicado a echar la culpa al Gobierno, obviando que la constructora está abandonando ese supuesto paraíso de la libre empresa y el capitalismo que es el Madrid de Ayuso.
Lo más probable es que los señores de Ferrovial estén tomando la decisión correcta para su empresa, y que mi opinión, al igual que las diatribas de varios ministros, estén bastante equivocadas
Creo que la salida de Ferrovial es probablemente un error, ya que el ahorro en impuestos y mejor acceso a los lucrativos contratos en el norte de Europa y el mercado anglosajón no serán suficientes para compensar el tener la sede lejos del nodo de empresas de ingeniería que se ha formado alrededor de Madrid. Mi opinión en este aspecto, no obstante, es algo irrelevante; al contrario que Rafael del Pino, un servidor no ha creado un imperio que factura miles de millones de contratos de obra pública y construye estructuras prodigiosas por todo el mundo. Lo más probable es que los señores de Ferrovial estén tomando la decisión correcta para su empresa, y que mi opinión, al igual que las diatribas de varios ministros, esté bastante equivocada.
Es precisamente este último punto el que creo que es más importante: si algo que los políticos nunca deben hacer es jugar a ser empresarios. Por muy ministro que seas, la persona que mejor conoce una compañía y el mercado en el que opera son sus accionistas y directivos, y tienen todos los incentivos del mundo para que su proyecto prospere. Un político puede ser más tonto o listo que el empresario medio (en mi experiencia, suelen ser más listos – la política es algo muy difícil), pero todos los incentivos juegan en su contra para que hagan nada bien gestionando una empresa privada. Su trabajo les exige ser populares y ganar votos, no dedicarse a la aburrida tarea de buscar eficiencias, negociar contratos y pelearse con proveedores. Si Ferrovial u otra empresa toma una decisión, lo mejor que pueden hacer es quitarse de en medio.
¿Significa, entonces, que debemos resignarnos a la pérdida de una de las pocas empresas realmente competitivas del país? No, por supuesto. Pero es importante entender que, del mismo modo que el estado debe proteger a los trabajadores, no puestos de trabajo, el Ministerio de Industria no debe proteger empresas, sino mercados. En España cada año se crean sobre unas 100.000 empresas; en un año normal, unas 25.000 dejan de existir. En vez de trabajar para que una empresa determinada se porte bien y haga lo que queremos o evitar el cierre de otra que es estratégica o nos cae bien, el papel de los políticos es crear las condiciones para que aparezcan empresas y tengan la oportunidad de prosperar. Los políticos no deben preocuparse en "crear" Ferrovial o hacer que no se vaya, sino en desarrollar las estructuras legales, instituciones, y regulatorias para que puedan aparecer. La gestión de la compañía no debe ser cosa suya.
España es excepcionalmente buena construyendo obra pública. El coste de construcción de nuestras infraestructuras es muy bajo comparado con casi cualquier país de nuestro entorno
Esto no ha de traducirse, por cierto, en un estado mínimo o un liberalismo a ultranza. Ferrovial es, precisamente, un ejemplo claro en sentido contrario. Como he comentado alguna vez, España es excepcionalmente buena construyendo obra pública. El coste de construcción de nuestras infraestructuras es muy bajo comparado con casi cualquier país de nuestro entorno; tiramos metros, autopistas, puentes y vías de tren a un coste por kilómetro muy inferior a alemanes, ingleses, daneses, suecos, holandeses, o franceses, y ni hablamos de Estados Unidos.
Sería fácil atribuir estos costes a la excepcional competencia de las constructoras españolas, pero la evidencia parece indicar que ese no es el caso. Un estudio recién publicado por un equipo de NYU señala que lo que distingue a España (y en menor medida, Francia e Italia, aunque no construyen tan bien como nosotros) es un sector público muy potente con una muy alta capacidad técnica que es capaz de vigilar a las constructoras y controlar costes. Ferrovial, ACS y demás son increíblemente buenas haciendo su trabajo, sí, pero gran parte de su competencia se deriva de que el ADIF y el ministerio tienen muchos ingenieros de caminos muy, muy tacaños y buenos dirigiendo obras.
Es decir, un buen sector público, competente, efectivo, y lleno de funcionarios capaces de regular un sector pueden favorecer que este sea competitivo. El estado no debe estar ausente, sino que debe estar dispuesto a ser un árbitro imparcial pero estricto de nuestra economía.
Cosa que, por desgracia, en España no suele ser el caso.
Buenos servicios, costes bajos
Permitidme una nota final. La burocracia y administración española es un animal curioso; el estado es muy bueno cuando tiene que producir u ofrecer un servicio o bien concreto (sanidad, policía, autopistas, ambulancias, bomberos). España tiene, uniformemente, servicios públicos sorprendentemente eficientes a costes muy bajos comparados con el resto de la OCDE. Nuestro problema es cuando nos toca hablar de intangibles, como regular mercados, fomentar la innovación, o crear riqueza. Nuestra burocracia es muy buena como martillo, percutiendo en cosas concretas, pero se pierde por completo en lo abstracto.
Tener tantos funcionarios en excedencia y abogados del Estado metidos a políticos, me temo, quizás explique lo torpes que hemos sido en cosas básicas como regular mercados o no tener una tasa de paro vergonzosa.
