El independentismo catalán siempre ha sido una máquina de manipulación masiva en lo referente a las decisiones judiciales que afectan a sus representantes políticos. Sus ataques contra la judicatura española no serían nada nuevo si no fuera porque buena parte de su discurso se ha asumido sin tapujos por miembros del nuevo Gobierno. Poner al poder judicial en la diana del ejecutivo y presionarlo para que sus decisiones se acomoden a la agenda gubernamental ha sido, sin duda, una de las condiciones impuestas por el nacionalismo para que prosperase el pacto de investidura que garantizó a Pedro repetir en la Moncloa.
Porque la triste realidad es que, si ha existido un dique de contención que haya protegido a nuestro Estado de Derecho frente a las acometidas y artimañas del independentismo por subvertir la legalidad vigente, ése ha sido el poder judicial. La pantomima del 'lawfare' contra el nuevo Gobierno no es más que la excusa perfecta de algunos para debilitar la independencia judicial que tantas molestias les ocasiona. No se trata solo de ostentar el poder, sino de expandirlo en calidad, cantidad y duración.
Todos los ciudadanos tenemos que ser conscientes de la importancia de que las resoluciones judiciales se acaten por nuestra clase política, sin perjuicio de que sean cuestionadas a través del sistema de recursos legalmente previsto y de la valoración jurídica que uno pueda realizar al respecto. Porque lo que verdaderamente subyace tras las campañas de desinformación que pretenden enfrentar al poder judicial con la voluntad popular expresada en las urnas es que únicamente se dicten sentencias que sean del agrado del político de turno.
Ante este estado de cosas, a los ciudadanos no nos queda más remedio de que hacer un esfuerzo por intentar comprender los entresijos de cuestiones jurídicas complejas, porque la alternativa es dejarnos arrastras por tsunamis democráticos que, como su propio nombre indica, prometen arrasar con todo escudándose en el mandato del pueblo.
Éste y no otro es el motivo que me lleva a escribir sobre el sainete legal que está protagonizando el todavía presidente de la Generalitat, Quim Torra, con total conocimiento de causa y para mayor gloria del personaje, porque posiblemente sea lo único a destacar de su paso por la política.
En primer lugar, procede volver a recordar que no ha sido la Junta Electoral Central la que ha inhabilitado a Torra para ser diputado. Como ya expliqué en un artículo anterior en este mismo diario, fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que, en sentencia de 19/12/2019, lo condenó a la pena de inhabilitación de un año y medio por un delito de desobediencia, al negarse a retirar pancartas a favor de los “políticos presos” y simbología independentista de la fachada del Palacio de la Generalitat, lo que supuso un quebranto de la neutralidad institucional en pleno periodo electoral.
Esta sentencia no es firme, pues la Sala de lo Penal del Supremo tiene que resolver el recurso de apelación interpuesto por Torra contra la misma. La ausencia de firmeza no impedía al PP, Cs y Vox acudir a la Junta Electoral Provincial de Barcelona para que ejecutase la sentencia de manera provisional y se inhabilitase a Torra en aplicación artículo 6.2º, apartado b), en relación con el apartado 4º, de la LOREG.
Quizá sea la semilla de la división, que siempre ha estado latente tras el maremágnum ideológico que se agrupa tras el independentismo, la que propicie la caída del gobierno socialpodemita"
Aunque la petición de los tres partidos fue inicialmente rechazada por la JEP de Barcelona, la Junta Electoral Central estimó su recurso y acordó ejecutar la sentencia dictada por el TSJC aun no siendo firme, tal y como prevé la legislación, y retirar a Torra la condición de diputado. Aunque Torra intentó obtener la suspensión cautelar del acuerdo de la JEC, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo rechazó su solicitud, en aplicación de la jurisprudencia de la Sala. Ayer, lunes, el secretario general del Parlamento ordenó retirar la condición de diputado a Torra, orden que fue asumida por la Mesa de ese organismo, presidido por Torrent, que no ha querido arriesgarse a ser juzgado y condenado por desobediencia.
Esta decisión abre un escenario interesante y crucial, tanto en lo jurídico como en lo político:
a.- Respecto a la cuestión jurídica, ésta gira en torno a si la privación de la condición de diputado acordada por la JEC afecta a su cargo como presidente. Frente a quienes entienden que no existe duda al respecto, otros interpretan que, si bien es cierto el Estatuto de Autonomía catalán establece que el presidente debe ser elegido entre los diputados autonómicos, una vez ya se ostenta la categoría de presidente ésta no se ve afectada por la pérdida de la condición de diputado de forma sobrevenida, puesto que el propio Estatuto dispone que el presidente sólo puede ser cesado en virtud de sentencia firme.
La JEC entiende en su acuerdo que es una cuestión interpretativa que excede de su ámbito competencial, por lo que se inhibe a favor del Parlamento catalán, que ayer ratificó a Torra como presidente legítimo a pesar de la pérdida de su condición como diputado. En cualquier caso, esta situación de interinidad con un presidente que no puede ejercer sus funciones como diputado se resolverá con el transcurso del tiempo, en cuanto dicte sentencia firme la Sala de lo Penal de nuestro Tribunal Supremo y decida si ratifica la sentencia del TSJ de Cataluña, lo que se antoja bastante probable dado que el propio Torra se encargó de admitir todos los hechos que integran el delito de desobediencia del que se le acusa, y afirmó que lo volvería a hacer.
b.- El panorama político es igual o más enrevesado y trascendental que el judicial. Efectivamente, la decisión del presidente del Parlamento catalán de dar cumplimiento a lo ordenado por la JEC y privar a Torra de su condición de diputado, eludiendo la posibilidad de ser imputado por un delito de desobediencia, ha abierto una brecha importante entre Junts per Cat y ERC, que hace pender de un hilo tanto la gobernabilidad catalana como la nacional.
No podemos olvidar que la estabilidad de este gobierno está en manos del independentismo y que éste no parece dispuesto a establecer líneas rojas en lo que a cesiones al nacionalismo se refiere si con ello consigue aferrarse al poder. Quizá sea la semilla de la división, que siempre ha estado latente tras el maremágnum ideológico que se agrupa tras el independentismo, la que propicie la caída del gobierno socialpodemita. Sólo el tiempo nos lo dirá. Pero si así fuera, no les quepa duda que la izquierda política y mediática señalará al poder judicial como único responsable.
