El 28 de agosto de 2016, mi partido, Ciudadanos, y el Partido Popular, firmaron un acuerdo de investidura denominado “150 Compromisos para Mejorar España” que constituía el documento marco por el cual Mariano Rajoy recibió los votos de los diputados de Ciudadanos para ser investido presidente del Gobierno en el mes de octubre de 2016 a cambio del cumplimiento de los puntos incluidos en el texto.
Transcurrido año y medio desde que arrancó la nueva “etapa mariana” es hora de analizar el grado de cumplimiento de este acuerdo marco, cuya vulneración flagrante, debería constituir un “casus belli” para que Ciudadanos retirara el apoyo parlamentario a Rajoy de forma inmediata.
Dado que el documento es bastante extenso, vamos a centrarnos en los puntos más relevantes del acuerdo y que están en línea con las principales exigencias que los ciudadanos demandan a la clase política.
- Aprobación de forma estricta de todas las acciones incluidas en la última Recomendación emitida por la Comisión Europea para el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.
Las conclusiones del Informe sobre España 2018, con un examen exhaustivo en lo que respecta a la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, emitido por la Comisión Europea el siete de marzo de 2018, determinan que la mayoría de los avances son limitados o residuales en lo que a las recomendaciones se refiere. Aquí podemos ver un cuadro resumen de las conclusiones del informe:
El siguiente jarro de agua fría para la Comisión Europea ha sido la presentación de los PGE 2018, que suponen un festival de gasto que se incrementa en más de 15.000 millones de euros, un incremento del agujero del Sistema de Pensiones que superará los 25.000 millones de euros y la total inviabilidad para cumplir el objetivo de déficit del 2,2% pactado con Bruselas que constituiría la salida de España del Protocolo de Déficit Excesivo (España ocupa el dudoso honor de ser el único Estado Miembro dentro de ese Protocolo). Todo ello, sin saber aún las concesiones finales que el Gobierno hará al PNV, nacionalistas canarios y regionalistas navarros, necesarios para alcanzar la mayoría en la aprobación.
Por lo tanto, este punto, de suma importancia para la estabilidad de la economía española, según el informe de la Comisión, no se ha cumplido, ni tiene visos de cumplirse en un futuro próximo.
Paralelamente, el grupo de profesores y economistas independientes formado por Roberto Centeno, Juan Laborda, Juan Carlos Barba y un servidor (Los Cuatro Jinetes) hemos enviado una carta a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo, y a los ocho ministros de Finanzas de la Unión Europea que firmaron recientemente un manifiesto a favor del estricto cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, donde les explicamos que el Gobierno de España ha incumplido el objetivo de déficit en 2017 (un 3,75% en lugar del 3,07%), que ha mentido en los datos de recaudación tributaria (4.000 millones menos según la AET) y que la aprobación del proyecto de PGE 2018 se traducirá en un aumento exponencial de los desequilibrios económicos y pondrá en serio riesgo la estabilidad de la Eurozona.
2. La gestión del gasto e ingresos públicos debe aspirar a la mayor eficiencia posible, eliminando duplicidades administrativas, conteniendo el gasto superfluo, repartiendo las cargas y beneficios de la política fiscal de forma justa, asegurando que se premie a los que cumplen y castigue a los que defrauden, y favoreciendo el crecimiento, la creación de empleo y la atracción de capital humano.
En este punto, el pacto incluye, entre otras, medidas como la revisión integral e independiente del gasto público, rebajar el IRPF en 2 puntos, reformar el Impuesto de Sociedades para eliminar las exenciones a las grandes empresas (inmediato), la armonización de los tributos cedidos a las comunidades Autónomas para evitar discrepancias entre ellas (por ejemplo, la locura del impuesto de sucesiones y donaciones en cada región), garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la amnistía fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas, devolver a la Agencia Tributaria el control de las SICAV, garantizar la independencia de los Reguladores nombrando a los responsables en el Pleno del Congreso de los Diputados, separar la CNMV en dos órganos (como antes), reformar el sector eléctrico para que los precios sean competitivos, reformar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para eliminar barreras, establecer una Ley de Transición Energética y Medio Ambiente, impulsar la Investigación y el desarrollo digital y transformar el entorno agrícola y la distribución del agua.
