Hace exactamente cinco años, en mayo de 2017, publiqué una columna “Cómplices de la manipulación de los libros de texto” en El Mundo. Todavía era diputada, portavoz de educación con Albert Rivera, y andábamos empeñados en aquel imposible “Pacto por la Educación” que el PSOE voló.

Por aquel entonces, Íñigo Méndez de Vigo era el ministro de educación. A finales de abril, el sindicato AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari), ante "quejas de padres y maestros”, había denunciado un "adoctrinamiento ideológico" en algunos libros en Cataluña. Ciertos textos incluían planteamientos “que defendían partidos políticos, pero no la Constitución".

En un estudio que comparaba manuales de Ciencias Sociales de 5º y 6º de Primaria de siete editoriales, el sindicato había detectado errores flagrantes: desde reducción de contenidos, hasta falta de rigor científico y terminológico, pasando por una presentación de Cataluña como entidad separada del resto de España (y, en muchos casos, enfrentada) o planteamientos de jerarquía de leyes que no se correspondían con el ordenamiento jurídico.

Estas estratagemas sobre la educación, en aras a la construcción de posverdades, me parecieron muy serias. Básicamente, porque consideraba que constituían un emborronamiento entre la verdad y la mentira ante el sector más vulnerable de la población, los menores. Que estas situaciones no fueran detectadas por la inspección, pero, sobre todo, por la Alta Inspección (y que el Ministerio actuara de oficio), me resultaba preocupante y quería hacer algo. Hablé con Albert Rivera quien me dio todo su apoyo y confianza para que tomara las decisiones que considerara pertinentes.

Acordé con mi compañera Sonia Sierra (quien, como yo, con el cambio de liderazgo en el partido, abandonaría años después la política y la militancia en Ciudadanos), solicitar la comparecencia de la consejera en la Comisión de Enseñanza para que diera explicaciones en el Parlament. Paralelamente, en el Congreso, yo misma pregunté por escrito por las medidas que iba a llevar a cabo el Gobierno del PP para garantizar la seguridad jurídica, el cumplimiento de la legalidad y el «rigor científico y terminológico» en los contenidos.

Los editores de manuales escolares sufrían «presiones de todo tipo», hasta para cambiar «el color de un mapa» y que una misma comunidad había “llegado a pedir un contenido u otro según su alternancia política”

Casualidades del destino, en la Comisión por el Pacto Educativo se me presentó la oportunidad de preguntar al señor José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de enseñanza (Anele), invitado para comparecer en la Subcomisión, convocado por el PSOE, por la cuestión del adoctrinamiento.

Increíble e inesperadamente, Moyano reconoció, con gran valentía y en sede parlamentaria, que los editores de manuales escolares sufrían «presiones de todo tipo», hasta para cambiar «el color de un mapa» y que una misma comunidad había “llegado a pedir un contenido u otro según su alternancia política”. Moyano terminó su respuesta con un resignado “es la situación que vivimos”, ante nuestra mirada atónita y nos recordó que, cuando los libros no se ajustaran a derecho, había “inspecciones educativas que podrían abrir expedientes”.

Estas aseveraciones gravísimas me llevaron a trasladar la cuestión urgentemente al Gobierno. Mi compañero Juan Carlos Girauta (también fuera de la política y de Ciudadanos a raíz de la nueva dirección), preguntó en el Pleno al ministro de Educación cómo pensaba garantizar "el rigor académico de los libros”. Méndez de Vigo afirmó que los manuales “debían cumplir los requisitos de rigor y respeto de valores constitucionales”, pero que la competencia de supervisar los libros era de las comunidades autónomas. “La función de Educación es subsidiaria" dijo encogiéndose de hombros. Recordemos que, en esos momentos, Rajoy trataba de apaciguar “con paños calientes” la cuestión independentista, y a Méndez de Vigo le tenían atado de pies y manos.

Lo cierto es que, con su gesto, el ministro reconoció implícitamente que, hasta entonces, nadie había velado en este sentido por garantizar el rigor de la educación. Adicionalmente, yo interpreté que admitía que pudiera ser que algunos niños, en casos concretos, estuvieran estudiando novelas de ficción al servicio de la causa sin que ningún gobierno lo hubiera evitado. Eso sí, Méndez de Vigo se comprometió a elaborar un informe desde la Alta Inspección Educativa que diera cuenta de cómo estaba el tema.

