Por el ‘photocall’ de sentimientos en que se convertirá Barcelona estos próximos días, hasta el polémico e ilegal 1-O, posarán todos. Secesionistas y unionistas. Tanto aquellos que quieren romper con España como quienes se sienten tan españoles como catalanes tienen ya día y hora para manifestarse. El choque de ideas lleva años alimentando tertulias anónimas en Cataluña. Entre amigos, familiares y compañeros de trabajo. Un debate de ideas ganado, sin duda, por la escenografía secesionista. Con sus esteladas en los balcones o los parciales informativos de TV3. Con el lema ‘Madrid nos roba’. El gran leit motiv del entramado propagandístico. Frente al ruido, el silencio de una mayoría que ha callado hasta ahora. No se sabe muy bien el porqué. Quizás por un mero error de cálculo ante el sinsentido de la prole independentista de Artur Mas y Carles Puigdemont. Quizás por miedo. Quizás por evitar líos innecesarios con el vecino. O quizás, simplemente, porque esperaban mucho antes la respuesta de Madrid, de ese Estado en el que creen y, como ha quedado demostrado tras el golpe de Estado del Govern iniciado el miércoles con nocturnidad y alevosía, y con su segundo acto del pasado jueves, el único que les puede garantizar y salvaguardar sus derechos por la vía de la legalidad.
Hoy será una Diada histórica. Nadie lo duda. Con toda la maquinaria del independentismo a plena potencia. Porque el silencio de la mayoría ha pervertido la fiesta de todos los catalanes en la demostración de potencia de los secesionistas. Conscientes Puigdemont, Forcadell y compañía, que las imágenes de la Diada del martes en The New York Times, Financial Times o en la CNN se convierten en su único impacto en la comunidad internacional ante los fracasados road show, uno detrás de otro, del profeta Raúl Romeva o el propio Puigdemont por estos mundos de Dios. La gira por Estados Unidos, con nota de prensa falsa incluida, fue de chiste. Alemania y las autoridades europeas también se han posicionado claramente contra el procés. Las imágenes que se construirán esta tarde, con miles de personas en la Diada, se instrumentalizarán por este Govern imputado por la Justicia para enmascarar su legitimidad. La misma legitimidad con la que, en 48 horas bochornosas para la política democrática, decidieron saltarse a la torera no sólo leyes españolas, sino la propia reglamentación del Parlament, a sus letrados, y los dictámenes de urgencia de una institución inequívocamente catalana como es el Consell de Garantías. Puigdemont y compañía están instalados en su huida hacia delante. Con las orejeras puestas.
Ya demostraron que antepone el plan soberanista al interés general cuando, sólo un día después del atentado, el president declaró sin sensibilidad alguna que la hoja de ruta del procés seguía su curso. Ya demostraron que poco les importaba el dolor de las víctimas al pervertir la manifestación contra los atentados de Barcelona y Cambrils en una marcha independentista y contra los símbolos de España, a modo de ensayo general de la Diada. Todos tenemos claro lo que quieren. Pero nada ha explicado el Govern sobre cómo va a ser capaz de hacer viable su república independiente catalana. Una cuestión nada baladí. Mutismo total. Porque las verdades de la ley son duras en ese ámbito. Por eso, la cohorte independentista no habla de economía. Ni en su ley de Transitoriedad ni en documento alguno. Quizás, simplemente, porque su plan para empobrecer a los catalanes –eso supondría la independencia- es a nivel económico tan a las bravas como lo ha sido a nivel institucional. No reconocer las deudas con el Estado, como anticipo de un probable impago, en base a esa legitimidad en la que han impuesto la aprobación de las leyes del referéndum y de la desconexión.
El día después de la independencia, el Gobierno catalán tendría que hacer frente a una serie de costes ingentes para garantizar los servicios que presta y para proseguir en la senda del abaratamiento de los costes energéticos
¿Por qué silencia el Govern las consecuencias económicas de la independencia? Claramente, el horizonte de una Cataluña independiente no es nada halagüeño. El día después de la independencia, el Gobierno catalán tendría que hacer frente a una serie de costes ingentes para garantizar los servicios que presta y para proseguir en la senda del abaratamiento de los costes energéticos. En primer lugar, tendría que financiar la constitución del nuevo Estado y hacerse cargo de aquellas partidas que estaban aseguradas por el Estado español como los incrementos salariales de los funcionarios del Estado o el pago de las pensiones. Antes de salir de la Generalitat, Mas prometió subir las pensiones si se conseguía la independencia. Pólvora del rey. Después su consejero de Economía, Andreu Mas Colell precisó que no había que preocuparse porque “las pensiones están contraídas con el Estado español que es quien ha recibido las contribuciones durante muchos años y las debe pagar”. De nuevo, otra mentira. El sistema español de pensiones, como el de otros países democráticos europeos es el de reparto. Las pensiones no las paga el Estado. Las pensiones de hoy las pagan los que trabajan y cotizan hoy. Si mañana un territorio se declara independiente, sus pensionistas dependerán de los ingresos de los cotizantes. ¿Las pensiones de los pensionistas catalanes se pagarán sólo con lo que se recaude en Catalunya o con lo cotizado por los trabajadores de toda España? ¿Catalunya seguirá aportando a la caja común? ¿Qué ocurre con la infinidad de situaciones distintas de personas que han cotizado una parte de su vida en un territorio y otra en otro? ¿Qué ocurre cuando un cotizante en Catalunya se vuelve a su comunidad de origen? Hasta el momento, no hay respuesta alguna por parte del Govern.
