En enero de 2021, titulé así uno de mis artículos: “Un Gobierno enfrentado y, por tanto, inservible”. En ese momento se cumplían 365 días del gobierno de coalición, y el análisis, mi análisis, apuntaba a la dudosa utilidad, en clave de gestión pública, de una coalición de conveniencia en permanente estado de careo: “Si algo ha quedado claro en este año largo de irregular coexistencia es que el populismo es fuente permanente de inestabilidad y productiva fábrica de ineficacia”.

Hoy, cuando encaramos la recta final de una agitada legislatura, lo que debiéramos preguntarnos, además de recrearnos en lo acertado de nuestros pronósticos, es si en una coyuntura de extrema dificultad España se puede permitir un Gobierno que dedica lo mejor de sus esfuerzos no a salvar el país, sino a salvarse, cada uno por su lado, a sí mismo; si es política y éticamente aceptable que las dos (o tres) facciones que componen el Ejecutivo, en vísperas de un drama aún no del todo advertido, utilicen prioritariamente, y en no pocos casos, su posiciones de poder como meras lanzaderas electorales.

Sánchez ha puesto en marcha su última jugada: ir soltando amarras con Podemos sin romper con Podemos. ¿Misión imposible? Pan comido para un experto en cabalgar contradicciones

Desde esa atalaya construida con montañas de irritación ajena, Pedro Sánchez ha puesto en marcha su última jugada: ir soltando amarras con Unidas Podemos sin romper con Unidas Podemos; aparecer a un tiempo como defensor de los valores del Occidente capitalista y llanero solitario de la izquierda virtuosa (y antitabaco). ¿Misión imposible? Pan comido para un experto en cabalgar contradicciones, normalizar la incoherencia, trivializar la rectificación y vulgarizar el engaño.

Sánchez es capaz de eso y más: de restregarle la cara a Yolanda Díaz con 1.000 millones de gasto extra en Defensa y paralelamente pedirle a Tezanos que cuide a la vicepresidenta (segunda), “para que no se nos desmorone”; de aprobar la llegada de dos nuevos destructores a Rota a cambio de un abrazo (de Biden) y al día siguiente firmar con Bildu un infame acuerdo sobre la memoria histórica. ¿Quién dijo complejo?

Yolanda, ante su decisivo cruce de caminos

Difícil papeleta la de Yolanda. Diezmado su equipo titular (Colau, Oltra…), con el socio colindante autodestruyéndose en Times Square, y con unos datos demoscópicos que hoy por hoy indican que la expectativa electoral de su proyecto es inversamente proporcional al éxito de su molona e intransferible imagen, la vicedos va a tener serias dificultades para defender las bondades de su gestión en las municipales y autonómicas de mayo del 23 y en medio de una recesión que tendrá su reflejo en la calle y probablemente en el empleo.

Difícil papeleta y difícil decisión la que Díaz habrá de tomar más pronto que tarde, entre dos opciones, después de tragar, que tragará, con los 1.000 millones de nada en tanques y otras fruslerías: 1) Poner tierra de por medio y ver los efectos de la crisis desde la barrera de la oposición de izquierdas; o 2) Aguantar el tirón para seguir aprovechando hasta donde sea posible la sobreexposición mediática de la que disfrutan los miembros del Gobierno. Y tan relevante como el camino elegido es interpretar adecuadamente los tiempos. Porque igual son otros los que acaban decidiendo por ella.

Ese es el drama de doña Yolanda: otro episodio como el de los 1.000 millones más en Defensa y está con un pie fuera. Hasta las tragaderas suelen tener un límite. No así las del PSOE, cuyos dirigentes parecen haber asumido, como si tal cosa, que una vicepresidenta del Gobierno monte desde dentro una plataforma para combatir electoralmente a una parte de ese Gobierno. Cosas más raras se han visto, pero solo en algunos programas de Tele 5.

