La intención del Gobierno de reformar el Código Penal para rebajar las condenas por el delito de sedición y el anuncio formulado por el ministro de Justicia en sede parlamentaria de que se dispone a tramitar las peticiones de indulto presentadas en favor de los independentistas catalanes son muestras evidentes de hasta dónde parece dispuesto a llegar este Gobierno para asegurarse la permanencia en el poder.
Por mucho que intenten escudarse en una supuesta desproporción de las actuales penas y en la obligación jurídico-legal, que en efecto concierne al Ejecutivo, de estudiar objetivamente la motivación de cualquier petición formulada en Derecho antes de aprobar o rechazar una medida de gracia, la realidad es que ambas iniciativas, planteadas casi de modo simultáneo y en medio de una crisis de proporciones descomunales, lo que vienen a confirmar es la inasumible porción de decencia que Pedro Sánchez está dispuesto a sacrificar para sacar adelante unos Presupuestos que le permitan apurar al máximo la legislatura.
De un solo golpe Pedro Sánchez somete a una insoportable humillación a la Corona y a la Justicia, las dos bestias negras del golpismo secesionista"
Los “gestos” del Gobierno son la respuesta al chantaje de los partidos independentistas y a la presión que en favor de estos ejerce el “socio preferente”, Unidas Podemos, y no es casual que tengan lugar cuando arrancan las negociaciones para sacar adelante las cuentas del Estado. Sánchez ha cedido incluso en la puesta en escena de la extorsión. El mensaje de ERC, JxCat y Bildu es cristalino: si quieres nuestros votos los tienes que comprar, pero a la vista de todos. Ya lo dijo Mertxe Aizpurua (EH Bildu): “Aquí estamos, condicionando el Gobierno de España”. Una gran verdad que Carmen Calvo, en su reunión de ayer con Aizpurua, ha vuelto a ratificar.
Creíamos haberlo visto todo. Parecía que no era posible superar tanta acumulación de descrédito. Y entonces se nos anunció que el Rey no asistiría este viernes en Barcelona, como ha sido su inveterada costumbre, a la entrega anual de despachos a la nueva promoción de jueces. A estas horas todavía no existe una versión oficial que explique las razones de tal decisión. Desde el entorno del Gobierno se ha intentado vender el argumento de que son razones de seguridad las que han aconsejado la ausencia del monarca. Una broma. Pero ni una nota explicativa. Ni del Gobierno, ni del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ni de la Casa Real.
Ha sido el vocal del CGPJ José María Macías quien en la Cadena SER ha aclarado lo ocurrido, que era lo sospechado: el Rey “no podía participar en el acto porque el Gobierno no lo autorizaba”. El último eslabón de esta infame cadena de desprecios a los españoles; el colofón de una indecorosa capitulación ante los enemigos de la legalidad; la más deshonrosa traición al Estado ejecutada con alevosa nocturnidad para contentar a quienes pretendieron unilateralmente dejar sin efecto la legalidad constitucional.
Con esta decisión se desanda el camino de recuperación de la autoestima que muchos catalanes iniciaron el 3 de octubre de 2018 con el discurso del Rey"
Impedir la asistencia de Felipe VI a un acto de indudable simbolismo en Cataluña, no solo es un hecho indigno, también es de una estupidez difícilmente superable y que sin duda tendrá muy serias consecuencias. Coartar hasta ese punto los márgenes de actuación del Rey, y hacerlo en un contexto en el que el jefe del Estado hace demostración pública de respeto a uno de los pilares básicos de ese mismo Estado, la Justicia, es lo más parecido a desandar el camino de recuperación de la autoestima que muchos catalanes, hasta ese momento silenciados por la bota del independentismo, iniciaron el 3 de octubre de 2018, cuando Felipe VI se dirigió a la nación para reafirmar su compromiso con la defensa de la Constitución.
La responsabilidad que ha contraído Pedro Sánchez con esta decisión es inmensa. De un solo golpe somete a una insoportable humillación a la Corona y a la Justicia, las dos bestias negras del golpismo secesionista. Y lo hace a su modo, sin sentirse obligado a dar la menor explicación a los ciudadanos y desde la certeza de que el Rey seguirá siendo fiel a su máxima de ejercer sus obligaciones con extrema prudencia.
Hay quien en estas oscuras horas reclama una firme respuesta de la Casa Real. Quizás no sea el caso. Felipe VI no puede rebajarse hasta donde lo ha hecho el que ya es el peor presidente de la democracia, a quien sostiene un partido en el que ya no parece quedar nadie con una mínima dosis de decencia.