Los españoles se dieron cuenta de que la posverdad que en ciertos casos se estaba transmitiendo a los niños era vergonzosa. Pero, en lugar de arreglarlo, Celaá acusó a los inspectores de ser poco rigurosos

Llegó la moción de censura y Rajoy se fue. A educación vino Isabel Celaá (esa señora que hoy está de embajadora en el Vaticano). El primer día que compareció en el Congreso, le pregunté por el informe que el Gobierno saliente decía estar elaborando y que no me había entregado. Con ese tono condescendiente que acostumbraba conmigo, se comprometió a rendir cuenta de él en cuanto llegara al Ministerio. El informe estaba terminado (con dinero público): y yo lo sabía. La ministra también, pero me fue dando educadamente largas hasta que, un día, el documento se filtró y ocupó portadas y espacios en televisión. Porque los españoles se dieron cuenta de que la posverdad que en ciertos casos se estaba transmitiendo a los niños era vergonzosa. Pero, en lugar de arreglarlo, Celaá acusó a los inspectores de ser poco rigurosos, chapuceros, vaya…y nunca hizo pública por vía parlamentaria esa información (ni tomó más acciones para enmendar el adoctrinamiento desde su ministerio).

La reducción del fracaso escolar aparecía como condición sine qua non de la Comisión para conseguir los fondos europeos. Así que había que rebajar las cifras fuera como fuera

El resto pueden recordarlo. Llegó la ley de la ministra que, además de ser un despropósito, se tramitó torticeramente, vulnerando derechos de representación de los agentes implicados (a quienes se les impidió comparecer en sede parlamentaria). También de diputados como yo (que ciertamente era una piedra en el zapato, hablando con finura) puesto que, por la programación kafkiana de las sesiones (hicimos una a las 11 de la noche para que no hubiera prensa), se me intentaba impedir votar (no había una sesión que no me la solaparan con otra importante). Pedí, con enorme impotencia, apoyo a mi nuevo grupo parlamentario para acudir al Constitucional. Prefirieron ni intentarlo, excusándose en que no teníamos fuerza suficiente y en que el amparo a un diputado por cuestiones como estas no se había ganado nunca.

Yo no daba crédito. La ley era (y es, como está viendo ahora la opinión pública) una absoluta aberración. La reducción del fracaso escolar aparecía como condición sine qua non de la Comisión para conseguir los fondos europeos. Así que había que rebajar las cifras fuera como fuera. Y ese “como fuera” para el PSOE no consistió en mejorar las capacidades de los niños más vulnerables sino en bajar el nivel de todos (cosa que sabían que afectaría especialmente a las familias con menos recursos).

Pero no sólo eso: la educación se utilizó como moneda de cambio para conseguir los votos de los populistas e independentistas con lo que sacar los presupuestos adelante. A cambio de estos votos, el PSOE admitió “normalizar” la “anomalía” de la posverdad y el aleccionamiento en una ley orgánica. Hoy, cuando se adoctrina en los libros de texto no es una irregularidad, es el estricto cumplimiento de la ley. Lo triste es que a algunos no les pareció lo suficientemente grave la cuestión e incluso se plantearon levantar el veto a la Ley en el Senado. Alucinante.

Pero Isabel: ¡despierta!: poco adoctrinan para lo que marca la norma. Todas las tropelías van a ser “fake”, pero legales

El resto es actualidad. Con una inflación disparada, una guerra que nos afecta, una crisis en ciernes, un Gobierno que no respeta ninguna institución, parte de la oposición zombi (solo preocupada por mantener sueldo y escaño y no por servir a la ciudadanía) se saca la cortina de humo de acusar a los editores de libros de texto de estar perpetrando la gran traición a España. Alguna, ahora sí, se rasga las vestiduras en ensayadas intervenciones.

Finalmente, llega Isabel Díaz Ayuso diciendo que va a mandar revisar los libros por la inspección: Pero Isabel: ¡despierta!: poco adoctrinan para lo que marca la norma. Todas las tropelías van a ser “fake”, pero legales. Eso es lo desgraciado de la cuestión. Porque los libros de texto, ahora sí, se van a ajustar a norma, a una norma aberrante que algunos permitieron tramitar.

El dedo inquisidor

Mientras el Constitucional decide si sí o no, a sendos recursos contra la Lomloe presentados por PP y por Vox, el grueso de nuestros niños, ahora sí, va a estudiar en un mundo de matrix que impulsa la empatía con el holoverso pero que no les enseña filosofía, ni a leer los números romanos, ni a hacer reglas de tres....

Y los docentes teniendo otra vez que sufrir el dedo inquisidor. Y las familias que pueden permitírselo, atiborrando a sus hijos de clases extraescolares para que sobrevivan el día de mañana.

Todo un despropósito. Pero ¡ojo! Que cuando se señala a la luna no podemos quedarnos mirando el dedo.

La culpa de la manipulación de la educación no es ni de los profesores ni mucho menos de los editores. Es de algunos políticos. Cómplices de este despropósito, unos por manipuladores y otros por indolentes e irresponsables.

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