Este programa europeo, como ya sabemos, está dotado con unos 800.000 millones de euros a precios corrientes, de los cuales a España le corresponden unos 140.000 millones de euros, unos 72.000 millones de euros en forma de ayudas a fondos perdido y el resto como préstamos reembolsables.
El programa en cuestión se va a financiar mediante la emisión de bonos, deuda mutualizada, con riesgos compartidos entre los diferentes estados miembros, la Comisión Europea en nombre de estos y de forma solidaria contraerá préstamos en los mercados de capitales garantizados por el presupuesto comunitario.
La deuda deberá ser reembolsada entre el 2028 y el 2058, contra los presupuestos comunitarios, para ello la Comisión planteará propuestas sobre nuevas fuentes de ingresos vinculadas a nuevas tasas y gravámenes europeos, como; impuesto digital, régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono o una nueva base imponible común del impuesto sobre sociedades.
Es crucial que en el presente seamos conscientes que, aunque los beneficiarios de los diferentes mecanismos de canalización de estos fondos reciban subvenciones y préstamos, los diferentes países de forma solidaria tendremos que devolverlos en el futuro. Asumiremos un coste elevado en las próximas décadas, por lo que debemos velar por que se cumpla el objetivo trasformador de los mismos.
Estas condiciones se recogen como actuaciones de reformas por parte de cada estado en su respectivo Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PNRR). Estas reformas deben diseñarse en línea a las recomendaciones recogidas por parte de la Comisión Europea y el Consejo, en los Semestres Europeos de los últimos años, entre las que destaco las siguientes: cumplir el esfuerzo presupuestario pactado para la reducción de déficit y deuda, alertar sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, implementar medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones, entre otras.
Un futuro hipotecado o de esperanzas
Asímismo, no debemos perder de vista que aunque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que recordemos fijaba un déficit máximo del 3% y un 60% de deuda pública está suspendido desde marzo de 2020, la Comisión Europea puede reactivarlo en cualquier momento, lo que es probable que ocurra a finales de 2022 0 inicio de 2023, los Estados estarán altamente endeudados (1) y el regreso a las exigencias del Pacto de Estabilidad no será nada fácil.
Nos encontramos ante una oportunidad única, “la oportunidad”, un momento excepcional, donde las opciones que tomemos hoy definirán el futuro para la próxima generación, es nuestra obligación asumir nuestro deber hoy con su futuro, no podemos permitirnos fallarles.
Estamos ante una apuesta decidida por la transformación de nuestro tejido productivo, que nos dote de mayores capacidades y resistencia para hacer frente a los próximos desafíos y retos. La magnitud de la inversión necesaria para lograr este objetivo debe perseguir aliviar la carga que la próxima generación llevará sobre sus hombros.
Las diferentes líneas de actuación recogidas en nuestro PNRR, supondrán un aumento del gasto público que debe ser contemplado en el marco de un programa a medio y largo plazo que garantice la sostenibilidad de la deuda pública. Es esencial que estas inversiones sean transformadoras y aceleren una verdadera transición a la economía del mañana, evitando el cortoplacismo y errores del pasado. Nuestros jóvenes, las generaciones futuras son la clave, por ello debemos tener muy presente y contemplar el concepto de “transmisión intergeneracional de ventajas y desventajas”.
La aplicación de estos fondos debe ir más allá de paliar efectos contra cíclicos a corto plazo de la crisis sanitaria y eso exige reformas de calado. ¿España podrá?
[1] La previsión del Banco de España para España es que nuestra deuda se sitúe en el 119,5% del PIB para 2021, bajará al 115,1% en 2022 por la mejora de la actividad y la reducción del déficit, caerá al 113,5% en 2023 y al 112,1% en 2024, una cifra aún muy elevada y muy lejos del límite del 60% que marca actualmente el Pacto de Estabilidad.
