El pasado 10 de septiembre, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) emitió un comunicado recordando que el mandato de varios altos cargos de la cúpula de la Fiscalía, entre ellos el del Teniente fiscal del Supremo Luis Navajas, había vencido hace muchos meses. En el caso de Navajas, hace ya casi un año. Advertían a la Fiscal General sobre la anomalía legal que supone mantener libremente en sus cargos a esos fiscales sin convocar el correspondiente concurso.
El Ministerio Fiscal tiene por misión defender la legalidad y eso empieza desde dentro, predicando con el ejemplo. Algo que tienen clarísimo los fiscales de trinchera pero que a menudo olvidan los gobernantes. Miren si no al presidente, que no tuvo pudor alguno en colocar al frente de la fiscalía a su ex ministra de Justicia porque, ya que asume que el ministerio público depende de él, qué menos que dejar sus riendas en manos de alguien cuya lealtad esté fuera de toda duda. Y es que el nombramiento como Fiscal General de Dolores Delgado es el mejor exponente de los intentos gubernamentales por colonizar el poder judicial. Ya no podemos hablar de tentativa de politización del ministerio público, porque Dolores es la política hecha carne.
Así que entenderán que a muchos, entre los que me incluyo, nos resulte imposible no ser suspicaz con cualquiera a quien la Fiscal General le haya hecho un favor. Más aun, si a esa persona se le encomienda sustituir a Dolores en la emisión de un informe que ésta se abstuvo de realizar por afectar Gobierno. Y ya ni les cuento si ese informe incluye expresiones que la mismísima exministra hubiese pronunciado en un mitin del PSOE.
Más allá de lo jurídico
Y es que el informe del teniente fiscal Luis Navajas en el que solicita la inadmisión en bloque de diecinueve querellas contra el Ejecutivo por su gestión de la pandemia contiene valoraciones y opiniones que exceden de lo jurídico y trascienden a lo político. Afirma que: “Por lo demás, en cuanto a la acción desarrollada por el Gobierno a partir del día 14 de marzo de 2020, tras la declaración del estado de alarma con arreglo al RD 463/2020, no puede sino concluirse que la acción ejecutada por los querellados en pro de la tutela de la salud pública de todos los ciudadanos y ciudadanas residentes en territorio nacional resultó copiosa, así como -cuando menos con arreglo al actual estado de la ciencia- idónea o, al menos, razonable para contener la pandemia. Y ello tanto desde una vertiente ex ante, como también desde una perspectiva ex post. Pues lo cierto es que hasta la fecha no se han hallado otras alternativas efectivas frente al contagio de COVID-19, al margen de las medidas de confinamiento, prevención e higiene impuestas por el Gobierno, igualmente idóneas para paliar o mitigar los efectos de aquella enfermedad. Basta con analizar el contenido del BOE a partir del día 14 de marzo de 2020, y hasta la actualidad, para apreciar la ingente actividad desarrollada por el Gobierno de España con la aprobación de cientos de normas dirigidas a tutelar la vida e integridad de todos los ciudadanos residentes en nuestro país”.
Porque el coronavirus no llegó a España el día después de las manifestaciones del 8-M, llevaba mucho tiempo entre nosotros y el Ejecutivo lo sabía
¿Y qué hay de la acción desarrollada por el Gobierno antes de declararse el estado de alarma? ¿Qué pasa con los informes y alertas de organismos internacionales y europeos que se ignoraron conscientemente para justificar una agenda política? Porque el coronavirus no llegó a España el día después de las manifestaciones del 8-M, llevaba mucho tiempo entre nosotros y el Ejecutivo lo sabía. A mí no me cuesta recordar cómo durante los primeros días de marzo, mientras desde el Gobierno se animaba expresamente a los ciudadanos a participar en eventos multitudinarios porque “nos iba la vida en ello”, se suspendían congresos de médicos y farmacéuticos a instancias de Sanidad por el riesgo de infección. Y luego está el tema de la ocultación de las cifras de fallecidos, con más de 20.000 muertos que el sanchismo pretende hacer como que no han existido, los comités de expertos inventados y la absoluta falta de transparencia con la que el Ejecutivo se desempeñó durante el estado de alarma.
Así que, aunque no la compartan, espero que comprendan mi indignación cuando leí en el informe de fiscalía, que debería ceñirse al ámbito estrictamente jurídico, eso de que la acción del Gobierno durante la pandemia fue la 'idónea'. No sólo es innecesario e improcedente, sino también falso. Para esto no necesitábamos que se abstuviese Lola, don Luis.
Una relación sospechosa
Tampoco es de extrañar porque, al margen de la cuestión de que Navajas esté en el cargo de manera irregular desde hace casi un año, la estrecha relación entre Dolores y él se remonta a años atrás. Muchos los vieron departir amigablemente en las vistas del juicio contra Baltasar Garzón ante el Supremo, ése cuya nulidad interesó Luis Navajas, coadyuvando a la defensa del exjuez. Durante aquel proceso, uno de los alegatos pronunciados por el fiscal en defensa de Garzón fue rechazar que los crímenes de franquismo pudieran equipararse a los fusilamientos de Paracuellos. Tampoco estuvo ahí afortunado.
Por lo demás, soy de la humilde opinión de que las querellas por homicidio contra Sánchez y otros miembros del Gobierno presentan poco recorrido, por las costuras tanto del delito como del proceso penal. La relación causal se me antoja imposible de acreditar y, sin ella, hablar de responsabilidad criminal es absurdo. Pero es que no todas las querellas cuya inadmisión se insta por el teniente fiscal persiguen sentar a Sánchez en el banquillo por homicida.
Otras se refieren a la dejación de funciones del Gobierno en la adquisición de material sanitario para proteger a diferentes colectivos de profesionales. Algo que el Ejecutivo rechazó expresamente hacer, llegando incluso a destituir a comisarios que iniciaron la compra de mascarillas meses antes de declararse el estado de alarma. Recomendar el archivo de estas querellas sin ni tan siquiera aperturar antes unas míseras diligencias de investigación, con más de 50.000 muertos y un país a las puertas de la ruina, no creo que sea lo más 'idóneo'. Ojalá el Tribunal Supremo también lo vea así, y no para poder decir que tengo razón, sino porque tanto desde el punto de vista legal como el moral, es lo justo.
