Nada sucede, desde hace semanas, sin salida o punto de retorno a Cataluña. Pero el contexto es diferente a días atrás. En apenas un mes, la entrada en vena del artículo 155 y sus efectos colaterales, aderezadas con las prisiones preventivas de Junqueras y varios exconsellers, el cínico (y bufónico) ‘erasmus’ de Puigdemont en Bruselas y la cobardía de Carme Forcadell en el Supremo, renegando de la famosa DUI para evitar un alojamiento intensivo en Alcalá Meco, han desarticulado (y roto) alguno de los frentes comunes en favor del órdago secesionista. Incluso la estancia entre barrotes está empezando a variar discursos. En ese ‘rock de la cárcel’, Junqueras ya retrasa la nueva intentona independentista a dentro de 15 años, consciente de que del 21D saldrá un gobierno transversal que intente ser ese pegamento que necesita la rota sociedad catalana. “Ahora hay que cocinar un caldo con todos los ingredientes posibles para que llegue a cuantos más platos mejor”, reflexionaba estos días un importante empresario catalán.
Una geometría imposible en la noche electoral que huele a tripartito en el que PSC, ERC y los Comuns serán aristas determinantes en el nuevo puzzle. Un encaje aglutinador, que puede convertir en president a Miquel Iceta, y por el que ya pujan (y comienzan a financiar) algunos de los empresarios ‘huidos’ en los momentos duros del órdago, los días posteriores al 1-O. “Ese caldo tiene que volver a sentar a la mayor parte de la sociedad catalana alrededor de la misma mesa. Sólo así podremos reestablecer el inicio del camino de retorno a un intento de normalidad”, insiste el mismo empresario.
Controlada la marea catalana hasta el ambiguo 21D, lo cierto es que Moncloa ha comenzado a sacar del sueño de los justos algunos de esos grandes temas aplazados por el órdago secesionista. Preocupa mucho en el Gobierno los titulares que generarán en las próximas semanas el subidón de los precios de la luz. Tanto como para ponerse la venda antes de la herida con mensajes que puntualizan que están trabajando en ello pero que poco pueden hacer ante un otoño sin esos dos grandes motores de las energías renovables: la falta de lluvia y de viento. En la sala de máquinas del ministro Nadal se sigue cocinando un ‘mix energético’ que levanta tirios y troyanos con las grandes eléctricas. Un dibujo con trazos tan imposibles como la sostenibilidad del sistema de pensiones. El que debería haber sido gran tema de esta legislatura, como de muchas otras anteriores, vuelve a caer en segundo plano ante las urgencias del presente. Error, enorme error, porque la hucha de las pensiones resuena cada vez más hueca, obligando ya a soluciones imaginativas. A principios de la pasada semana, el Ministerio de Economía anunció una limitación de las comisiones de los planes privados de pensiones para incentivar su contratación y el jueves llegó la contrarréplica de Hacienda. La chistera de Montoro planteó una "prima fiscal" para los contribuyentes de más edad. No fue más explícito.
En realidad, ese guiño fiscal pretende convencer a los trabajadores más cercanos a la edad de jubilación para que sigan en activo, trabajando, cotizando y aportando a la hucha de las pensiones en vez de comenzar a tirar de ella. El caramelo es una rebaja del IRPF contemplada en los presupuestos de 2018, siempre que el PNV otorgue la venia a su aplicación, sólo para aquellos trabajadores que opten por prolongar su vida laboral en el momento de la jubilación. De esta forma, esos trabajadores seguirían contribuyendo al sistema, aunque menos o a través de otras vías, y el Estado se ahorraría una pensión. Un dato para nada menor si tenemos en cuenta que las pensiones son cada vez más altas y se llevan gran parte del Presupuesto. Y que muchos expertos consideran que el déficit de la Seguridad Social ya es de carácter estructural y que hay que tomar medidas contundentes para sanear el sistema.
La oferta de Montoro es una música con una letra conocida. Mariano Rajoy planteó una medida así en la campaña de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, cuando se comprometió a exonerar del pago de IRPF a todos los trabajadores que decidieran seguir trabajando cuando llegaran a la edad de retiro. El Gobierno siempre ha sido partidario de incentivar la prolongación de la vida laboral de forma voluntaria y esta sería una buena vía para conseguirlo. Sin embargo, otros expertos van más allá y reclaman cambios más radicales, como elevar de nuevo la edad legal de jubilación, cambiar radicalmente el sistema actual por otro basado en cuentas individuales o suprimir algunas prestaciones no contributivas como las pensiones de viudedad.
El tiempo se agota cada vez más ante un calendario vegetativo a medio y largo plazo que necesita una reforma estructural de gran calado para que comience a dar sus frutos. Un asunto de Estado que necesita de mucha cirugía para evitar un enfrentamiento generacional dentro de pocos años, cuando haya tantos pensionistas como trabajadores en activo y cotizando. Una paridad que condenará, si no se remangan los políticos desde ya, a todos los menores de 55 años a la falta de una pensión digna. Incluso, algunos se atreven a decir que no habrá pensiones públicas. Lo que sí sabemos ya es que habrá un tijeretazo a las pensiones de nada más y nada menos que un 40% por la entrada en vigor de algunas medidas, como el nuevo índice de revalorización o el factor de sostenibilidad. El sistema de solidaridad generacional, como está concebido a día de hoy, es insuficiente. Por no ser más alarmista. En realidad, está en quiebra técnica.
El horizonte no es más halagüeño. Las previsiones de la OCDE estiman el coste de las pensiones para 2050 en el 15,5% del PIB. La razón es sencilla. El porcentaje de nuevos jubilados que percibe pensiones más altas se incrementa mes a mes. La pensión media de quienes se jubilaron entre enero y junio de este año ascendió a 1.364 euros, según la Seguridad Social, un 44% más de las pensiones de quienes se dieron de baja del sistema por fallecimiento en este mismo período (932 euros al mes). Este encarecimiento provoca que, este año, el gasto en pensiones se incremente un 3,4%, hasta los 83.561 millones, pese a que el número de jubilados sólo crezca un 1,34%.
El Pacto de Toledo trabaja para presentar sus nuevas recomendaciones de reforma, pero este plazo parece un poco ajustado ante las grandes urgencias del sistema. Cuando el Gobierno reciba estas recomendaciones, tendrá que hacer una propuesta de reforma e intentar consensuarla con los grupos políticos, algo que parece difícil dado lo fragmentado que está el Parlamento. Tocará negociar y mucho. Y, de nuevo, todo lo que pasa en el presente político, en ese juego de alianzas en el Parlamento, con Cataluña como eterno mar de fondo, marcará el futuro de las pensiones. El debate de las pensiones no acepta más demora. Necesita su particular 155. Toca aplicarlo ahora y ya.
@miguelalbacar
