Pocas esperanzas de abordar a lo largo de la presente legislatura la limpieza de las llamadas cloacas policiales, asunto clave para todo Estado de Derecho que se precie. El nombramiento del comisario Florentino Villabona como Director Adjunto Operativo (DAO) el pasado enero, en sustitución del más que cuestionado Eugenio Pino, copain del famoso José Pepe Villarejo, alimentó la creencia de que el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, un hombre que ha sido juez antes que fraile, venía dispuesto a blandir la escoba capaz de barrer la mugre de la corrupción policial que a este país le rebosa por las orejas. Pero a Zoido se le jubila Villabona en noviembre próximo, y el nombramiento de sustituto, cuestión determinante a la hora de acometer aquel empeño, se ha convertido en el asunto que acapara todas las conversaciones en la cúpula policial.
Y las preocupaciones, también. Porque de postularse para el cargo se está encargando por tierra, mar y aire un comisario muy conocido en los ambientes policiales, José Luis Olivera, actual director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que es considerado un Villarejo-bis, una copia en sepia del personaje que ha centrado en los últimos años el trabajo de una parte de la Policía, la menos ejemplar, como negocio al servicio de toda clase de intereses, casi todos alejados del bien común y del servicio a los ciudadanos. Olivera aspira al cargo desde hace tiempo, y está promocionando activamente su candidatura sabedor de que este Partido Popular (PP) no puede permitirse el lujo de limpiar nada, necesitado como está de evitar filtraciones, taponar vías de agua, y dejar que el tiempo, el polvo y el lodo de tanta miseria entierre para siempre la gran pirámide de la corrupción en la que ha vivido desde 1996.
Cuentan en Interior que a Zoido le hubiera gustado hacer limpieza en las cuadras policiales, pero que sus padrinos en el PP y en el Gobierno Rajoy no sólo no se lo van a permitir, sino que le van a obligar a más de lo mismo: a nombrar un DAO cuya primera y principal misión consistirá en seguir tapando las vergüenzas del PP, evitando en lo posible el estallido de nuevos escándalos que, durante los dos próximos años, tiempo estimado de vida de la legislatura, pudieran perjudicar todavía más al partido de cara a esas eventuales elecciones a celebrar en 2019 o a lo sumo en 2020. Y Zoido no sabe lo que hacer. Tan perdido en la contradicción anda que está barajando la posibilidad de prolongar en dos años la edad de jubilación de los funcionarios, ello para poder seguir contando con los servicios de un hombre decente como Villabona, una conjetura que se antoja irrealizable en tanto en cuanto afectaría a todos los funcionarios del Estado.
¿Condenados a seguir padeciendo la Policía de Villarejo sin Villarejo? El ministro Zoido se inclinó por Villabona en un movimiento destinado a ganar tiempo, aplazando al menos 10 meses la escandalosa guerra de comisarios que se ha venido produciendo en los últimos años, particularmente bajo el mandato de ese patético, por ser benévolo con los calificativos, personaje que fue Jorge Fernández Díaz al frente de Interior, guerra que enfrentaba como figuras destacadas al tristemente célebre Villarejo y al también comisario Marcelino Martín-Blas, ex jefe de Asuntos Internos, pero que se había extendido por todo el cuerpo implicando de una u otra forma al resto de comisarios y afectando gravemente a las relaciones de confianza que deben existir en todo país civilizado entre su policía y el estamento de jueces y fiscales. Ganar tiempo, para empezar a adoptar decisiones tendentes a limpiar el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de indeseables.
El amo del "prao" policial hispano
El caso es que tras alguna salida un tanto ruidosa, como la del comisario Enrique García Castaño, otro de los lugartenientes de Villarejo, poco o nada se ha hecho, entre otras cosas porque la interinidad de Villabona impide adoptar medidas radicales que, en todo caso, habría que pactar con la cúpula del PP. Y ahí sigue el gran Pepe Villarejo como amo del prao policial hispano, incurso en al menos dos causas judiciales un tanto peligrosas para él: revelación de secretos por la grabación, manipulación y difusión de una conversación entre dos policías y dos miembros del CNI, procedimiento que es una de las piezas del “caso Nicolay” (Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el “pequeño Nicolás”), otro de los quebraderos de cabeza del ex comisario recientemente jubilado, sin olvidar el supuesto apuñalamiento de la doctora Elisa Pinto, quien, en reciente rueda de reconocimiento, identificó a Villarejo “sin ningún género de duda” como el hombre que la apuñaló estando en compañía de su hijo. Un horizonte judicial complicado.
