Antonio Garamendi es el jefe de los empresarios. Es un buen tipo, un vasco majo y voluntarioso, pero intelectualmente frágil. El equipo de la CEOE que lo asesora está presidido por una burocracia y una falta de nervio exasperantes. Garamendi tiene además una obsesión enfermiza por el acuerdo. El pacto como fin en sí mismo. No importa que el contenido del acuerdo ponga en serios aprietos a las compañías que tiene la encomienda de defender sino el pacto como objetivo ineludible y salvífico para blanquear una imagen de la clase empresarial herida por los socialistas y los comunistas que hasta ahora ha hecho muy poco por ennoblecer.
Hace unos meses cometió un grave error al aceptar la subida nefasta del salario mínimo con el pretexto de que los 900 euros finalmente establecidos eran inferiores a los 1.000 euros que proponía el Gobierno, y presentó el gatillazo como si hubiera arrancado fatigosamente una enorme concesión. Pero el argumento era de una frivolidad insolente. Lo que se jugaba en aquella partida no era quién ganaba al mus sino la empleabilidad y el futuro de mucha gente, sobre todo de los más jóvenes y de los menos cualificados, que en el trance fatal que vivimos no podrán colocarse durante un buen tiempo. El caso era hacerse la foto y pasar a la pequeña historia como que los empresarios ‘arriman el hombro y hacen país’.
El pasado jueves rebasó otra vez la línea roja al llegar a un acuerdo con el Gobierno para extender los ERTE a cambio de prohibir durante seis meses los despidos bajo la doble pena de, en caso contrario, encarecerlos, al pasar a ser considerados como improcedentes, y de obligar a las compañías a devolver las cuotas sociales de las que han sido exoneradas. Garamendi aceptó de buena gana el chantaje y este se aprobó a duras penas en un comité ejecutivo de la CEOE muy convulso. Hubo una gran oposición al apaño. Las patronales de Madrid y de Cataluña se mostraron contrariadas. Los representantes del turismo, de la hostelería y de la automoción, también. En este caso, el pretexto, la concesión fatigosamente arrancada por Garamendi, es que las compañías en riesgo de concurso de acreedores sí podrán despedir, así como eventualmente otras que presenten una alta variabilidad y estacionalidad en el empleo. Pero esta contrapartida obscena, porque requiere para activarse haber llegado temerariamente al precipicio, es incluso incierta.
Un obstáculo endiablado, porque el responsable de la Inspección es Héctor Illueca Ballester, un comunista radical que fue número uno de la lista de Podemos por Valencia
La trampa es que el encargado de acreditar el eventual riesgo de quiebra y de permitir las excepciones a la regla general habrá de ser el director general de la Inspección de Trabajo. Un obstáculo endiablado, porque el responsable de la Inspección es Héctor Illueca Ballester, un comunista radical que fue número uno de la lista de Podemos por Valencia. El señor Illueca ha escrito algunos libritos denunciando la implacable tiranía del neoliberalismo y está en contra de la reforma del mercado de trabajo que aprobó el PP porque “establece unas relaciones laborales basadas en la servidumbre y el vasallaje”. Los acuerdos firmados alegremente por el señor Garamendi lo son con la titular de Trabajo, la comunista Yolanda Díaz, una abogada laboralista para la que las empresas son agentes depravados y sospechosos siempre dispuestos a explotar al empleado.
Romper la baraja
La tropa de comunistas con la que Díaz ha poblado el Ministerio padece una enfermiza obsesión anticapitalista, detesta la economía de mercado y entiende las relaciones laborales según la dialéctica marxista de pugna inexorable entre capital y trabajo. Estos tipos nauseabundos jamás han pisado una compañía privada. Y también ignoran que una empresa es un proyecto común dirigido a crear riqueza con el afán de servir a la sociedad en la esperanza de obtener un beneficio tras haber retribuido satisfactoriamente a los accionistas y a los trabajadores. Para llevar a cabo su tarea, sobre todo en las circunstancias excepcionales de la pandemia, las empresas necesitan una flexibilidad total y el margen de maniobra necesario para adaptar sus plantillas al volumen de negocio presente y futuro. Garamendi ha fracasado al respecto. Suele ocurrir cuando te sientas a la mesa con alguien que en el fondo te desprecia y no te atreves a romper la baraja por un complejo fatal, por un cargo de conciencia inexplicable o sencillamente por miedo al qué dirán.
Deshonrando a los empresarios a los que debe defender sin componenda de clase alguna, el señor Garamendi ha prestado además un servicio impagable al Gobierno, entre cuyos propósitos no sólo está el de chantajear y someter a la CEOE sino el de aislar al PP y destrozar la derecha.
Como Garamendi, que este lunes volvió a hacerse la foto en La Moncloa para consagrar el pacto nefando junto a Sánchez y el capo Iglesias -que cuenta a los empresarios hoy dirigidos por un alfeñique como enemigos-, el señor Casado también está atenazado por los complejos. Durante el debate sobre el estado de alarma hizo un discurso espléndido sobre la urgencia de acabar con una excepcionalidad que ya no se justifica por razones sanitarias y que el presidente Sánchez aprovecha para imponer un estilo de poder autoritario, reformando apresuradamente leyes al margen del Parlamento, cercenando la libertad de expresión, persiguiendo al disidente y chantajeando al que discrepa. Aunque todas sus apreciaciones conducían inevitablemente a votar que no al trágala, el señor Casado se abstuvo y lo hizo porque “si no, los medios me van a destrozar”.
