De entre todos los editoriales y artículos de opinión que se publican en medios españoles, los más tradicionales, repetidos y cansinos son aquellos que reivindican la España plural. El argumentario varía de un editorialista a otro, pero siempre sigue derroteros parecidos: vivimos en un país complejo con varias naciones culturales, y es natural y necesario que el estado reconozca este hecho para acomodar a los nacionalismos periféricos.
Esta clase de argumentos también son repetidos por políticos de diversa índole. Los partidos nacionalistas los utilizan como uno de los agravios centrales que justifican sus reivindicaciones. Según el día, el Estado plurinacional sería la solución que los llevaría a estar a gusto en España (siempre que vaya acompañado de competencias) o la falta de reconocimiento de esta es una demostración del milenario imperialismo castellano, etcétera. Los partidos de izquierdas (o un sector nutrido de estos) hablan de la plurinacionalidad como el bálsamo que curará el conflicto territorial, algo que tiene que ser bueno porque a Franco no le gustaba.
De las justificaciones de los nacionalistas para sus demandas hablaré poco hoy; cada uno es libre de pedir lo que quiera. Que la izquierda española se haya tragado sus argumentos en este punto, sin embargo, me parece que merece cierto comentario, ya que una cosa es tener ideas y la otra es ser bobo.
Cataluña es un país complejo donde conviven varias naciones culturales, una tierra con tres idiomas oficiales, regiones con ideas muy diversas
Los argumentos en favor de España como nación de naciones, estado plurinacional, o macedonia cultural con lenguajes diversos parten de un problema de fondo: todo lo que se dice sobre el “Estado español” es plenamente aplicable al hablar de cada uno de sus componentes. Podemos decir, por ejemplo, que Cataluña es un país complejo donde conviven varias naciones culturales, una tierra con tres idiomas oficiales, regiones con culturas e ideas muy diversas, y donde un grupo de nutrido de votantes no están nada cómodos con el hecho que las instituciones catalanas no reconozcan su diversidad. Es natural y necesario que el gobierno de la Generalitat reconozca este hecho para acomodar a los habitantes del área metropolitana de Barcelona, consistentemente infrarrepresentados en las instituciones y la cultura oficial del país, ninguneados en el gasto de infraestructuras.
Esta clase de conflictos no se reducen a Cataluña. Algo parecido podríamos decir de León, Álava o Andalucía oriental, cambiando el nombre de las instituciones, lenguas oficiales y variando la lista de agravios. Los países, los sistemas políticos, tienden a tener esta estructura casi fractal, donde los conflictos y divisiones culturales o regionales siguen apareciendo cuando miras a una región, provincia, comarca o municipio más de cerca. Que estas divisiones se politicen o no depende de una variedad de factores que no vienen ahora al caso; lo que no podemos olvidar nunca, sin embargo, es que las “naciones” son más bien poco homogéneas ya que la definición de quién y qué es una nación nunca es tan sencilla como parece.
La Ley Fundamental reconoce la enorme diversidad cultural de España y exige que sea protegida, pero lo hace a partir de derechos individuales
Reconocer la “nación catalana” dentro de España, por lo tanto, dista mucho de solucionar nada, porque el problema no es reconocer Cataluña, sino qué es Cataluña. El conflicto catalán no es entre una nación homogénea y plenamente consciente y convencida de su existencia, Cataluña, que sufre porque Castilla/España/Franco/Mordor no quiere mentar su nombre en la constitución acompañado de una nutrida asignación presupuestaria. El conflicto catalán es el fruto de un desacuerdo real y doloroso dentro del área geográfica de la Comunidad Autónoma de Cataluña sobre quién forma parte de la nación catalana y qué implicaciones tiene esta pertenencia.
Los redactores de la Constitución española eran conscientes del problema inherente de asignar derechos o representación política a naciones dentro de España porque entendían que la definición de quién formaba parte de ellas no era meramente una cuestión geográfica. El uso del término “nacionalidades” no es absoluto trivial: las nacionalidades son individuales, no colectivas. La Ley Fundamental reconoce la enorme diversidad cultural de España y exige que sea protegida, pero lo hace a partir de derechos individuales, no de identidades compuestas por millones de personas de homogeneidad imposible.
'Cómodos dentro de España'
El primer paso para arreglar el desaguisado catalán parte de entender que no estamos intentando redefinir España, sino definir qué es Cataluña. El conflicto es entre un grupo (minoritario) de catalanes que creen que la definición de nación catalana sólo los incluye a ellos y quieren discutir cara a cara con el “Estat Espanyol” sobre sus derechos nacionales, y otro (mayoritario) que probablemente se conformaría con que les dejaran en paz. Todo lo que los nacionalistas catalanes exigen para estar “cómodos” dentro de España es aplicable, punto por punto, con lo que los catalanes no nacionalistas gustarían de tener dentro de Cataluña. Los mismos problemas, la misma necesidad de respetar identidades de aquellos no dominan el sistema político, la misma exigencia de tener representación política y garantías de que sus derechos no serán ignorados o abolidos vía una secesión por las bravas son no sólo exigible, sino también necesarios.
Reconocer que España es un estado plurinacional es buena idea por el mero hecho de que es una obviedad. Lo que no podemos olvidar, sin embargo, es que Cataluña (y Euskadi, y Castilla, y Galicia…) son también comunidades plurinacionales donde nadie puede hablar en nombre de todos.
Hablemos, pues, de la España plural. Pero hagámoslo en serio. Hablemos antes de la Cataluña plural, entendamos que aquí nadie es la encarnación de la voluntad de la nación de nadie, y hablemos sobre los derechos de todos, no sólo de nacionalistas soliviantados.
