Muy felices se las veía Pablo Iglesias hace sólo mes y medio. La crisis del coronavirus y todo el desgaste político que traía aparejado se lo estaba comiendo Pedro Sánchez. Era la cara de Sánchez y no la suya la que aparecía caricaturizada en la propaganda callejera mientras los ministros de Podemos tomaban la iniciativa y se hacían con las riendas del Gobierno. Sucedió entonces algo imprevisto. El juez Manuel García-Castellón llamó a declarar a Dina Bousselham a cuenta del robo de su teléfono móvil hace casi cinco años. Del móvil en cuestión ya nadie se acordaba, pero sí de la tarjeta de memoria que había en su interior. Esa tarjeta protagonizó un pequeño escándalo en el verano de 2016 cuando aparecieron en prensa unas capturas de pantalla que comprometían a Pablo Iglesias haciéndole quedar como un vulgar machista.
El asunto quedó ahí pero la Justicia siguió su lento pero inexorable curso. Año y medio después fue detenido José Manuel Villarejo en el marco de una operación en cuyo centro se encontraban los turbios manejos del excomisario. Desde Podemos no tardaron en cargar sobre los hombros de Villarejo el robo del móvil y la posterior filtración de las capturas de pantalla a la prensa. Sobre esa presunción Iglesias montó una campaña victimista que alcanzó su punto álgido antes de las elecciones de abril del año pasado.
Acusaba a las 'cloacas del Estado' de maniobrar para que Podemos no llegase nunca al Gobierno, pero el hecho es que ha llegado y una vez ahí se han encontrado frente a su propia intoxicación informativa. Desconocemos si Villarejo robó el móvil, pero si sabemos que la tarjeta fue entregada en perfecto estado a Iglesias por el editor del Grupo Zeta tan pronto como en enero de 2016, seis meses antes de que se hiciesen públicas esas capturas. El hecho es que Iglesias retuvo la tarjeta un número indeterminado de meses, y luego se la devolvió a su propietaria tan dañada que ni la policía científica ha conseguido recuperar los datos que contenía.
De no explicarlo convincentemente podría ser imputado por destrucción de pruebas, un delito tipificado en el Código Penal y del todo incompatible con la vicepresidencia del Gobierno
Iglesias, que se presentó ante el juez como perjudicado por Villarejo, se encuentra ahora sobre el filo de la navaja ya que no ha explicado por qué recibió una tarjeta operativa y se la entregó a su dueña completamente inutilizada. De no explicarlo convincentemente podría ser imputado por destrucción de pruebas, un delito tipificado en el Código Penal y del todo incompatible con la vicepresidencia del Gobierno. Porque este caso no dejaría de ser un asunto menor, a caballo entre la crónica de sucesos y los ecos de sociedad, de no estar Iglesias donde está. Los medios han mostrado tanto interés en este caso porque afecta al vicepresidente, de lo contrario, de seguir siendo un simple diputado, no hubiese llegado tan lejos. No hay persecución alguna.
La prensa se limita a presentar la información debidamente jerarquizada en función de su importancia. Lo que suceda en torno a la vicepresidencia está en la parte alta de la pirámide. Los periodistas tan sólo hacen su trabajo, Iglesias debería hacer el suyo observando primero el decoro al que le obliga el cargo y dejando después que el juez prosiga con la investigación del caso sin entrometerse. Pero está haciendo todo lo contrario. En esto, cierto es, llueve sobre mojado. Cada vez que un juez dictamina algo contra los intereses de Podemos se forma una barahúnda en las redes sociales alimentada por los cabecillas del partido, algunos con especial entusiasmo como Pablo Echenique, que siempre trata de ir un poco más allá, poniéndose a sí mismo en evidencia y, ya de paso, obligándonos a sonrojarnos por él ya que en su frenesí partidista es incapaz de hacerlo.
Hiperliderazgo y enemigos
Lo mismo sucede con los periodistas. Podemos nunca encajó bien las críticas, ni siquiera las suaves y bien argumentadas. Para ellos esto es una guerra y la cosa va de estás conmigo o estás contra mi. No hay término medio, no hay matices. Con ese planteamiento de partida es fácil que, a excepción de los activistas más apasionados, todos los demás sean vistos como enemigos del partido y, especialmente, de su jefe. En una formación con un hiperliderazgo tan acusado no hay distinción entre Iglesias y el partido. Todo es lo mismo y cualquier crítica se considera una declaración de guerra.
En el caso Dina, la crítica es obligada porque hay dos elementos clave que no han quedado claros. El primero es quién destruyó la tarjeta, el segundo es por qué Iglesias se aprovechó de todo esto para propulsar una campaña electoral. Eso es lo que está cuestionando la prensa. No hay nada personal. Pablo Iglesias es el vicepresidente del Gobierno y una de las funciones de los periodistas es fiscalizar al Ejecutivo. Entre las funciones de los políticos no figura la de fiscalizar a la prensa, que es uno de los pilares de cualquier democracia.
Les complacía en extremo cuando la prensa hace unos años se cebaba con Mariano Rajoy y el Partido Popular. Las tornas han cambiado
Es por ello que no se debe nunca “naturalizar” el insulto hacia los periodistas tal y como reclamaba Iglesias esta semana en un alarde de intolerable cinismo. Nadie debería ser insultado por el ejercicio de su trabajo. El de Vicente Vallés, un profesional con una trayectoria larga e impecable pero que ha sido objeto de un antológico linchamiento azuzado por la cúpula de Podemos, consiste en preguntar al vicepresidente del Gobierno lo que muchos ciudadanos querrían preguntarle si lo tuviesen delante.
Eso en Podemos lo saben a la perfección porque les complacía en extremo cuando la prensa hace unos años se cebaba con Mariano Rajoy y el Partido Popular. Las tornas han cambiado. Hoy es Iglesias quien está en el poder y debe asumir que él es el objeto de la crítica. Pero no nos hagamos ilusiones. El Gobierno del que forma parte tiene mucho de comunidad de intereses puntual. Sánchez abrazó a Iglesias en noviembre para tapar su fracaso electoral y no tener que volver a repetirlo. La pandemia y su desastrosa gestión no han hecho más que complicar las cosas.
El horizonte de los tribunales
Iglesias no las tiene todas consigo. Las expectativas electorales de su partido son muy negativas. Las encuestas le pintan un panorama desalentador y aún está por cuantificar el batacazo en las elecciones vascas y gallegas. Es cierto que se mantiene en el Gobierno, pero no podrá lucirse. Será su Gobierno el encargado de aplicar dentro de unos meses un ajuste presupuestario de tal magnitud que dejará pequeños a los de Zapatero y Rajoy hace diez años. Para colmo de males, el caso de Dina Bousselham ha ido a estallar en el peor momento. Está contra las cuerdas y se sabe contra ellas. Como un boxeador sonado reparte mandobles al aire malgastando una energía y un crédito que va a necesitar en los próximos meses. Para su socio no podría haber mejor noticia. Un Iglesias menguado o, peor aún, imputado es todo lo que necesita Sánchez para convertirle en chivo expiatorio de sus propios errores. La política es implacable, Iglesias pensaba que siempre iba a ser martillo, pero no, esta vez es yunque.