Tan complicado que el famoso policía lleva meses metido hasta las cachas en una arriesgada operación que algunos comisarios en activo califican de “chantaje al Estado”: un intento de dar esquinazo a la cárcel mediante algún tipo de exoneración de los cargos que se le imputan, ello a base de acusaciones, de momento reducidas a meras insinuaciones, dirigidas contra el rey emérito Juan Carlos I y contra el director del CNI, general Sanz Roldán, sin que de su dedo acusador se salve el Gobierno del PP, el PSOE hoy en la oposición, y naturalmente un ramillete de comisarios del CNP. Como altavoces de esta estrategia, una serie de periodistas, particularmente en diarios digitales, a los que él mismo define como “mis periodistas infiltrados”, que son los que en los últimos años se han venido beneficiando de las exclusivas de ese “periodismo de investigación” consistente en pasarse por su despacho y salir a la calle con un puñado de folios mal escritos bajo el brazo.
Un modelo policial que ha entrado en crisis, pero que ha prosperado bajo el manto del lamentable Fernández Díaz, un ministro a quien sus comisarios llegaron a grabar en su propio despacho. Villarejo es hoy un hombre rico que hizo fortuna con la creación de empresas tapadera destinadas a encubrir determinadas operaciones policiales, empresas que funcionaban con fondos reservados y que Villarejo puso a su nombre porque alguien lo consintió, y que ahora pertenecen obviamente a Villarejo. Con el paso del tiempo, el aludido logró conformar un entramado que tiene más de lobby de influencias que de otra cosa, con el que se ha dedicado a prestar servicios de información/investigación a grandes empresas y empresarios, personajes con dinero bastante para pagarlos, mediante lo que en el CNP llaman “grupo de gestión de crisis” (policías, abogados, periodistas, incluso jueces) actuando siempre al margen de la Policía pero en cierto modo gozando de cobertura policial, esquema en el que resultaba clave un cierto control de la UDEF. “Él nunca ha trabajado como policía: él ha utilizado a la policía como cobertura, que es distinto”, sostiene un comisario en ejercicio.
“Y llegó un momento en que quiso internacionalizar sus servicios, tal vez porque la crisis redujo sus encargos en España, entrando entonces en terrenos pertenecientes al área de influencia del CNI, de modo que a la Cuesta de las Perdices comenzaron a llegar protestas del exterior, oye, tú, ¿quién coño es este fulano…? Y de ahí surgió su inquina al general Sanz Roldán”, sostiene la misma fuente. El entorno del polémico comisario asegura que ha sido la supuesta princesa Corinna, ex pareja del rey Emérito, quien ha proporcionado a Villarejo información sensible sobre la existencia de negocios compartidos entre Juan Carlos I y Sanz Roldán, con los que el aludido estaría tratando de amenazar para eludir la cárcel.
La gran conspiración contra Villarejo
Ocurre que, tras semanas de intensa campaña de imagen a la que se han prestado algunos medios, tanto en televisión como en digital, y cuyo momento cumbre fue la entrevista que Jordi Évole le concedió en La Sexta el domingo 25 de junio (centrada en lavar la imagen de los Pujol, Mas y resto de inocentes víctimas de la malvada “policía patriótica”), las cosas no parecen irle demasiado bien en el terreno judicial al “gran Nicolás”, mote con el que algunos comisarios aluden ahora a Villarejo. Una situación que le ha llevado en las últimas fechas a denunciar una supuesta conspiración contra él urdida por La Zarzuela y ejecutada por el CNI, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y su jefa de gabinete, la influyente María González Pico. Una melé en la que todo se complica, porque Villarejo ha trabajado mucho para Mauricio Casals, presidente de La Razón y hombre muy cercano a la vicepresidenta Soraya, pero al tiempo es muy amigo de Ignacio López del Hierro, casado con la titular de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Un tótum revolútum que, en todo caso, es claro exponente de la dificultad de extirpar de raíz la corrupción policial mientras el Gobierno de la nación esté en manos del PP, al menos de este PP controlado por esa estatua de sal llamada Mariano Rajoy. Villarejo sigue a lo suyo. El último relámpago de la tormenta que azota al CNP tuvo lugar este mismo viernes, con la publicación en un digital de una hilarante historia cuyo titular, a todo trapo, rezaba tal que así: “La Policía intercepta en plena calle a 8 espías del CNI que vigilaban a Villarejo con coches y motos”. De donde se infiere que de la cloaca policial sigue saliendo el mismo hedor de siempre, aventado por ese fétido periodismo que ha tomado carta de naturaleza en España. ¿Qué hacer? Zoido no lo sabe muy bien. De momento, el comisario Olivera no se pierde acto oficial, cóctel, cena, copa en embajada, jura de nuevos oficiales y suboficiales (la última, este mismo jueves) en el que poder exhibir sus credenciales. “Estamos francamente preocupados”, sostiene un viejo comisario, “porque si este hombre llega a ser nombrado DAO, seguiremos chapoteando en la misma mierda”.
