La vida es una experiencia repleta de frustración. Por eso hay que temer a los egocéntricos cuando llegan al poder. Quien considera que los demás han sido injustos con su persona y han infravalorado sus cualidades, suele ser vengativo tras tomar el mando. También es habitual que redoble sus esfuerzos para intentar ponerse en valor ante los ciudadanos. No le basta con gobernar: también desea pasar a la posteridad. Busca que el pueblo reconozca sus logros como líder y le cante las alabanzas.
No hay síntoma más claro de la borrachera de poder –o del afán desmedido por aferrarse al puesto- que el exceso de propaganda. Es la mejor señal de que la democracia ha derivado en otra cosa, más autoritaria y enfermiza. Y más personalista. Porque se puede gobernar con la idea de alcanzar una serie de objetivos y regresar a casa con la satisfacción del deber cumplido. Pero también es posible hacerlo con el afán de trascender. Con el objetivo de engordar el ego y de acumular aplausos fáciles en la lista de logros. Eso deriva en el culto a la personalidad. Culto pagado con dinero público.
Cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa, el Ejecutivo gastaba 71 millones de euros al año en publicidad institucional. Es decir, en la propaganda de los diferentes ministerios que está regulada por ley. En 2022, la inversión será de 158 millones de euros. Repito: 158 millones de euros. ¿Para qué? Conviene leer la letra pequeña para cerciorarse de los objetivos que persigue Moncloa con estas campañas.
Pagar con impuestos la publicidad de Sánchez
Como cada año, el Ministerio de Hacienda ha reservado una importante partida para convencer a los españoles dela necesidad de que paguen sus impuestos. Este año, el conjunto de estos anuncios costará 9 millones de euros. Seguramente, estos mensajes publicitarios volverán a transmitir a los ciudadanos que con sus tributos se construyen hospitales y carreteras; y se garantizan los servicios públicos esenciales.
Pero esa parte de su nómina que se queda el Estado también servirá para financiar la campaña promocional con la que el Ministerio de Cultura de Miquel Iceta quiere poner en valor el ‘bono cultural’. Es decir, el cheque de 400 euros que el Ejecutivo entregará a quienes cumplan 18 años para que lo gasten en cine, libros, videojuegos y derivados. En otras palabras, para que se convenzan de que los socialistas son más generosos que la derecha. Pues bien, la propaganda de esta iniciativa costará 5 millones de euros.
El departamento de Iceta invertirá otros 5,3 millones de euros para sensibilizar a la sociedad sobre “la gran brecha de género existente en el ámbito deportivo” y otros 3,6 en –ojo- “poner en valor y reconocer el talento, el esfuerzo y la profesionalidad de quienes forman parte del sector cultural en cualquiera de sus manifestaciones” e “incentivar el consumo de cultura”. ¿La finalidad de esta publicidad? La de siempre: nosotros somos la cultura y el conocimiento; los críticos, la anti-intelectualidad y la burricie.
No dudo que la publicidad institucional puede servir para promocionar nuevos servicios de la administración; o para concienciar sobre las imprudencias en las carreteras o en el monte en verano. El problema es que suele utilizarse a mayor gloria del gobernante de turno. También para pastorear a la sociedad hacia determinadas dehesas ideológicas.
Ideología pagada vía impuestos
Hay una campaña de 1,79 millones de euros cuya descripción deja claro el sectarismo de algunos miembros del Consejo de Ministros. “Servirá para trasladar la idea de que el futuro puede ser mejor gracias a la Agenda 2030, en un momento histórico en el que gran parte de la población no alberga esperanza en el futuro y considera que este puede ser catastrófico”. Otra vez lo mismo: La Agenda 2030 es la utopía. El resto, el desastre. La ‘emergencia climática’, la desigualdad y la injusticia. Y el meteorito.
Una de las campañas mejor dotadas -10,7 millones de euros- y más duraderas se destinará a “concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de desarrollar políticas públicas a favor de la igualdad y poner en valor la riqueza de una sociedad diversa e incluyente”. Igualdad…, ¿cuál es el concepto de igualdad que se persigue en ese ministerio? Desde luego, está muy alejado del significado de ese término, pero muy bien financiado.
No merece la pena alargarse mucho más, pues los objetivos han quedado claros. ¿De veras un Ejecutivo debe gastar 250.000 euros en concienciar sobre “los diferentes modelos de familia existentes” y la necesidad de que en los hogares exista una mayor implicación de los progenitores varones” en “la crianza y el cuidado” “de hijas e hijos”? ¿Por qué debe ser el Gobierno el que lance mensajes a este respecto?
Al final, esto es lo de siempre: el poder se promociona y aprovecha la debilidad de los medios de comunicación en este contexto incómodo para convertirse en su principal anunciante y, de ese modo, intentar neutralizar los ataques a partir de diferentes partidas de dinero público.
No se crean que los únicos amorales en este sentido se encuentran en las administraciones públicas –central, autonómicas y locales-. También lo están en el sector privado. Con la crisis de 2008, las principales compañías de este país se organizaron alrededor del Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC) y conversaron sobre la posibilidad de destinar partidas publicitarias concretas a los medios de comunicación en dificultades. Así lo hicieron.
El problema es que la publicidad institucional procede del bolsillo de los españoles. O de los europeos. Si sólo sirviera para evitar que Paco tire colillas en el monte… Pero el problema es que se emplea para fomentar el culto al líder y para transmitir la ideología sectaria que configura el pensamiento (casi) único al que tan difícil es actualmente confrontar.
