El principio rector del recaudador de impuestos es que los ingresos públicos aumentan o se reducen en proporción al aumento o reducción de los tipos impositivos. El recaudador de raza piensa que cualquier alza de impuestos sube la recaudación y cualquier recorte la baja. Frente a estos postulados, el economista afirma que hay zonas de muy diferente elasticidad de los ingresos públicos a las variaciones de los tipos impositivos, de manera que en algunas de ellas dichos ingresos pueden incrementarse (reducirse) aunque disminuyan (aumenten) los tipos.
Allí donde ya sea por razones ideológicas o por incompetencia prevalece el punto de vista del recaudador, la política impositiva resultante será ineficiente y por consiguiente dañina para el país en su conjunto. Con esto no se pretende denigrar o ensalzar una u otra actividad profesional. Hay economistas que tienden a pensar como recaudadores y, menos probable pero no imposible, recaudadores que piensan como economistas. Los políticos pueden tener una u otra sensibilidad pero habitualmente sus decisiones están dominadas por el cálculo del impacto electoral de las mismas. Así, puede suceder que un presidente de Gobierno decrete subidas impositivas, aun cuando pueda coincidir con los economistas que advierten que se mermaría la recaudación, porque estima que dichas subidas le son rentables electoralmente. Este es el caso, por ejemplo, de las recientes subidas de tipos de los tramos altos del IRPF y del impuesto de patrimonio.
La determinación precisa de las zonas de diferente elasticidad no es tarea fácil, entre otras razones porque puede haber retrasos entre el movimiento de tipos y el de la recaudación derivada del nuevo nivel impositivo. También porque la variación de ingresos públicos que puede acarrear una modificación de impuestos no se produce únicamente en la recaudación asociada con la figura impositiva cuyos tipos se han cambiado. En lo que sigue se ilustran estos razonamientos analizando el caso de la reducción de dos impuestos que de acuerdo con el punto de vista del recaudador llevarían a una bajada proporcional de los ingresos públicos: el impuesto de patrimonio y las cotizaciones sociales.
El impuesto de patrimonio, al capar el premio por el éxito de quienes afrontan los riesgos de crear y desarrollar empresas, es un impuesto a la actividad empresarial
El impacto positivo más obvio de una reducción sustancial del impuesto de patrimonio sería la vuelta de patrimonios previamente deslocalizados o la afloración de patrimonio sumergido, pero este no sería el monto de ingresos más importante conseguido con dicha medida. Como es sabido, en la actualidad están exentos de dicho impuesto los patrimonios invertidos en activos empresariales siempre y cuando la participación del contribuyente supere el 5% (a título individual) o el 20% (conjuntamente con familiares) del capital de la entidad, habiendo de ser las rentas derivadas de dicha participación superiores al 50% de la renta total del titular de la misma.
Estas condiciones limitan severamente el crecimiento del tamaño de la empresa y la movilidad del capital hacia sus usos más productivos o hacia quienes lo pueden gestionar más eficientemente. De forma más general, el impuesto de patrimonio, al capar el premio por el éxito de quienes afrontan los riesgos de crear y desarrollar empresas, es un impuesto a la actividad empresarial. Consecuentemente con todo lo anterior, su reducción drástica, y mejor aún su eliminación, tendría efectos positivos sobre la inversión, la productividad y la creación de empresas y de empleo. Algunos efectos serían más inmediatos que otros pero todos ellos impulsarían antes o después los ingresos públicos ya sea por cotizaciones sociales, IRPF, impuesto de sociedades e impuestos indirectos muy por encima de la pérdida de recaudación por eliminar el impuesto.
Cuando el espíritu del recaudador se adueña de la mente del legislador el país tendrá menos vigor empresarial, menos crecimiento y más paro
La reducción de cotizaciones sociales a cargo de la empresa, especialmente de las cotizaciones sobre los salarios bajos y medios, induciría una combinación de aumentos de salarios y empleo sustancial que indudablemente generaría ingresos públicos superiores a la pérdida inicial de ingresos de la Seguridad Social. De nuevo, los efectos positivos sobre el empleo y los salarios se producirían con más o menos retraso pero estos efectos tenderían a generar ingresos a la Seguridad Social similares a las pérdidas iniciales. Además, habría un aumento adicional de ingresos públicos recogido por otras figuras impositivas (IRPF, impuesto de sociedades e impuestos indirectos). En este caso, empero, más allá del impacto sobre los ingresos públicos, la rebaja de cotizaciones sociales (al menos a los sueldos medios y bajos) es una condición necesaria para reducir el anómalo y explosivo nivel de paro de nuestro país. No es casualidad la coincidencia de sufrir la mayor tasa de paro estructural de la UE y de la OCDE y que las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en proporción a los costes laborales o al PIB sean las mayores de ese universo de países.
En suma, cuando el espíritu del recaudador se adueña de la mente del legislador el país no sólo tendrá ingresos públicos menores e impuestos más altos que los que podría tener sino también menos vigor empresarial, menos crecimiento y más paro.
Carlos Enríquez
"...por razones ideológicas" Ese es uno de los problemas de este país. Las decisiones se basan en "razones ideológicas" y muy rara vez en poner blanco sobre negro "ventajas e inconvenientes" y tomar a partir de datos las decisiones. Luego está el mantra de "a menos ingresos, peores servicios públicos" Por lo visto a nadie se le ocurre introducir en la ecuación el término "Administrar mejor"
arturo moreno
A cualquiera que llame baboso a Sánchez en un comentario se lo censuran.
Juan
La oferta y demanda es un postulado que solo se aplica al sector privado pues, como dice el artículo, el concepto de elasticidad es ajeno al recaudador, que aplica el "más vale pájaro en mano..." Por tanto, a más manos, más pájaros. Lo que ocurre es que la bajada de impuestos lleva -erroneamente- aparejada una disminución de os servicios de estado; concepto que, electoralmente, nadie se arriesga a rebatir.
Caravino
Todo eso gracias al empeño contumaz por hacer de España un destino turístico de ''todo a cién'', con derecho a la gamberrada contínua, que espanta al turismo de calidad y de larga estancia, para el que nuestro país, se encuentra entre los paises mejor dotados de toda Europa y del norte de África. Asi estábamos en los años 50, y asi seguimos a comienzos del S XXI y estaremos por lo que resta de milenio, pués quién dirije, organiza y se beneficia de nuestro sector turístico, parecen ser los turoperadores Ingleses, franceses, alemanes y del resto de centro Europa.Nosotros no..
galaxyS9+
Todo esto estaba bien cuando se desconocía que el dinero se puede fabricar impunemente con los contactos adecuados, es decir disolución seguida de un nuevo orden con nueva moneda ¿digital?.
Annett
Una caída del consumo reduce la productividad deprimiendo las inversiones tanto en capital como en investigación y desarrollo I+D afectando a la capacidad potencial de la economía en el medio plazo. En una economía no gripada, (España lo está totalmente por el balance negativo estructural público político funcionarial y su política de subvenciones sectoriales), cualquier recuperación viene determinada por el fomento del consumo que reactiva el comercio y empresas. La rebaja de impuestos da confianza y atrae inversiones aumentando el PIB. A medio plazo al aumentar las empresas aumenta el IRPF, IVA, así como más cotizaciones a S. Social. En España el Estado descapitalizado, ante el afán político de recaudar votos sin asumir responsabilidades y reformas drásticas, lleva a una subida continuada y depredadora de impuestos que convierte la gestión económica en una espiral nefasta de deuda y depresión.