La proyección externa o las relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado, no de una comunidad autónoma, y nos guste o no la pagamos todos los ciudadanos, seamos catalanes, madrileños, vascos o canarios, y podemos estar o no de acuerdo en lo que se proyecte y en la visibilidad de España en el exterior, pero así es la norma de funcionamiento establecida. Por lo tanto, mal que les pese a algunos, Cataluña, con el dinero de todos los contribuyentes, no se puede vender en el exterior de la manera en la que lo está haciendo a día de hoy, y menos aún vender un proyecto político como el independentista. Cada uno con su causa puede hacer lo que le plazca, o lo que pueda y le dejen, pero no con fondos públicos.
Esto va de embajadas y no de espías, no de cloacas del Estado, que las hay en cualquier lugar. Desde que el mundo es mundo, se mira, se observa y se analiza al adversario para destruirle o minimizar su impacto en aras de un teórico bien común. Nada nuevo señorías. No va de espías, va de que con el dinero de todos no se puede vender un único proyecto político, más que nada porque no hay un 100% de los ciudadanos que lo pidan. Y ya no un 100%, es que no hay siquiera una mayoría, que en democracia es lo exigible. Pediría yo menos sectarismo a unos y a otros, a los independentistas y a los que no lo son, y sobre todo, y por pedir que no quede, que se haga buen uso del dinero de todos los catalanes utilizándolo para beneficio del conjunto no solo de algunos.
Cada uno con su causa puede hacer lo que le plazca, o lo que pueda y le dejen, pero no con fondos públicos
Porque para muchos deben ser importantes las embajadas catalanas, en concreto las del dilema que nos ocupa, las que se habrían excedido en sus competencias y que sólo estarían trabajando por y para el procès, como son las de Alemania, Suiza y Reino Unido. Pero ¿merece la pena duplicar instituciones? Porque no veo yo a canarios, vascos, andaluces y madrileños abriendo en el exterior delegaciones a diestro y siniestro. Cuando las causas son personales o de una parte de la sociedad, hay que tratarlas así y no utilizar los mecanismos existentes al servicio de todos sólo para beneficio de algunos. Eso no es democrático.
El patio está caliente ante una sentencia pendiente de llegar y ante una prisión preventiva de los políticos independentistas que parece más un castigo que una medida judicial efectiva. Teniendo mecanismos como la inhabilitación de aquellos que no hagan buen uso de sus cargos públicos, no se necesitaría mucho más. El camino de la vida política catalana se vislumbra incierto y complejo. Vayamos a elecciones catalanas ya.