Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno menos amigo de la verdad de la historia contemporánea de España, ha convocado a todas las fuerzas políticas a una nueva edición de los legendarios Pactos de La Moncloa que en 1977 marcaron el arranque del tránsito pacífico y acordado del régimen autoritario del general Franco a una democracia homologable con las del resto del mundo occidental. Habida cuenta de los antecedentes del personaje, la suposición de que su intención al lanzar esta iniciativa es el bien de la Nación y la preparación de una salida viable a la pavorosa crisis económica y social que nos legará la pandemia, sería de una ingenuidad suicida.
El propósito de cualquier acción de Pedro Sánchez -y esto no es un juicio arbitrario, sino la constatación de una experiencia- es la gloria de Pedro Sánchez y su perpetuación en la poltrona presidencial. Esta es su permanente y absorbente prioridad y no hay nada, incluida la salud de su propia familia como se vio el 8-M, que le pueda desviar de su egolátrica cosmovisión. Por consiguiente, el PP, Vox y Ciudadanos, han de enfocar su estrategia ante la trampa que les tiende Iván Redondo partiendo de esta cruda realidad. No son llamados a colaborar en una noble causa nacional, son atraídos hacia un señuelo que pretende exclusivamente su descrédito y el triunfo del que les invita a sentarse a la mesa.
Lejos de dejar la iniciativa al falsario profesional hoy en el poder, han de obligarle a sentar posición ante el diseño que ellos presenten y que los ciudadanos han de conocer con antelación
En este descorazonador contexto, la primera pregunta que han de hacerse los partidos de la oposición es si deben acudir o no a tan diabólica cita. La respuesta es afirmativa, han de participar en la comedia porque si se niegan aparecerán como insolidarios y antipatriotas y Sánchez ya habrá ganado el encuentro sin ni siquiera tocar el balón. Una vez esto claro, la siguiente cuestión es cómo y con qué planteamientos han de tratar con un interlocutor de semejante jaez. Es obvio que reunirse con el doctorado en plagios para escuchar lo que tenga a bien comunicarles y responder a lo que proponga representaría un error garrafal. Las fuerzas constitucionalistas han de llevar perfectamente preparado y previamente publicitado el plan que a su juicio ha de acometer España para emerger lo antes posible y con las más altas posibilidades de éxito del hoyo en el que va a sumirla el coronavirus. Dicho de otra forma, lejos de dejar la iniciativa al falsario profesional hoy en el poder, han de obligarle a sentar posición ante el diseño que ellos presenten y que los ciudadanos han de conocer con antelación.
Los fines que persigue el equipo monclovita y que ha urdido, como todo lo que hace y dice Sánchez, su gurú en comunicación, son el enmascaramiento de su tremenda responsabilidad en la tasa de mortalidad más alta del mundo por la infección de Covid-19, la construcción de una imagen de líder fuerte y resolutivo que afronta las dificultades con eficacia y coraje y el avance en la agenda social-comunista que sus socios de Podemos le imponen. Es evidente que cooperar mansamente a la realización de este siniestro programa transformaría a Casado, Abascal y Arrimadas en tontos útiles de calibre internacional. De ahí que han de ser conscientes de la naturaleza de este juego y actuar en consecuencia.
Si la posición que toman ante Sánchez es en orden disperso, se los merendará uno a uno. Han de articular, por tanto, un número muy pequeño de puntos comunes fácilmente entendibles por la opinión pública y que sitúen el debate en su terreno y no en el del Gobierno. Hay dos medidas concretas que encajan perfectamente en las necesidades del país en esta hora difícil y que mostrarán la verdadera cara de la coalición socialista-bolivariana.
La configuración de un Ejecutivo de concentración formado por los partidos comprometidos con la Constitución, la unidad nacional y la economía de mercado
La primera es la elaboración de un presupuesto base cero por parte de la Administración central, las Comunidades Autónomas y los grandes municipios. La justificación es obvia: el Estado debe movilizar ingentes recursos para satisfacer tres prioridades básicas, la salvación del tejido productivo, esencialmente PYMES y autónomos, la protección de los desempleados y de los sometidos a ERTES y el pago de las pensiones. Frente a estas tres necesidades perentorias todo lo demás es secundario y puede y debe ser sacrificado, empezando lógicamente por el gasto ”político” prescindible de carácter clientelar, ideológico o partidista. Cada línea del presupuesto ha de ser examinada con criterios estrictos de creación de valor añadido y aquellas que no redunden en un efecto positivo directo, tangible y objetivo en las actuales circunstancias han de ser eliminadas.
La segunda es la configuración de un Ejecutivo de concentración formado por los partidos comprometidos con la Constitución, la unidad nacional y la economía de mercado. Un desafío de la magnitud del que se avecina y que exigirá terribles sacrificios al conjunto de la sociedad no es posible sin el concurso activo de los grupos parlamentarios centrales con exclusión de los que aspiran a liquidar a España como proyecto histórico reconocible y de los que propugnan un modelo económico incompatible con el marco europeo y que nos condenaría al reparto de la miseria.
Si Sánchez no acepta ninguna de estas dos operaciones, tan sensatas como convenientes en la dramática coyuntura que atravesamos, y persiste en imponer a los españoles un programa de destrucción de la matriz nacional unificadora y de colectivismo liberticida y empobrecedor, quedará en evidencia y los votantes tomarán buena nota de que no está ofreciendo un pacto, sino un embudo hacia el desastre.
