Repasando lo sucedido en las últimas semanas en la política española, es inevitable contemplar cómo entre las respectivas titulares de los Ministerios de Hacienda y de Igualdad parece haberse establecido una feroz competencia por ver cuál de ellas demuestra un mayor grado de incompetencia.

Que la ley conocida como la del “solo sí es solo sí” constituye una carga de profundidad en la línea de flotación del combate contra la delincuencia sexual resulta incontestable por ser un hecho estadísticamente cierto. Son ya del orden de 250 delincuentes los que han visto reducir su condena por aplicación de la ley, de los que un 10% ha resultado incluso excarcelado. La previsión apunta a que los agresores sexuales ya condenados que van a beneficiarse por la ley impulsada por Irene Montero pueden multiplicarse por diez en cada uno de los dos supuestos contemplados -rebaja de pena y excarcelación- Y, con todo, de la reducción legal se beneficiarán también todos los que cometan delitos sexuales a partir de ahora. Un desastre. Pero su responsable directa sigue, impasible el ademán, culpando a otros de su fracaso y manteniéndose refractaria a la reforma legal de su invento. Parece estar aplicando la máxima castrista: “Hacia atrás ni para coger impulso”.

Pero en la carrera de la incompetencia, la ministra de Igualdad tiene una fuerte competidora en su homóloga de Hacienda. Con la aprobación de sus nuevos tres engendros (los que gravarán a las empresas energéticas, a las entidades bancarias y a las “grandes fortunas”), María Jesús Montero ha realizado un eléctrico sprint con el que está disputando el triunfo a su colega de Gobierno. Conforme se profundiza en el análisis de los tres inventos y conforme se van conociendo datos sobre la génesis de su creación, resulta inevitable que crezca el estupor por las manos en las que está la Hacienda Pública española.

No es razonable que la Secretaria de Estado citada, y la Dirección General de Tributos que de ella depende, se enteren por la televisión de las normas que deben elaborar

Es un dato no oficial, pero corroborado por varias fuentes que el secretario de Estado de Hacienda se enteró de la futura creación de los tres esperpentos al mismo tiempo que el resto de los españoles, pues tuvo la primera noticia al respecto cuando Sánchez lo anunció públicamente. Esta circunstancia, que el Gobierno anuncie tres nuevas formas de imposición -las tres figuras son impuestos, aunque en dos de ellas el Gobierno haya cometido la simulación o fraude de ley de denominarlas “prestaciones patrimoniales” ¡manda huevos!- sin que el responsable de la normativa tributaria lo supiera, constituye una novedad histórica que, en este caso, es absolutamente aberrante. Lo es, porque en el normal funcionamiento de las instituciones, no es razonable que la Secretaria de Estado citada, y la Dirección General de Tributos que de ella depende, se enteren por la televisión de las normas que deben elaborar y además con una exagerada premura en su elaboración. Así han salido las cosas.

La simulación cometida en la denominación jurídica de los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas resulta especialmente chusca. Calificar como “prestación patrimonial” a dos figuras que han de pagarse en función de las ventas o ingresos, cuya gestión, recaudación y control se encomienda a la Agencia Tributaria y cuya revisión se realiza de acuerdo con las normas de la Ley General Tributaria, solo es posible desde el desprecio más absoluto al rigor técnico y a la claridad jurídica. Que la Directora General de la AEAT tuviera que reconocer en sede parlamentaria que sus directivos vivían enloquecidos por los mandatos cambiantes y sorprendentes que recibían del Gobierno relativos a los tres nuevos impuestos constituye una prueba del nivel de la chapucería ordenada por Sánchez y ejecutada por M. J. Montero. Que desde el Servicio Jurídico del Estado se comente que ellos han conocido el contenido de las nuevas normas leyendo el BOE evidencia el desinterés de la ministra por el buen orden de nuestro entramado legal. No es así como se construye un sistema fiscal ordenado, sistemático, coherente y respetuoso con los principios constitucionales en materia tributaria.

Los efectos de este “corre corre” en la producción de las normas tributarias no son pocos, pero todos son perniciosos. De entrada, la calidad jurídica y técnica de lo aprobado está a un nivel inferior al freático. Esta moda de inventar impuestos al estilo underground traerá como consecuencia que su aplicación provoque distorsiones en los sectores económicos y grupos de personas afectados y, por ende, al conjunto de los españoles. Su existencia resultará disuasoria para la atracción de capitales, así como para el mantenimiento de los hoy presentes en nuestro territorio fiscal. Y no debe descartarse que una posible declaración futura de anticonstitucionalidad de alguno de los gravámenes inventados -o de todos- provoque el correspondiente desorden en la fiscalidad y economía españolas, al tiempo que aumente el descrédito de nuestra Hacienda Pública española en el interior y en el exterior de nuestras fronteras. Vamos, un carajal.

Con este cúmulo de circunstancias, todas negativas, es evidente que la Montero de Hacienda se convierte en una peligrosa competidora de la Montero de Igualdad en la carrera por evidenciar cuál de las dos tiene una mayor carencia de competencia. Veremos quien acaba triunfando porque perder, lo que se dice perder, pierde España y perdemos los españoles. Parafraseando al conocido largometraje de nuestra cinematografía ¿Qué hemos hecho para merecer esto?

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