El gasto público y la ‘industria política’ siguen disparados, los Reguladores siguen siendo instrumentos del jefe político de turno y el mercado energético un implacable oligopolio"
Pues bien, ni una sola de las medidas expuestas anteriormente ha sido ejecutada ni tiene visos de serlo en el futuro próximo. La realidad es todo lo contrario. El gasto público y la “industria política” siguen disparados, los defraudadores no han devuelto un euro, los Reguladores siguen siendo instrumentos del jefe político de turno y el mercado energético sigue siendo un implacable oligopolio.
3. Debemos apoyar el desarrollo empresarial, trabajando en la eliminación de los escalones regulatorios que desincentivan el crecimiento de las PYMES, de forma que puedan desplegar su máxima productividad y competitividad adquiriendo la escala óptima. Queremos reconocer e impulsar el papel clave de los trabajadores autónomos, que son una parte fundamental de nuestra economía. Para ello, llevaremos a cabo medidas urgentes que faciliten la actividad de los autónomos, reduzcan las cargas administrativas y fiscales que soportan, mejoren su protección social, particularmente las de las mujeres.
En este punto, el acuerdo incluye, entre otras, medidas como rebajar el Impuesto de Sociedades hasta en 10 puntos a las PYMES que inviertan sus reservas en I+D, elevar el umbral para los pagos fraccionados de IVA a las empresas desde los 6 hasta los 20 millones de euros o fortalecer la protección social de los trabajadores autónomos para hacerla equiparable a las prestaciones del régimen general.
Lamentablemente, ni una sola de las medidas expuestas anteriormente ha sido ejecutada ni tiene visos de serlo en el futuro próximo.
4. Nuestra política laboral persigue tres grandes objetivos, dirigidos a acabar con los principales problemas que afectan a nuestro mercado de trabajo: reducir el desempleo, especialmente el de larga duración; acabar con la precariedad, fomentando la creación de empleo estable y de calidad; y potenciar el capital humano con unas políticas activas de empleo y formación verdaderamente eficaces.
En este punto, el acuerdo incluye, entre otras, medidas como reducir a tres las modalidades de contrato (indefinido, formación y de duración determinada con indemnización creciente), aumentar el grado de cobertura y atención a los parados de larga duración, aplicar un reglamento para agilizar y auditar los cheques de formación o crear un portal público y único de empleo.
Ni una sola de las medidas expuestas anteriormente ha sido ejecutada ni tiene visos de serlo en el futuro próximo. Al contrario, el sistema de contratos no ha variado, la infame Reforma Laboral del Partido Popular sigue transformando empleos dignos en indignos, los parados de larga duración aumentan cada mes y sólo un 5% de los contratos que se firman son indefinidos a tiempo completo.
5. Fortalecer el sistema público de pensiones para asegurar su sostenibilidad y suficiencia. Estudiar la reordenación de las fuentes de financiación del sistema público de pensiones, en especial en lo relativo a aquellas prestaciones que no tengan un carácter netamente contributivo.
La realidad, a día de hoy, nos presenta un panorama bien distinto de lo que reflejaba el espíritu del acuerdo de investidura. El Sistema de Pensiones, no sólo no satisface la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, sino que además no es sostenible, ya que necesita de la concesión de créditos extraordinarios para cubrir un déficit que sólo en 2018 será de más de 25.000 millones de euros y parece que ni Gobierno ni Oposición están dispuestos a tomar el dinero de dónde hay (en la industria política) para ponerlo dónde no hay (Fondo de Pensiones). Los pensionistas más vulnerables (viudedad, orfandad y no contributivas) están más desprotegidos que nunca. La opacidad con el pensionista es mayor que nunca para la toma de decisiones, acompañada de una propaganda alimentada por el oligopolio bancario para captar ahorro en planes de pensiones privados, y, por último, no se ha avanzado nada en compaginar la actividad laboral con la pensión. En resumen, ni una sola de las medidas expuestas anteriormente ha sido ejecutada ni tiene visos de serlo en el futuro próximo.
