España es un país sordo, un país ciego, que no escucha cuando le declaran la guerra, ni ve cuando le roban su nación. Comienza una nueva legislatura para un Consejo de Ministros que tiene el propósito de llevar a cabo una segunda transición, consecuencia inherente del fruto que dio la anterior en el '78. Pedro Sánchez reconoció en su investidura que «la Constitución es lo suficientemente flexible como para adaptarse a los nuevos tiempos», y fue la única verdad que pronunció, pues no hay mecanismos efectivos para impedir el establecimiento de su tiranía ni para defender la nación. La impunidad del Estado está garantizada. Por eso Pedro Sánchez ha podido llegar hasta aquí. Y lo que queda.

Durante muchos años se especuló con lo que sucedería en una Segunda Transición. Los ciegos cortesanos siempre creyeron que sería con el cambio de Rey, que no gobierna, pero al parecer a veces frunce el ceño. Los ingenuos, que sería para adoptar las reformas profundas y necesarias para construir una democracia sólida que protegiese la soberanía de la nación y los derechos y libertades fundamentales de los españoles —aún creo que algún día será posible. Pero la Segunda Transición que vive España en décadas comienza en esta legislatura de la amnistía, (la siguiente será la del referéndum). El objetivo es establecer un régimen Federal donde España se diluye y se somete a Cataluña y vascongadas. Un sistema que es una consecuencia de la configuración del Estado Autonómico y el sistema electoral que nos fue otorgado.

La ley de amnistía será la primera de las leyes habilitantes de este nuevo régimen de extrema izquierda que además implica la impunidad de la clase dirigente, de los poderosos. Un régimen político hecho a a la medida de la corrupción sistémica. Pero sobre todo, la ley de amnistía habilitante implica la persecución de la oposición.

El nuevo régimen sólo puede ser despótico y represor, pues sólo con la fuerza puede someter cualquier resistencia al expolio moral y material que implica un Estado contra la nación. España no sólo será una federación asimétrica, sino que será un lugar irrespirable para el trabajador, que ha de mantenerlo, y especialmente para quien sea disidencia, algo distinto a la oposición. El nuevo régimen no sólo no es democrático, sino que sólo puede ser represor.

Es un cambio de régimen que malvende la nación española a sus enemigos. No sólo estamos ante un golpe de Estado, sino ante una traición

En primer lugar es necesario aceptar el diagnóstico de la situación. Estamos ante un golpe del estado, desde las instituciones, contra la nación. La oposición no disidente del Partido Popular niega tal realidad con afirmaciones contradictorias. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez pretende subvertir el orden constitucional desde el poder mediante mecanismos distintos a los contemplados en la Constitución. Sin las mayorías cualificadas para llevarlo a cabo, mediante leyes orgánicas, como la de la amnistía, que acaba con toda ficción de Estado de Derecho. Ésta es la definición de golpe de Estado. Y además es un cambio de régimen que malvende la nación española a sus enemigos. No sólo estamos ante un golpe de Estado, sino ante una traición.

El problema principal es que para poder cometer tan grave crimen contra la nación se necesita acabar con los derechos y libertades políticas de media España, a la que ha declarado la guerra Pedro Sánchez con ese muro frente a la extrema derecha a la que está expulsada todo el que no apoye al Gobierno. Pretende arrestar a toda disidencia efectiva, como la que cada noche protesta en Ferraz y a quienes pasean por el Parque del Oeste para ir a protestar a La Moncloa. Ya que el Presidente socialista no escucha a la calle que clama, la reacción natural es que ésta vaya donde pueda ser escuchada. 

Todo el que porte una bandera de España ahora es sospechoso para la Policía Nacional y tildado como «agitador ultra de extrema derecha» por todos los medios del régimen. Ferraz y las inmediaciones del barrio de Moncloa se han convertido en una ratonera donde los derechos y libertades fundamentales han quedado en suspenso. Los españoles pacíficos pueden ser detenidos, amedrentados, aporreados y gaseados, no sólo de forma impune por la policía, sino linchados y vejados mediáticamente sin más defensa que Ortega Smith, concejal del Ayuntamiento que ha aparecido por allí cual observador de la ONU. Vigila y sermonea a policías pidiendo contener la desproporción de la fuerza por quien va armado, contra quien sólo lleva una bandera de España. 

Todos esos que hicieron toda su carrera al autoproclamarse antifranquistas años después de su muerte, que se inventaron correr delante de los grises sin recibir un solo porrazo, ahora son el aparato represivo del Estado

Todos esos que hicieron toda su carrera al autoproclamarse antifranquistas años después de su muerte, que se inventaron correr delante de los grises sin recibir un solo porrazo, ahora son el aparato represivo del Estado frente a personas que quieren el respeto de sus libertades fundamentales para defender España. 

Ante esta situación de ruptura de la convivencia en la que los ciudadanos estamos expuestos y en peligro, no cabe ninguna concesión al Gobierno, ni a nadie del Estado que participe en ninguna de las fases del proceso por las que se lleva a cabo el golpe de Estado. Hay que incrementar la resistencia en la calle, en las instituciones y en cada recoveco.

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