Hace unos días se publicó en Vozpópuli un artículo firmado por Gonzalo Quintero Olivares, bajo el título de 'La independencia judicial y la renovación del CGPJ'. Aunque coincido con el autor en algunas de sus valoraciones, discrepo sin embargo en su empeño de llevar el debate de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al terreno de la legitimidad democrática, señalando que el actual sistema es el único que entronca con la soberanía nacional, y que un sistema de elección en el que los jueces interviniésemos adolecería de ella.
Es una distracción, porque no se trata de un problema de legitimidad democrática, sino de un problema de corrupción. No se trata de un problema de legitimidad democrática porque el CGPJ no es “poder judicial”. El poder judicial corresponde a los jueces. Así que, cuando hablamos de cómo se elige el CGPJ no estamos debatiendo si los jueces estamos legitimados en democracia. No les confundan. Ello ya lo resolvió la Constitución española (CE), que, como el resto de países de nuestro entorno, quiso jueces profesionales, no elegidos por los ciudadanos, cuya legitimidad deriva precisamente de esa Constitución votada por los españoles y, sobre todo, del sometimiento en el ejercicio de nuestra función a la Ley aprobada por las Cortes.
No es un problema de legitimidad democrática porque, con la CE en la mano, si tan democrático es el actual sistema por el que los partidos políticos, Parlamento mediante, eligen a los veinte vocales del CGPJ, también lo sería uno mixto en el que los jueces eligiésemos a parte de ese órgano: la CE lo permite perfectamente. Más aun, tal y como dijo la STC 108/1986 que convalidó dicho sistema de elección parlamentaria, este sistema mixto es el que más fácilmente cumple con la finalidad de la CE.
Con el actual sistema, de lo que estamos hablando en verdad es de políticos (muchos de los cuales no han sido votados en elección alguna) que negocian con otros políticos, que serán a quienes los partidos van a votar en el Parlamento para que formen el CGPJ (que a su vez nombra, no a todos los jueces, sino solo a algunos de ellos).
Ni legitimidad democrática ni soberanía popular, los políticos simplemente pretenden tener la posibilidad de influir ideológicamente en quienes juzgan los asuntos que les interesan
No, no se trata de decidir qué sistema es el más 'legítimo', sino cuál es el mejor, siempre según las exigencias de calidad democrática. Y resulta que el actual sistema favorece la corrupción. El CGPJ no ejerce jurisdicción, pero una de sus funciones, decía, es el nombramiento discrecional de la cúpula judicial: magistrados del Tribunal Supremo, y presidencias de Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales, fundamentalmente. Estos son los jueces que juzgan los asuntos más importantes del país, los que tienen funciones gubernativas sobre el resto de los jueces y los que, eventualmente, habrán de juzgar a muchos de esos mismos políticos, aforados.
A nadie se le escapa que el que sean los políticos quienes eligen a quienes nombran a estos jueces es un importante factor de corrupción, al crearse, de esta forma, un puente de plata por el que podrían introducirse, allí donde se toman las decisiones judiciales más importantes, factores o criterios políticos y partidistas. De hecho, esto es lo que la clase política pretende al mantener este sistema: ni legitimidad democrática ni soberanía popular, simplemente tener la posibilidad de influir ideológicamente en quienes juzgan los asuntos que les interesan.
No digo que nuestros altos jueces no decidan conforme a Derecho o que se dejen influir por el partido político que eligió a los vocales a los que deben su puesto. Confío en la profesionalidad de nuestra cúpula judicial y en su independencia. Pero mantener un sistema que abre la puerta a esa contaminación política, aunque finalmente no se materialice por la bondad de las personas implicadas (que no del sistema), arroja una sombra de sospecha de que las decisiones judiciales más importantes responden a intereses políticos e ideológicos.
¿Cambiar el sistema?
El actual sistema parlamentario, en definitiva, arroja sospechas de falta de independencia de nuestros altos tribunales, afectando, por extensión, a la apariencia de independencia judicial del país. Lo cual es malo en sí mismo, entre otras cosas porque hace quebrar la confianza del ciudadano en sus tribunales, y no hay nada más peligroso para un Estado democrático que el que sus ciudadanos no confíen en sus instituciones, que son las que, en definitiva, les protegen frente al arbitrio de los poderosos.
No sé si, en estas condiciones, es aconsejable renovar el CGPJ sin antes cambiar el sistema. Ya desde Europa nos avisan que no podemos seguir así. Tanto el Consejo de Europa (desde 2013 el Grupo de Estados Contra la Corrupción viene afeando a España que las autoridades políticas participen en el proceso de selección de los jueces), como la Unión Europea (STJUE de 19 de noviembre de 2019 sobre la reforma judicial de Polonia, en la que apunta injerencias políticas que ya se dan aquí), piden que los políticos se abstengan de influir en la composición de los tribunales, como exigencia de independencia judicial y, por ello, de calidad democrática.
Los jueces no tenemos intención de controlar el nombramiento de la cúpula judicial, porque, a la vez que pedimos esta despolitización del CGPJ, reclamamos que se reduzca la discrecionalidad
La inmensa mayoría de jueces y fiscales (desde luego todas las asociaciones judiciales y fiscales, incluidas las de corte progresista), reclamamos lo que Europa nos pide y lo que quiso la CE: un sistema mixto de elección del CGPJ, donde los 8 vocales juristas sean elegidos por el Parlamento y los 12 vocales judiciales por los jueces (no por las asociaciones judiciales, ojo).
Finalmente, para tranquilizar a quienes dudan de este sistema mixto (mal llamado corporativo, porque al ser mixto es uno de contrapesos, y porque el “corporativismo” se predica de las decisiones, no de los sistemas), conviene decir que los jueces no tenemos intención de controlar el nombramiento de la cúpula judicial, porque, a la vez que pedimos esta despolitización del CGPJ, reclamamos que se reduzca la discrecionalidad en los nombramientos que éste hace, devolviendo el poder al Parlamento: que mediante Ley se fijen unos criterios objetivos de mérito y capacidad para ascender a la cúpula judicial.
De hecho, la discrecionalidad en los nombramientos que efectúa el CGPJ es la otra cara de la moneda, tan esencial que, si ésta se redujera considerablemente mediante la introducción legal de un baremo objetivo, el político ya no tendría tanto interés en el CGPJ y dejaríamos de mantener este debate.
