El sorprendente empeño del Gobierno de legislar de modo convulsivo, sin informes de nadie, ni del Consejo de Estado ni del Consejo del Poder Judicial, y prácticamente sin debate parlamentario, como si legislara a oscuras y fuera de la vista y del entendimiento de la población, ha conducido a que el Tribunal Constitucional estime una medida cautelarísima.

Con la consecuencia de que no se admiten las enmiendas propuestas por los partidos que apoyan a Pedro Sánchez, en cuanto a la reforma de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ni en cuanto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Y no, no se trata de que el Parlamento haya sido “secuestrado” impidiéndosele votar. Decir eso es como abrazar las tesis de Carl Schmitt, siniestro personaje que pasó de teórico del partido nazi alemán en los años 30 a teórico de la extrema izquierda populista en los años 70 del siglo XX, siempre en su afán de eliminar las instituciones liberales. “El pueblo por encima de la ley” era la máxima de aquel sujeto. Pues no, porque el pueblo por encima de la ley puede acabar en la autocracia. Y precisamente porque la Constitución es nuestra norma suprema, de obligado cumplimiento, el Tribunal de Garantías, es decir, el Tribunal Constitucional, siempre tendrá derecho y obligación de determinar cuándo una norma infringe la Constitución, como ha sucedido aquí.

Todo ello seguido de una semana atroz, de declaraciones que excedían el marco democrático. Tomemos la declaración de un diputado socialista que se permitió evocar en la tribuna del Congreso de los Diputados el golpe de estado de Tejero. No sé si aquel diputado había nacido aquel 23 de febrero de 1981, pero lo que es seguro es que esa declaración es absolutamente inaceptable. Basta ver –lo tenemos en la retina millones y millones de españoles– las imágenes de Adolfo Suárez y de Manuel Gutiérrez Mellado, oponiéndose firmemente a los guardias civiles que participaron en aquella intentona golpista.

El presidente del Gobierno calificó la tramitación del recurso como un “atropello a la democracia”, con el tono de los autócratas a quienes nunca ha gustado que haya controles

Un ministro declaró que en caso de aprobarse la mera tramitación del recurso, como así fue, “nos encontraríamos ante consecuencias imprevisibles”. Lo único imprevisible aquí es negarse a que el Tribunal  Constitucional emita su resolución. El presidente del Gobierno calificó la tramitación del recurso como un “atropello a la democracia”, con el tono de los autócratas a quienes nunca ha gustado que haya controles sobre las normas que en cada momento les interesan. Todas esas declaraciones tienen escasos días, una semana a lo máximo. Y todas dejan un inequívoco tinte antidemocrático, pues postulan negar a nuestro Tribunal Constitucional su obligación de interpretar la Constitución que es de todos los españoles.

Sería bueno que el Gobierno atendiera la posición de la Comisión Europea, que ya se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que “cuando se trata de reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembro, siempre hemos sostenido que es importante que se consulte a las partes interesadas pertinentes, incluidos, según corresponda, el poder judicial y los consejos judiciales”. Y no acabar en reformas en el mal camino no democrático de países como Hungría o Polonia, que viven angustias a las cuales malo será que se adhiera España.

Desconocemos lo que vaya a hacer el Gobierno de Sánchez tras la resolución del Tribunal Constitucional. Si su plan consistirá en una reforma turbo y a máxima velocidad, de nuevo sin consultas a organismos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial.

Los aliados del PSOE salen vencedores: ya se trate de Unidas Podemos o de lo que quede de ellos; ya, desde luego, de ERC y de Bildu

Lo que es seguro es que son nuestras instituciones democráticas las que salen baqueteadas y degradadas de toda esta situación. La tunda de declaraciones habida estos días daña objetivamente nuestras instituciones, su inteligencia y su prestigio. Y todo tiene un vencedor, que no son otros que los aliados parlamentarios del PSOE: ya se trate de Unidas Podemos o de lo que quede de ellos; ya, desde luego, de ERC y de Bildu, empeñados todos ellos en destruir la obra de la Transición y en volar nuestra Constitución.

Entre tanto algo que afecta directamente a los españoles como es la ley del Sí es Sí, que ha permitido en tan solo un mes rebajas de penas y excarcelaciones a más de un centenar de depredadores sexuales, sigue ahí, incapaz de afrontar una reforma que cese esa situación particularmente degradante para la población como consecuencia de una mala técnica legislativa.

Fernando VII el calamitoso

No podemos sino preguntarnos cuáles son las urgencias del Gobierno, aunque da toda la sensación de que actúa en una acelerada decadencia, con errores espasmódicos, uno detrás de otro, tanto en sus diversos ámbitos de acción como en la polarización de la sociedad que sucede de un modo constante y ácido. Como si estuviera empeñado en reactivar el funesto patrón del carlismo que arruinó una y otra vez la vida política de nuestro país durante dos siglos a partir de Fernando VII, el calamitoso, vida política atravesada por guerras civiles, asonadas, golpes de estado, dictaduras, masacres, exilios y toda suerte de catástrofes. Todo aquello, en definitiva, que quedó arrumbado en la obra de la Transición y de la Constitución pactada de los españoles de 1978.

No, con una situación económica que nos deja a la cola de Europa en crecimiento de PIB respecto a parámetros anteriores a la pandemia, y en desempleo, y no digamos en materia de paro juvenil, no parece que esta política sea la más acertada al servicio de los españoles. Es urgente romper con ella, y dejar de entretenernos con lo peor de cada casa que son precisamente los aliados parlamentarios del Gobierno.

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