El domingo recibía por WhatsApp, repetidas veces, un video en el que el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, denunciaba públicamente que Gustavo Petro, presidente de aquel país,  había declarado que siendo él Jefe del Estado, también era jefe del fiscal, a lo que Barbosa hacía protestas de independencia indicando que el artículo 115 de la Constitución colombiana señala que el fiscal general de la Nación no tiene superior jerárquico. Impactaba que el fiscal dijera que iba a llevarse a su familia del país porque consideraba que estaba en peligro de asesinato, como había ocurrido con ciertos políticos, declarados “criminales de Estado”.

Las declaraciones del fiscal inmediatamente me trajeron a la mente el emocionante libro de Hector Abad Faciolince titulado El olvido que seremos, en el que recuerda con enorme cariño la vida de su padre, un médico y profesor universitario colombiano, amante de la familia y de gran integridad profesional. Preocupado por la salud de las clases menos favorecidas y la prevención de epidemias, filántropo y activista de los derechos humanos, se convirtió en un elemento incómodo para las clases dominantes y, en un ambiente político marcado por la violencia, acaba vilmente asesinado.

Obviamente, en España no existe hoy ese clima de violencia, aunque no conviene olvidar que lo hemos vivido hace no tanto, siquiera de modo más local y concreto. Pero sí tenemos ahora parecido conflicto entre las instituciones, con un ejecutivo poderoso quiere controlar los demás poderes del Estado para llevar a cabo su política sin limitaciones, cortapisas u obstáculos. ¿Es, quizá, el precio que hay que pagar por acabar con la violencia? No, porque no pasa en todos los países y además el intento de colonización de las instituciones viene de antiguo, aunque es verdad que en esta legislatura ha llegado, sin disimulo, al paroxismo.

Si tenemos trabajo (y móvil, y viajes baratos, Netflix, Instagram, etc) para qué vamos a preocuparnos por cosas abstractas que no podemos controlar

La diferencia decisiva es que aquí esa colonización de las instituciones está ocurriendo sin estrépito y sin violencia, a la vista, ciencia y paciencia de la ciudadanía, poco proclive a dramas mientras sus necesidades básicas estén cubiertas Hay una escena tremenda en el libro que citaba antes. Se produce un atropello y la familia del causante da trabajo a los hijos de la accidentada. “Eran muy pobres y doña Betsabé decía algo terrible, muy triste, y que retrata lo que es esta sociedad: «Este accidente ha sido una bendición para mí. Se lo ofrezco al Señor. Él me lo mandó, porque yo salía de misa y le estaba pidiendo que les diera trabajo a mis hijos. Pero antes yo tenía que pagar por mis culpas. Pagué por mis culpas y el Señor les dio trabajo”.

A un nivel distinto, y más superficial, parece que en España sigue ocurriendo lo mismo. Si tenemos trabajo (y móvil, y viajes baratos, Netflix, Instagram, etc) para qué vamos a preocuparnos por cosas abstractas que no podemos controlar. Y si encima somos propensos a la lenidad con los desmanes, si son cometidos por nuestros compadres ideológicos, el iliberalismo –por usar una palabra de moda- está servido.

No es intuitivo, parece, ni fácil de comprender por qué las instituciones deben ser neutrales, el poder debe estar dividido y los gobernantes y los jueces deben estar sometidos al principio de legalidad. Eso del Estado de Derecho parece algo reservado para el estudio de sesudos pensadores alemanes que harán complicadas construcciones abstractas para exponerlas en las facultades de Derecho. Y por supuesto que es necesario –y más bonito- defender la supervivencia de las ballenas, algo grande y bien visible; pero no debemos olvidar causas menos aparentes pero decisivas para el ciudadano. Hemos de ser conscientes de que el mundo actual es un mundo complejo, de ideas y construcciones mentales que, según estén formuladas, afectarán a nuestra vida material y concreta de una manera u otra. Si su hijo se presenta a unas oposiciones, le gustará que el tribunal sea imparcial y no apruebe sólo a sus amigotes. Si contrata con la Administración, querrá que el contrato lo consiga el mejor; si va a hacer una inversión económica, reclamará usted seguridad jurídica, que las normas sean claras y que la interpretación posterior no varíe su letra y sentido porque le conviene al gobernante de turno. Pues eso es el Estado de derecho, señores y señoras.

El comisario europeo Reynders requería la reforma y renovación del Consejo General del Poder Judicial, convertido en una institución poco neutral

Hace no tanto el Presidente del Gobierno replicaba a los argumentos de un periodista preguntándole si era consciente de quién dependía el ministerio fiscal. Este año, el comisario europeo Reynders requería la reforma y renovación del Consejo General del Poder Judicial, convertido en una institución poco neutral con tendencia a elegir para las altas jerarquías judiciales a los más alineados con los partidos. Yo mismo comencé mi andadura en VozPopuli hablando del “constructivismo jurídico” de una magistrada del Tribunal Constitucional y continué hablando del riesgo de que Conde Pumpido resultara ser su presidente.

Hoy podemos constatar que todo eso tiene consecuencias. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, después de años de inacción, con la nueva mayoría convierte el derecho al aborto en un “derecho fundamental”, aunque no aparezca como tal en la Constitución. Con la misma Constitución, algo tan complicado socialmente como el aborto ha pasado de delito a derecho fundamental en unos pocos decenios. Curiosamente, es lo que conviene a quienes pretendían el nombramiento de su presidente. Y lo han conseguido de la forma más fácil: extendiendo el valor de los principios más allá de lo que dice la letra de la ley, lo que le convierte de facto al Legislador Negativo en un Legislador Positivo y Constitucional de primer orden.

¿Qué significa eso? Pues que poco importa lo que diga la ley si hay alguien que puede interpretarla como le parezca. Decía Romanones: “Haga usted las leyes y déjeme a mí los reglamentos”. Ahora diría: “Déjeme a mí el Constitucional y haga usted lo que quiera”.

El Estado de derecho no se defiende sólo. Tenemos que hacerlo los ciudadanos, como parece que tienen más claro que nosotros los colombianos, a pesar del ambiente de violencia que les circunda. Nos va mucho en ello.

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