La banca calló en aquel momento. En los tiempos duros de la crisis. No se defendió –una estrategia de la que ahora se arrepiente- del mensaje que quedó instalado en el imaginario colectivo: el rescate de las cajas de ahorros fue un ejercicio de socializar las pérdidas. Lo vociferó la izquierda, la moderada, y, en especial, Podemos. Fue uno de los grandes eslóganes de Iglesias, Monedero y compañía para ganar masa crítica. Se olvidaron, sin embargo, de la parte más importante del mensaje. Aquel sector financiero, el que deambulaba zombi al principio de esta década, estaba quebrado. Era un simple castillo de naipes. Y el maná del rescate, los 36.000 millones que prestaron los socios europeos, sirvió para salvar los depósitos de los clientes de las entidades zombis. Haber dejado caer ese sistema financiero, otrora el mejor del mundo, sí hubiera significado haber socializado las pérdidas. Los depósitos y cuentas corrientes de los clientes se hubieran esfumado sin posibilidad, ni siquiera, de un triste corralito.
Eso sucedió, es cierto, con las preferentes y las acciones de Bankia. En ambos casos, la inversión sufrió unas quitas de elefante como contrapartida al dinero público recibido por las entidades. Fue una de las condiciones pactadas por el gobierno de Mariano Rajoy a cambio de las línea de 100.000 millones bendecida por Angela Merkel. De un día para otro, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) permitieron que se cerrase el mercado secundario de las preferentes, dejando atrapado a miles de ahorradores. Y llegó el lío. Y el germen del mantra: la banca es mala. Se descubrió entonces que las entidades habían vendido a diestro y siniestro preferentes a jubilados, enfermos mentales, analfabetos que firmaban con su huella o, incluso, algún menor de edad. Se puso de manifiesto el abuso. En docenas, centenas, millares de casos. Lo mismo sucedió con las acciones de Bankia. Salieron de rositas los que habían pulsado el botón nuclear, los políticos, en el pacto con Europa. Supieron aprovecharse de que la banca ya era el peor de los diablos.
Un diablo que, además, no rompía ese pacto de sangre de mantenerse en silencio. Y la mierda le seguía cayendo. Desahucios, convertibles… Su silencio se convirtió en el caldo de cultivo idóneo para la mercantilización de los despachos de abogados. Supieron vender su producto, encontrar su hueco como los nuevos ‘Robin Hood’ frente a las tropelías cometidas por el sector financiero. Sus demandas de todo tipo, colectivas y centenares individuales, comenzaron a virar las resoluciones judiciales. La Justicia encontró su punto de afecto con los golpeados por la crisis. Pero también con muchos otros que sabían lo que firmaban y que ahora se han sumado a la ola de analfabetismo financiero que sacude a nuestra sociedad.
Sucedió con las preferentes, con las reclamaciones por la salida a Bolsa de Bankia, por las convertibles, por los swaps, los productos estructurados… Todos ellos, convertidos en productos del diablo por decenas de miles de sentencias. Pecados por los que la banca ha devuelto ya más de 6.00 millones a sus clientes (4.500 millones sólo Bankia –preferentes y salida a Bolsa-, otros 900 millones por las preferentes de las entidades rescatadas y el resto por otros productos). El golpe para la banca no se ha frenado ahí. La acción de la Justicia amenaza con otro tsunami de 22.000 millones por la retroactividad de las cláusulas suelo (4.000 millones) y la devolución de una parte de los gastos de formalización de las hipotecas (18.000 millones).
Resulta llamativa la extensión de la cláusula, que pretende atribuir al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato, supliendo y en ocasiones contraviniendo, normas legales
Nuevo frente, éste último, abierto en plena digestión del fallo del Tribunal Europeo de Luxemburgo sobre las cláusulas suelo. Como sucedió con los suelos, el Supremo encendió la mecha. Una sentencia de diciembre de 2015 asegura que “quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista (el banco)” y que, por lo tanto, “resulta llamativa la extensión de la cláusula, que pretende atribuir al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato, supliendo y en ocasiones contraviniendo, normas legales con previsiones diferentes al respecto”.
Ambos casos son claros ejemplos de Justicia social. Tabla rasa contra los abusos (supuestos, en muchos casos) que vuelve a dejar en entredicho la actuación de los notarios en todo el proceso de formalización y firma de un préstamo hipotecario. ¿De qué sirve su actuación si luego la Justicia falla en contra de contratos que valida? El debate sobre su asunción de culpas en todo este proceso sigue sin querer abrirse por el sector de la notaría, como demostró su respuesta a mi artículo de hace quince días ‘La culpa de los notarios en las cláusulas suelo y nuestro analfabetismo financiero’. Pero estos fallos trascienden al papel de los notarios y cuestionan la legitimidad de los contratos, al menos todos aquellos en los que hay un banco de por medio. ¿Los contratos ya no están para ser cumplidos?
Hemos llegado a un punto en el que todo contrato con un banco es susceptible de acabar judicializado, como máxima expresión del engaño o de la falta de transparencia. Una inseguridad jurídica que puede llevar al sector a la quiebra. Las sentencias contrarias por las hipotecas multidivisas empiezan ya a asomarse por los juzgados de primera instancia. ¿Por qué no reclamar contra la comisión por una tarjeta de crédito o de un descubierto? Incluso, ya hay dos sentencias que liberan a los avalistas de un contrato hipotecario de hacer frente a sus obligaciones ante el impago del familiar al que decidieron ayudar. Ambas resoluciones judiciales aclaran que el banco colocó a los damnificados, que "se creían" avalistas, en una situación de "deudor solidario", sin obtener "ninguna prestación" a cambio de "comprometer la totalidad de su patrimonio" para responder por una "deuda ajena" y "sin percibir las contraprestaciones" del deudor principal, quien "al menos dispuso del importe del préstamo". De aurora boreal, pero cierto.
El analfabetismo está protegido por una Justicia que iguala todo tipo de casos cuando, en realidad, no es así
De nuevo, otro pasaje del analfabetismo financiero de nuestra sociedad, el no saber qué obligaciones conlleva ser avalista. Analfabetismo protegido por una Justicia que iguala todo tipo de casos cuando, en realidad, no es así. En esa pelea anda ahora la banca, dispuesta a sacar de sus cuarteles de invierno a sus ejército jurídico para batallar contra la retroactividad de las cláusulas suelo y la devolución de parte de los gastos de formalización de una hipoteca. Una pelea complicada de ganar por el silencio que firmó la banca ante el estallido de la burbuja de sus vicios del pasado. Silencio interpretado como cheque en blanco para purgar por todos sus excesos.
La salud del sector financiero se juega ahora en los tribunales y no en las sucursales. Sacarse del ala 22.000 millones (cláusulas suelo y pago de gastos hipotecarios), junto al resto de obligaciones regulatorias que imponen el Banco de España y el Banco Central Europeo, además de la ruina que supone hoy en día el negocio bancario con los tipos de interés en negativo, supone un complicado ejercicio de supervivencia. Por mucho que esa factura tenga que pagarla el diablo. La banca.