Es algo más que sorprendente que se sitúe en el mismo plano de legitimidad a quienes siguen justificando a ETA  y a aquellos que han sufrido las consecuencias de su violencia

Pero volvamos a lo de la Ley de Memoria Democrática y Bildu, que merece algo más que un paréntesis. Porque más allá de lo inexplicable de una coyunda que ahuyenta a muchos de los votantes históricos del Partido Socialista, lo realmente llamativo son los argumentos utilizados por los avalistas del proyecto. Por ejemplo, este párrafo de un reciente editorial de El País: “No puede ser motivo de escándalo que una fuerza política como EH Bildu apoye una iniciativa legislativa y pida introducir aquellos postulados que satisfacen sus expectativas”. Lo escandaloso no es la petición (ya estamos curados de espanto), sino su aceptación, que es la que sitúa en el mismo plano de legitimidad a quienes siguen justificando a ETA y a quienes han sufrido las consecuencias, muchas veces irreversibles, de su violencia.

Como resulta escandaloso que una ley de pretendida Memoria Democrática no sea transversal, no haya sido negociada, como poco, con el principal partido de la Oposición y sí con PNV, PDeCAT, ERC, Más País y EH Bildu. Ni es una ley útil, ni es reflejo de una verdadera memoria, ni es democrática, por mucho que a Sánchez le salgan las cuentas. Como tampoco es legítima; porque la legitimidad no la da la aritmética parlamentaria, sino la trayectoria política. Bildu es legal, paso imprescindible para aspirar a otras virtudes pero insuficiente para ser acreedor de una legitimidad democrática que, al reconocérsele en este proyecto a los herederos políticos de ETA, se le está discutiendo a las víctimas. No tiene un pase.

Postdata 1: señora de ministro y (desaparecida) directora de Migraciones

Se llama María Jesús Herrera, y es directora de misión en España de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas. Depende de la ONU, pero la nombra el Gobierno de turno, que es quien paga su sueldo con cargo a la contribución española al organismo internacional. Ocupa el cargo desde 2011, elegida, en su fase terminal, por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, lo que provocó la protesta de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), enfurruñados porque el puesto no fuera ocupado por un diplomático de carrera, que era lo habitual. Mariano Rajoy mantuvo a Herrera en su puesto. Y ahí sigue, sin que se sepa muy bien qué hace y sin que la hayamos oído ni una sola declaración, reflexión y mucho menos crítica en relación a sucesos de extraordinaria gravedad vinculados con sus teóricas competencias, como los de la playa del Tarajal en 2014, el acceso a Ceuta por mar de unos 5.000 ilegales en mayo de 2021, entre los que había alrededor de 1.500 menores, o el más reciente del asalto a la valla de Melilla, que se saldó con una treintena de muertos en el lado marroquí y sobre el que la ONU, la de Nueva York, ha instado a España y Marruecos a abrir una investigación exhaustiva. El marido de María Jesús Herrera es Luis Planas, ministro de Defensa y embajador en Marruecos entre 2004 y 2010.

Postdata 2: Pedro Quevedo, once años después

Don Pedro Quevedo Iturbe, el diputado 176, Nueva Canarias, ha entregado el acta. Le sustituye María Fernández, según lo pactado con Coalición Canaria. Once años en el Congreso de los Diputados defendiendo los intereses de las islas; dentro y fuera del hemiciclo. Sin una mala palabra, con muchos momentos brillantes en la tribuna, solo aminorados por lo escaso del tiempo disponible y el poco interés que los medios suelen prestar a quien no hace titulares fáciles ni usa el disparate para satisfacer a sus fanáticos. En un período que no se distingue precisamente por la alta calidad de la materia prima parlamentaria, a Quevedo Iturbe, una mezcla de flema británica y certidumbre vasca, le recuperan al cien por cien sus paisanos y sus compañeros del Ayuntamiento de Las Palmas, pero a buen seguro que en Madrid  le empezaremos a echar muy pronto de menos.

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