6. Garantizar la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud (SNS), asegurando la sostenibilidad de un sistema sanitario público, universal, de calidad y gratuito, y garantizando la igualdad en el acceso con una misma cartera básica de servicios para todos los ciudadanos. Se regulará el acceso los profesionales a los puestos de trabajo mediante procesos de libre concurrencia donde se aseguren los principios de igualdad, mérito y capacidad.
La realidad sigue siendo bien distinta y sin visos de cambiar. Los pacientes no son tratados de igual forma en cada región, incluso se les niegan los traslados. Los profesionales son expulsados en algunas regiones por motivos estúpidos como el conocimiento de una lengua secundaria, que les excluye antes que los conocimientos y la necesidad de servicio, lo que provoca graves daños en la población.
Hay otras medidas incluidas en el pacto que llevan más de un año empantanadas en la burocracia de las Comisiones parlamentarias y ante las que los colectivos afectados prácticamente han tirado la toalla ante la posibilidad de que se lleve algo útil a término. Algunos ejemplos son:
7. Aprobar una Ley de Protección Integral frente a la Violencia Intrafamiliar y modificar Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género para adaptar la legislación española a las exigencias del Convenio de Estambul y las recomendaciones de la CEDAW.
8. Impulsar las reformas legales necesarias para incorporar en nuestro Código Civil la custodia compartida como modalidad más deseable.
9. Llevar a cabo, en coordinación con las CCAA, un proceso de evaluación permanente de la Ley de Dependencia en España para garantizar unos estándares comunes de calidad.
10. Desarrollar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, adaptando y actualizando el ordenamiento jurídico a los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
11. Aprobar un Estatuto del Personal Docente, basado en el Libro Blanco de la Función Docente que establece los deberes y derechos del profesorado
12. Aprobar una nueva Ley de Mecenazgo y un Estatuto del Artista y el Creador
Si profundizamos en el área de Reformas Democráticas y Transparencia, nos encontramos, entre otras, con el compromiso de la eliminación de aforamientos, la prohibición de realizar indultos a condenados por corrupción, la aprobación de una Ley de protección a denunciantes de corrupción o la Reforma de la Ley Electoral. En todos los casos, el Partido Popular ha traicionado el pacto sin ningún pudor.
La realidad nos presenta un panorama bien distinto de lo que reflejaba el espíritu del acuerdo y si no rompemos ya, corremos el riesgo de que millones de españoles se sientan defraudados"
Si nos referimos al campo del fortalecimiento de las instituciones, el pacto contiene medidas como la defensa de la unidad de España, la reforma de la Ley de Financiación de CCAA para garantizar la igualdad, mejorar las instituciones para eliminar duplicidades e ineficiencias o reformar el Estatuto de la Función Pública para evitar el nepotismo y los enchufados en favor de la meritocracia. Todos estos puntos vienen a engrosar el listado de incumplimientos del Partido Popular que sigue a la perfección el dogma lanzado por Rajoy cuando llegó al poder en 2011: “Eso, ni se toca”.
Todos los ejemplos expuestos, son evidencias indiscutibles del flagrante incumplimiento y vulneración del pacto de investidura por parte de Mariano Rajoy, así como la más clara muestra de deslealtad y desobediencia al mandato del pueblo español, con el qué se comprometió en su investidura a condición de llevar a cabo los puntos del pacto alcanzado con Ciudadanos.
Por este motivo, y muchos otros, entre los que se incluyen la laxa ejecución del Artículo 155 en Cataluña, la permisibilidad en la financiación del proceso de sedición y la cesión al chantaje de nacionalistas vascos y catalanes en perjuicio del resto de españoles, mi partido debe retirar inmediatamente el apoyo parlamentario y Rajoy y provocar la convocatoria de elecciones generales para que los ciudadanos decidan con su voto quién quiere gobierne España.
Si no lo hacemos ya, corremos el riesgo de que millones de españoles que están pidiendo a gritos el cambio, se sientan defraudados y abandonen la lucha, y lo que es peor, que antes Rajoy acabe por provocar un daño irreversible al país del que no se pueda recuperar.
Para Ciudadanos es hora de pasar de las palabras a la acción, y el pacto que en su día supuso la presidencia para Rajoy, hoy debe ser el detonante de su desinvestidura.
PD: Hoy le dedico el tema “Moonlight Shadow” de Mike Oldfield con la voz de Maggie Reilly.