El PSOE publicó un tuit en el que acusaba a “la Comunidad de Madrid de ser el ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable de la pandemia”.
Esta es también una posición deshonrosa e impropia de quien tiene el mandato de liderar una alternativa plausible a un Gobierno que nos conduce directamente a la catástrofe. Y se basa en premisas falsas. La flota mediática ‘sanchista’ compuesta por las televisiones privadas capitaneadas por el ariete Ferreras más el Grupo Prisa ha atacado de modo inmisericorde a Casado incluso cuando ha apoyado las tres prórrogas anteriores. El mismo jueves 7 de mayo, el diario ‘El País’, que es el expendedor del carné de demócrata y el que tiene el patrimonio del insulto oficial escribió que Pablo Casado hace “discursos incendiarios que ponen a la nación ante un abismo político”, le recriminó que acusara a Sánchez de “reclamar poderes dictatoriales”, como es el caso desde hace dos meses, y de ser el culpable de la estrategia de la crispación. El día posterior, cuando Sánchez volvió a exigir prudencia y concordia, el Partido Socialista publicó un tuit acusando a “la Comunidad de Madrid de ser el ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable de la pandemia”.
Todo el discurso buenista de la unidad y del ‘arrimemos el hombro’ es una farsa, una trampa en la que ha ingresado Casado a sabiendas. Igual que Garamendi. La última prueba de la voluntad fraternal de los socialistas y de los cuatreros de Iglesias ha sido la comisión parlamentaria para la reconstrucción, que dirigirá el probadamente inútil Patxi López, y para la que se ha elegido vicepresidente a Enrique Santiago, el secretario del Partido Comunista de España. El señor Santiago participó en el acuerdo de paz de Colombia -luego repudiado- defendiendo la posición de los narcotraficantes de las FARC y tiene negocios turbios en Cuba; naturalmente, anima a combatir con toda la energía posible ese discurso neoliberal que “sostiene que facilitando el despido y adelgazando lo público mejorará la economía”, cuestiona el actual modelo productivo, ha arremetido contra los empresarios por “aprovecharse de la crisis de 2008” -aunque la padecieron cruentamente- y considera que la pandemia es una consecuencia más del perverso capitalismo “que dará un respiro a la naturaleza después de 40 años de maltrato”.
Si se dieran las condiciones de una revolución como la de Octubre en Rusia, iría al Palacio de la Zarzuela para liquidar al Rey como en su día hicieron los bolcheviques con el zar
Pero todo esto era previsible. Es lo de menos. Lo intolerable es que el señor Santiago, un fanático de Lenin, declaró hace unos meses -y no se ha arrepentido- que si se dieran las condiciones de una revolución como la de Octubre en Rusia -que no otra cosa acaricia con lujuria Iglesias en España- iría al Palacio de la Zarzuela para liquidar al Rey como en su día hicieron los bolcheviques con el zar.
¿Cómo pueden el señor Casado, el señor Abascal -Vox ha sido el único partido que ha denunciado esta colosal ofensa- o la señora Arrimadas participar en una comisión cuyo número dos es un asesino confeso en potencia, eventualmente dispuesto al regicidio? ¿Se ha conmovido al respecto la flota mediática ‘sanchista’ que da lecciones diarias de convivencia y de civilización? ¿Han escuchado ustedes al PP repudiar esta decisión ignominiosa e infame?
Con su abstención de la semana pasada, el señor Casado se instaló en la más vulgar de las indiferencias, en la intrascendencia completa. Dejó huérfano a su electorado. Perdió el liderazgo moral de la derecha. Un político siempre se puede equivocar, pero se espera de él que tenga criterio y agallas. Que esté vacunado contra los complejos. Las hostias de tus enemigos acerbos te van a llover igual. Hagas lo que hagas. Solo quieren destruirte y esta crisis es una oportunidad extraordinaria. El señor Aznar ganó sus segundas elecciones por mayoría absoluta sin conceder una sola entrevista al Grupo Prisa. Esta es una valiosa referencia que no habría que perder de vista, y todavía se está a tiempo.
El peor Gobierno del mundo
Casado no puede mostrar un solo signo más de debilidad. Ni con la flota mediática ni con el señor Sánchez. O vas a por todas o Sánchez intentará acabar contigo por todos los medios posibles. Sin escrúpulos. No se le puede dejar vivo. Hay que castigarle el hígado sin compasión, sin parar, y los motivos sobran. La pésima gestión de la crisis por el peor Gobierno del mundo -con su trágica secuela de dolor y de muerte-, el mediocre y confuso plan de ayudas para paliar la destrucción del tejido empresarial, así como el insensato programa para la desescalada son una fuente inagotable de argumentos. Este miércoles Casado presentó un encomiable proyecto alternativo a la deriva totalitaria del Gobierno y afirmó que en adelante votaría no al estado carcelario de Sánchez. El tiempo dirá si ha emprendido el camino de una rectificación definitiva.
