Quienes se sientan satisfechos con la situación de nuestra economía y no vean la perentoria necesidad de cambiar su rumbo han de saber que adolece de una debilidad fundamental: el estancamiento de nuestra renta per cápita en la última década y media. Así sucede que tenemos hoy la misma renta per cápita en términos reales que teníamos en 2007. Esta incapacidad de generar un ritmo de crecimiento tendencial del PIB superior al avance de la población no la padecen la inmensa mayoría de los países de la eurozona. Consecuentemente, nuestra renta per cápita, nuestro nivel de vida, se ha ido alejando del promedio de la eurozona, habiendo retrocedido desde el 92% de dicho promedio que alcanzamos en 2005 hasta el 85% que tenemos hoy día. Este hecho, ya de por sí preocupante, es aún más grave de lo que parece porque el mantenimiento de las condiciones de vida a lo largo de este periodo se ha conseguido a costa de contraer una voluminosa, y en los últimos años rápidamente creciente deuda pública, que alcanza en la actualidad el 113% del PIB.

El casi inexistente avance de la productividad responde principalmente, no ya al estancamiento, sino al retroceso de la productividad total de los factores

 Las causas del estancamiento son bien conocidas y residen en dos serias deficiencias estructurales de nuestra economía: una baja tasa de empleo, esto es, una baja proporción de trabajadores empleados en relación con la población en edad de trabajar, y una  baja productividad, situándose los niveles una y otra variable significativamente por debajo (un 12%) de los valores correspondientes de la eurozona. La baja tasa de empleo, a su vez, es la consecuencia del elevado paro estructural de nuestra economía. Por otra parte, el casi inexistente avance de la productividad responde principalmente, no ya al estancamiento, sino al retroceso de la productividad total de los factores. Los movimientos de esta última variable vienen determinados esencialmente por el grado de innovación del aparato productivo, por la calidad de los factores de producción y por la mayor o menor eficiencia del proceso de asignación y reasignación de dichos recursos hacia sus usos más productivos. Elementos, todos ellos, que dependen en última instancia del marco fiscal y laboral de la economía, de la cantidad y eficacia de la regulación (cuanto mayor es lo primero menor suele ser lo segundo), de las leyes que controlan el crecimiento, la creación y la disolución de empresas, así como del sistema educativo y de formación profesional.

 De lo anterior se colige que la política económica necesaria para impulsar el crecimiento tendencial de nuestra renta per cápita debe, simultáneamente, reducir el déficit presupuestario e incrementar la tasa de empleo y el ritmo de avance de la productividad. No se podrá disminuir permanentemente lo uno sin mejorar apreciablemente lo otro. En los tres párrafos siguientes me limitaré a enumerar telegráficamente las medidas imprescindibles para conseguir estos objetivos.

 —Alteración radical de la fiscalidad, eliminando los impuestos sobre el patrimonio y las grandes fortunas y bajando las cotizaciones empresariales a la seguridad social y los impuestos sobre las rentas del capital y los beneficios empresariales, al tiempo que se suben los impuestos indirectos (eliminando exenciones al tipo máximo del IVA) y medioambientales. La bajada de las cotizaciones sociales debe ir acompañada de una verdadera reforma que adapte nuestro sistema de pensiones a la realidad demográfica  del país. La eliminación del impuesto de patrimonio no es una cuestión de favorecer a los ricos sino de alentar la innovación y premiar los riesgos empresariales que lleva consigo, de atraer capital y  talento y frenar su emigración. Incentivos, todos ellos, particularmente valiosos y necesarios en el mundo de la inteligencia artificial que se avecina. Estas medidas, lejos de suponer una revolución “neoliberal”, meramente acercarían nuestra estructura impositiva a la existente en Alemania y otros países europeos que registran un crecimiento satisfactorio de la productividad.  

—Situar los costes efectivos del despido procedente (y el % que dichos despidos representan en el total de despidos), la condicionalidad del subsidio de paro y la flexibilidad de la estructura de la negociación colectiva en línea con lo existente en Alemania y los países con mayor tasa de empleo y menor paro de la eurozona. Como en muchos de estos países, el salario mínimo se debería eliminar para los jóvenes, o en todo caso fijarlo sustancialmente por debajo del SMI general.

—Aligerar la carga regulatoria sobre las empresas y armonizar las normas y regulaciones de las CCAA a fin de potenciar la unidad (y el tamaño) del mercado nacional. Es imprescindible desplazar los umbrales regulatorios contables, fiscales y laborales  que actualmente se aplican a las empresas a partir de 50 trabajadores hasta los 100 trabajadores.

Se puede dar por segura la movilización de los sindicatos, siempre más prestos a velar por los intereses de sus afiliados y de sus partidos nodriza que por los de los trabajadores no afiliados

 Habría que considerar otras medidas y reformas en el ámbito de la educación, la formación profesional, el sistema judicial y la sanidad que no se exponen por falta de espacio. El último informe del Banco de España y diversos estudios de la Airef y de Fedea exponen detalladamente muchas de las reformas necesarias en estos ámbitos, así como múltiples propuestas para proteger a los colectivos más vulnerables que pudieran ser afectados negativamente por las iniciativas consideradas en los párrafos anteriores.

 Con todo, muchos criticarán un programa de este tipo calificándolo de regresivo, de beneficiar a los ricos a costa de los pobres, a las empresas a costa de los trabajadores. Se puede dar por segura la movilización de los sindicatos, siempre más prestos a velar por los intereses de sus afiliados y de sus partidos nodriza que por los de los trabajadores no afiliados, que junto con los autónomos conforman la inmensa mayoría de trabajadores. Sin embargo, como se ha dicho, con estas medidas nos aproximaríamos a los parámetros de política económica vigentes en los principales países de la eurozona, de la que nos hemos alejado durante mucho tiempo. Por otra parte, si analizamos objetivamente los resultados de las políticas “progresistas” aplicadas hasta la fecha vemos que han sido especialmente nocivas para los pobres y los trabajadores más vulnerables, especialmente durante estos últimos días . Así, según Eurostat, en 2022 España fue el cuarto país de la UE con mayor riesgo de pobreza y exclusión social (un 26% de la población), sólo por debajo de Rumania (34,4%), Bulgaria (32,6%) y Grecia (26,3%). El riesgo de pobreza y exclusión social está negativa y estrechamente correlacionado con el nivel de renta per capita. Cuando en un país, como ocurre en nuestro caso, este riesgo es aún superior al que le corresponde por su nivel de renta per cápita es porque su intensidad laboral, su tasa de empleo y sus horas trabajadas, es inferior a la media de los demás países.

 En fin, la mejor política económica para España, la más beneficiosa para el conjunto de la sociedad y especialmente para los segmentos más desfavorecidos, es la que consiga elevar el crecimiento tendencial de nuestra renta per cápita, vale decir, la que sea capaz de simultanear la reducción del déficit público con el aumento de la tasa de empleo y del ritmo de avance de la productividad.

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