La repetición electoral no es el fracaso de la política, como a veces oímos decir, sino de los políticos. De estos políticos. Las cabezas visibles de una generación que venía a regenerar las instituciones y que, lejos de eso, ha contribuido como nadie antes en democracia a debilitarlas. No es la política la que ha fracasado, sino sus principales exégetas; los que han situado sus ambiciones personales por delante de los intereses del país; los que se han demostrado incapaces de aparcar diferencias para consensuar un prontuario de inaplazables necesidades que atender y reformas pendientes de activar en beneficio de la nación.
Las del 10 de noviembre serán las cuartas elecciones que España celebre en cuatro años. Un auténtico disparate que tensiona inútilmente la sociedad, impide la toma de decisiones de largo alcance y transmite fuera de nuestras fronteras un alarmante mensaje de inseguridad. Por si fuera poco, la parálisis de la gestión pública y el bloqueo institucional se producen en uno de los momentos más delicados de nuestra historia reciente: justo cuando aquellos que pretenden la disolución del Estado se disponen a renovar su irresponsable apuesta por la secesión.
Es, por ejemplo, muy probable que conozcamos la sentencia del procés semanas antes de la nueva cita en las urnas. Estaríamos así ante la hipótesis más favorable a los intereses del independentismo que representa Carles Puigdemont, por cuanto el auto del Tribunal Supremo, de ser como parece condenatorio, reforzaría en plena campaña las tesis más radicales frente a las del sector más pragmático del nacionalismo catalán. Las fechas claves de la gestión del Brexit o la amenaza de una nueva recesión económica, son otras variables que habrán de enfrentarse desde una lamentable posición de fragilidad.
Sánchez nunca ha pretendido formar gobierno. Su intención desde el primer día ha sido ir a unas nuevas elecciones generales para repetir el exitoso experimento de Mariano Rajoy en 2016
De todo ello han sido plenamente conscientes, en las semanas transcurridas desde el 28 de abril, los líderes de los principales partidos políticos, sin que ninguno de ellos haya hecho el suficiente esfuerzo por evitarle a los españoles el bochornoso espectáculo de una nueva convocatoria electoral que, lejos de reflejar la buena salud democrática del sistema, lo que contrariamente evidencia es su debilidad. Las irritantemente rígidas -y no pocas veces frívolas- posiciones de los Sánchez, Casado, Rivera e Iglesias; la común y enfermiza obsesión por competir a cara de perro con el vecino por un espacio achicado, en lugar unir fuerzas para ensancharlo; o el infantil e inaceptable argumento de la falta de química con el que a veces se ha pretendido justificar la ausencia de acuerdos, son razones suficientes para cuestionar la idoneidad de la actual dirigencia si de lo que se trata es de defender los intereses del país.
Bien es cierto que, existiendo una responsabilidad general, el reparto de culpas ha de ser proporcional al peso de cada cual. En este sentido, la decepción que Albert Rivera y Pablo Iglesias han causado, respectivamente, en sectores del centro político y de la izquierda, o las muestras de endeblez que a veces transmite Pablo Casado, son ingredientes que explican la situación de decadencia que atravesamos. Pero solo en parte. La responsabilidad mayor ha de recaer en quien desde el primer momento tenía la obligación de ahormar un gobierno sólido y competente y, entregado al tacticismo insensato de los druidas del marketing político, ha eludido a conciencia cualquier vía de solución.
Se podría decir que señalar a Pedro Sánchez como el principal causante de esta situación no es más que una obviedad. Pero no lo es. Sánchez nunca ha pretendido formar gobierno. Su intención desde el primer día ha sido ir a unas nuevas elecciones generales para repetir el exitoso experimento de Mariano Rajoy en 2016. Todo ha sido un puro teatro que ha dañado el prestigio de la política y a las propias instituciones.
Por tanto, y a pesar de lo que dicen las encuestas, conviene dejarlo dicho, porque es a Sánchez, a su soberbia inabarcable, a su infinito afán de poder, a quien correspondería pagar la cuota parte más elevada de la factura que a buen seguro se disponen a cobrarse los ciudadanos el próximo 10 de noviembre en la urnas.