Uno de los argumentos fundamentales que ha alimentado la independencia es la que sostiene que Catalunya dejaría de sufrir el actual expolio fiscal por parte del resto de España y dispondría de 16.000 millones de euros anuales más. Tanto Mas, Puigdemont como Junqueras aseguran que “si Catalunya no tuviese un déficit fiscal tan grande con España, de 20.000 millones de euroes anuales, en dos o tres años podríamos liquidar completamente la deuda”. El discurso está muy bien pero el problema es que estas cifras no son ciertas. Josep Borrell, exministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo y el ingeniero Joan Llorach han demostrado tras un análisis riguroso, en su libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, que estos datos son falsos. Según su opinión, el déficit fiscal real estaría más cerca de 3.228 millones de euros. Así que las supuestas ganancias fiscales quedarían reducidas a una quinta parte. De acuerdo con el Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas (SCPT) publicado estos días por Hacienda, Madrid registró en 2014, último año disponible, un déficit fiscal (impuestos pagados al Estado frente a ingresos recibidos) de 19.205 millones, equivalente al 9,2% de su PIB, el doble de lo que atribuye a Catalunya, 9.892 millones, el 5% de su PIB. De nuevo, otra mentira.
La consecuencia más inmediata de la independencia sería la salida de la Unión Monetaria Europea, a la que Cataluña, como parte de España, pertenece desde 1999. El nuevo país podría optar por seguir utilizando el euro de manera unilateral, pero sin ninguna influencia sobre su tipo de cambio ni sobre los tipos de interés. Además, la Comisión Europea ha reiterado, en relación con el proceso escocés y catalán, que la escisión de un Estado miembro de la UE dejará a la región escindida fuera de la Unión Europea, con la consiguiente pérdida del derecho a los cuatro Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: Entre 2007 y 2013, Cataluña recibió 1.400 millones entre la aportación europea y su complemento del Estado español. En el marco presupuestario actual (2014-2020), Cataluña tiene asignados más de 1.400 millones de euros, según el Acuerdo de Asociación firmado por España y la Comisión Europea la pasada semana. En términos absolutos, Cataluña será la cuarta Comunidad Autónoma más beneficiada, por detrás de Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha. Con cargo al FEDER (infraestructuras), Cataluña debe percibir 808,4 millones de euros; otros 348,5 millones con cargo al FEADER (ayudas a los agricultores); y 304,7 del FSE, destinado a políticas de empleo.
¿Alguien honestamente se puede creer que la independencia puede resolver el problema de los desempleados catalanes?
Esta pérdida de fondos golpearía más la complicada situación laboral que vive Cataluña, en donde hay más de 200.000 trabajadores que llevan más de tres años sin trabajo. ¿Alguien honestamente se puede creer que la independencia puede resolver el problema de los desempleados catalanes? ¿Existe alguna correlación entre la independencia y la reducción del desempleo? El problema del paro, el principal del país, ha quedado completamente relegado a un plano marginal por el aplastante debate por la independencia. Y como se habla mucho menos de ello parece que el problema es menor. Pero no lo es. Como tampoco el problema del acceso a la vivienda. Cataluña ha sufrido un número de desahucios superior al resto de España en términos relativos. Es un problema de la estructura de la propiedad y del peso de los bancos en la economía, que es el mismo en todo el país. La falta de viviendas a precios asequibles tampoco se resolverá con la independencia.
Lo que sí podría provocar la independencia sería un creciente boicot a los productos catalanes. El movimiento no sería nuevo. Ya lo vivió el sector del cava. Una situación que, de producirse, generaría un importante impacto para muchas empresas catalanas.
Las ventas al resto de España, que ascienden a unos 44.000 millones de euros frente a unas exportaciones a la UE de 37.000 millones y 22.000 millones al resto del mundo, según Societat Civil Catalana, seguramente sufrirían de una manera más intensa ante una eventual secesión por el lógico impacto de la imposición de aranceles por mínimos que fueran. Un informe de Exteriores estima una caída de ventas del 50% y apunta que los costes asociados al "efecto frontera" y aranceles supondrían un aumento de los precios en un 44%. Cualquier cuantificación de todas formas, es muy especulativa, pero el daño para las empresas y el empleo podrían ser muy graves aunque la caída de ventas fuera apenas del 10% o el 20%.
Otro dato a tener en cuenta es que debería continuar haciendo frente a los pagos del servicio de la deuda pública española que le correspondiese, al menos durante algunos años, y realizar algunas provisiones para infraestructuras inacabadas, como las del tren de alta velocidad, y sobre todo las interconexiones energéticas con Francia, consideradas vitales para garantizar un suministro barato.
De nada de esto se hablará en este photocall en que se convierte desde hoy Barcelona. Unas calles que deben escuchar también la voz de esa mayoría silenciosa. Es ahora o nunca. El golpe de Estado ya está en marcha.
