El Congreso de los Diputados ha aprobado una propuesta del Gobierno que es inconstitucional. En otras palabras, una mayoría de los representantes elegidos por el pueblo español para elaborar las normas que organicen nuestra convivencia en paz y libertad ha votado a favor de vulnerar lo establecido en nuestra Ley de leyes. Este suceso gravísimo, perturbador e increíble se ha producido ante los ojos de nuestros compatriotas, sin que haya surgido una reacción de la ciudadanía proporcional al atropello. Es más, de las tres fuerzas de la oposición, una ha apoyado esta monstruosidad y la otra se ha abstenido. Sólo un grupo parlamentario, el tercero de la Cámara, se ha opuesto y ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
Lo que ha sometido el Gobierno al Parlamento es una declaración del estado de alarma para combatir los estragos de la pandemia del covid-19 de una duración de seis meses. Esta medida se basa en el Artículo 116, punto dos, de nuestra Norma Fundamental. Veamos lo que dice este precepto literalmente: “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial al que se extienden los efectos de la declaración”.
Una simple lectura del texto, sin necesidad de esfuerzo hermenéutico alguno ni de consulta a expertos juristas lleva a cualquier ser humano alfabetizado a la conclusión de que un arranque de un estado de alarma dispuesto por el Ejecutivo en uso de sus atribuciones que exceda de quince días vulnera de pleno la Carta Magna. Ayer noche -escribo esta columna el viernes 30 de Octubre- en el programa de televisión 'El Gato al Agua' de El Toro TV, en el que participo todos los jueves, intervino el magistrado del Tribunal Supremo y exvicepresidente del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas. Interrogado sobre la constitucionalidad del estado de alarma de seis meses impulsado por Pedro Sánchez, afirmó sin vacilación o matiz alguno que era indiscutiblemente inconstitucional. Por tanto, si es objeto de recurso será declarado nulo por el Alto Intérprete de nuestra Ley Fundamental.
España es un Estado Miembro de la Unión Europa en el que ni el Gobierno ni una mayoría de los integrantes del Poder Legislativo respetan la Constitución
Una vez constatado que España es un Estado miembro de la Unión Europa en el que ni el Gobierno ni una mayoría de los integrantes del Poder Legislativo respetan la Constitución, hay que extraer las oportunas consecuencias de semejante desgracia. La primera es que el principal partido de la oposición ha renunciado a su papel de freno y denuncia de los eventuales desmanes del Ejecutivo y que por razones tácticas o quizá por motivos no confesables, se ha convertido en colaborador tácito de un desaprensivo que desde La Moncloa parece dispuesto a desmontar nuestro orden institucional y jurídico al servicio de su desmedida ambición. La segunda es que un Gobierno capaz de tal tropelía puede hacer cualquier cosa con tal de llevar adelante su agenda política, tanto la explícita como la oculta, sin que exista por parte de las llamadas fuerzas constitucionalistas -con la honrosa excepción de Vox- voluntad de impedir futuros abusos. La tercera es que la Nación únicamente cuenta con la protección, antes de ser engullida por el totalitarismo, de una Corona debilitada y asediada y de unas instancias judiciales sometidas al asalto impúdico de poder ejecutivo.
Sin el PP ni Ciudadanos
Nada podemos esperar de un Partido Popular perdido en sus complejos centristas y de un Ciudadanos abrumado por su imparable agonía. Nuestras tenues esperanzas quedan depositadas así en la llamada sociedad civil, ese núcleo de contorno variable formado por millones de emprendedores, profesionales, autoempleados, profesores, intelectuales y servidores públicos, en el que se supone quedan todavía suficientes reservas de energía, patriotismo y lucidez para detener la marea liberticida que nos inunda.
Nada podemos esperar de un Partido Popular perdido en sus complejos centristas y de un Ciudadanos abrumado por su imparable agonía
El lado oscuro se ha quitado la máscara y ya no se recata, pisotea la Constitución, insulta a la Corona, aplasta derechos fundamentales, exhibe su incompetencia con total desfachatez, hace pedazos la unidad nacional, resucita la Guerra Civil para ganarla ochenta años después, destroza a la clase media para empobrecerla antes de esclavizarla, endeuda al Estado hasta límites suicidas, expende títulos de Secundaria y de Bachiller sin límite de suspensos y, en definitiva, se afana en transformar una sociedad moderna, avanzada, occidental, pluralista y próspera en un conglomerado de tribus hostiles entre sí, sin autoestima ni certidumbres morales, colectivizado y dependiente de un erario exangüe.
Efectivamente, nos encontramos en un estado de alarma sanitario, pero subyacente a este flagelo late persistente, tóxica, destructiva y ni siquiera disimulada, una amenaza mucho peor, un estado de alarma constitucional.
