Al PSOE siempre se le ha llenado la boca cuando de defender la existencia de la televisión pública se trataba. Sin embargo, los hechos vienen demostrando con persistente tozudez que esa aparente vocación de amparo, tanto en lo que afecta a la viabilidad financiera de la misma como al prometido blindaje de su independencia, solo ha sido una forma de camuflar lo que en el fondo todos los partidos que han gobernado han intentado de forma sistemática, el manejo directo o indirecto de RTVE, ya fuera mediante el nombramiento a dedo de sus responsables, ya a través del control dirigido de las fuentes de financiación.
Pero además de las promesas incumplidas de apoyo a una televisión pública plural y de todos, los socialistas perpetraron en 2009 el que probablemente fue el mayor ataque al Ente Público de los hasta ahora conocidos: la aprobación de la Ley de Financiación de la Corporación de RTVE, por la que se prohibía la contratación de publicidad en las cadenas públicas estatales, cediendo así a las presiones de las televisiones privadas.
Ayes asistimos al penúltimo ejercicio de obscenidad de un poder que pretende comprar el silencio de todo aquel que esté dispuesto a venderse
La encargada de dar el golpe de gracia a una televisión que a partir de aquel momento no ha hecho sino perder prestigio y audiencia fue María Teresa Fernández de la Vega, a la sazón vicepresidenta del Gobierno, quien no tuvo ningún reparo en traicionar aquellos preceptos “progresistas”, tras una opaca y vergonzosa negociación con las privadas, para comprar el silencio de estas ante la desastrosa gestión de José Luis Rodríguez Zapatero, confirmada poco después por el sorpresivo estallido de la crisis financiera.
De igual modo, ya durante el mandato de Mariano Rajoy, fue la entonces vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, la que promovió los cambios normativos pertinentes para que las fusiones entre las cadenas privadas se hicieran de acuerdo con los intereses de estas, despreciando la protección de criterios relacionados con el interés general tan relevantes como la pluralidad y la competencia. El resultado más llamativo de ese nuevo abarraganamiento, entre gobernantes y directivos de las privadas, fue la salvación de La Sexta, el enriquecimiento de sus propietarios y, como contrapartida, la puesta en marcha de la operación que culminó con la conversión del movimiento del 15-M en una alternativa al PSOE llamada Podemos.
Ayer, martes 31 de abril, hemos asistido al penúltimo ejercicio de obscenidad de un poder que está demostrando una flagrante incompetencia, si no responsabilidades de mayor cuantía, y que lo que pretende es comprar de nuevo el silencio de todo aquel que esté dispuesto a venderse.
Mientras se condena a la quiebra a decenas de miles de empresas, un grupo de privilegiados enseñorea su impresionante capacidad de coacción
La concesión aprobada por el Consejo de Ministros de una subvención de 15 millones de euros a diversos grupos de comunicación privados, entre los que se encuentran las cadenas de televisión, no busca el rescate de empresas estratégicas en dificultades. Atresmedia y Mediaset, titulares de Antena 3 y La Sexta y Tele 5 y Cuatro, declararon en 2019 un beneficio de 118 y 211 millones de euros respectivamente. No, lo que se pretende no es eso, sino garantizar un tratamiento informativo indulgente a los responsables de la gestión calamitosa de la crisis provocada por el coronavirus.
Mientras a los autónomos se les regatean las ayudas, y se condena a la quiebra a decenas de miles de pequeñas y medianas empresas, un grupo de privilegiados enseñorea su potencia de fuego, su impresionante capacidad de coacción, sin que apenas nadie plantee el mínimo reparo. Y lo que es aún peor: el Gobierno de todos, el que debería concentrar lo mejor de sus esfuerzos en proteger los derechos de todos los españoles, subarrenda de nuevo una porción de su autonomía a quienes han contribuido, más que ningún otro actor social, al empobrecimiento intelectual y moral de nuestros ciudadanos. A quienes seguirán enriqueciéndose sobre los cadáveres y la miseria de muchos españoles.
La consigna es: “Salvemos primero las personas y luego salvaremos las empresas”. Una consigna que hasta podría sonar razonable si no fuera porque esconde un objetivo que nada tiene que ver con el que se proclama: “15 millones para salvar al soldado Sánchez”.
