Son múltiples las ocasiones y variados los formatos en los que desde hace años vengo manifestado mi intensa crítica a la desequilibrada situación jurídica que, a consecuencia del contenido de nuestro Ordenamiento legal, tienen respectivamente el Estado y los contribuyentes. También he criticado que no son pocas las veces en las que, en el curso de una inspección tributaria, los inspectores de Hacienda usan sin matiz alguno las ingentes potestades administrativas que le confieren las normas legales. Estas declaraciones han provocado que con frecuencia se me haya preguntado acerca de la posible dirección política del trabajo de la Inspección de Hacienda, de la posible existencia de órdenes dadas por los responsables políticos para que un inspector se ensañe con un contribuyente concreto o, alternativamente, proporcione un trato de favor a otro. Siempre he respondido lo mismo y además con contundencia, convicción y conocimiento de causa: no hay tal. Sin que resulte posible negar que haya podido existir algún caso aislado, he afirmado con rotundidad que los inspectores de Hacienda ejercen su función con profesionalidad e independencia política. Profesionalidad e independencia que traen su origen en que ningún inspector debe su pertenencia al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda al favor recibido de un superior si no que por el contrario la ha obtenido por haber demostrado tener el necesario nivel de conocimientos técnicos y legales para serlo. Y lo ha hecho superando un exigente proceso selectivo que respeta los principios constitucionales de mérito y capacidad e incorpora adicionalmente elementos de concurrencia, publicidad y transparencia en las pruebas previstas para demostrarlo.

Miles de funcionarios hoy pertenecientes a otros Cuerpos de la Administración menos cualificados, podrán ingresar en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda sin más que recibir el parabién de la superioridad política

Sin embargo, esto puede cambiar y de hecho cambiará si el Gobierno lleva adelante el acuerdo suscrito con los sindicatos para modificar el sistema de promoción interna de los funcionarios. De aplicarse lo acordado, miles de funcionarios hoy pertenecientes a otros Cuerpos de la Administración menos cualificados podrán ingresar en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda sin más que recibir el parabién de la superioridad política y superar un aberrante test absolutamente impropio para el uso al que se le quiere destinar.

Empezando por el test, éste se compondría de un conjunto de preguntas para las que se propondrán cuatro respuestas alternativas entre las que el candidato debe elegir una. Es obvio que una prueba así es propia de un examen para la obtención del carnet de conducir o de figurar en cualquier semanario para descubrir la afinidad existente en los dos componentes una pareja sentimental. Pero en ningún caso es adecuada para comprobar el nivel de conocimientos técnico-legales que se precisan para ser Inspector de Hacienda. Para más inri, en el acuerdo Gobierno-Sindicatos se prevé que una respuesta equivocada no provoque penalización. Para observar el sin Dios de lo previsto resulta útil hacer unos sencillos cálculos numéricos.

Será Inspector de Hacienda quien de manera libérrima, caprichosa y subjetiva decidan los responsables políticos del proceso

Veamos, por estricta probabilidad estadística el mayor ignorante del mundo acertaría el 25% de las preguntas formuladas por lo que, en una posible calificación máxima de 10, ya parte de 2,5 puntos que le son regalados. Quiere decirse que para aprobar -obtener un 5- le bastaría con saber responder acertadamente a otro 25% de las preguntas incluidas en el cuestionario ¿Puede de verdad considerarse que aquél que solo sabe una cuarta parte de lo que se le pregunta ha demostrado tener los conocimientos necesarios para ejercer la compleja y delicada función que ejerce un Inspector de Hacienda? Francamente, no y por ello hay que exclamarlo con toda la crudeza que merece la cuestión: El Gobierno está dispuesto a hacer Inspector de Hacienda a miles de funcionarios sin comprobar que están capacitados para serlo.

Es obligado preguntarse entonces cual va a ser el criterio para seleccionar a los nuevos inspectores entre aquellos que aspiren a serlo, y aquí entra en juego la segunda parte del proyecto gubernamental pactado con los sindicatos. que es la valoración personal que de cada aspirante realicen sus superiores. Expresándolo en román paladino, será Inspector de Hacienda quien de manera libérrima, caprichosa y subjetiva decidan los responsables políticos del proceso. Es decir, lo será aquel que haya demostrado ser un “buen chico” -es la expresión que utilizan los miembros del Gobierno cubano para explicar cómo se deciden los nombramientos y ascensos en el sistema político vigente en Cuba-.

El fin de la independencia profesional

De acuerdo con lo expuesto, para ser inspector no será preciso disponer de las condiciones objetivas que habilitan para cumplir la función. Por el contrario, se precisará contar con el placet del responsable político de turno al que, además, los nuevos inspectores deberán la condición a la que han accedido. No hace falta ser un lince para imaginar lo que se nos avecina que no será otra cosa que inspecciones de Hacienda decididas políticamente, dirigidas políticamente y finalizadas políticamente. Está claro, el Gobierno pretende disponer de un ejército de comisarios políticos que, realizando inspecciones políticas, pueda amedrentar a todo aquel que le moleste, ya sea miembro de partidos de la oposición, periodista que no escriba a su dictado, analista que ose criticar su ejercicio del poder o famoso que no esté dispuesto a apoyarle públicamente. Bienvenidos a una proyectada nueva agresión al Estado de Derecho que en esta ocasión acabaría con la independencia en la labor profesional de unos funcionarios como son los inspectores de Hacienda.

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