Las subvenciones llevan décadas corrompiendo el concepto original de los sindicatos. La defensa unitaria del trabajador. Todos como si fueran uno. Mismo esfuerzo, mismos derechos. El tipo de contrato no discriminaba a quienes compartían cadena de montaje. Más que nada porque no existían las decenas de tipos de contrato que conocemos actualmente. Se estaba fijo, a prueba o no se estaba. Pero en la imaginación de nadie, ni trabajador, ni mucho menos sindicalista, aparecía esa amalgama de grises contractuales de la actualidad. Por horas, a tiempo parcial, formativos, de interinidad, por obra o servicio, eventual por circunstancias de la producción, de relevo, a domicilio… El pantone laboral se ha construido ad hoc, en cada reforma laboral, sin la oposición de los sindicatos, preocupados únicamente por salvaguardar su estatus. La pela, la subvención, como trasfondo de todo, como único garante en medio de la gran crisis de identidad que ha atrapado a los sindicatos con la eclosión de la crisis. Lo que debería haber sido su gran momento ha terminado por convertirse en un enfrentamiento con todos sus demonios. Con la pérdida de afiliados como gran Belcebú.
Esta pérdida de clientes, especialmente acentuada entre los dos grandes sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO), no hace sino generar un círculo vicioso: menos compañeros, más dependencia de las subvenciones públicas. Un cheque anual de 17,3 millones, bajo la salvaguarda del BOE, que explica la tranquilidad con la que los sindicatos contemplan esta creciente desafección de los trabajadores. El esquema de funcionamiento y principios rectores de los partidos políticos, se ha extendido también a los sindicatos. Las subvenciones públicas dependen, tanto de la vía directa por votos alcanzados, como de los fondos derivados de la gestión de la oferta formativa pública y semi-pública (de Ministerios y entes mixtos). Las prácticas clientelistas, como extensión de las realizadas por los partidos políticos, se han generalizado, especialmente en lo que se refiere a CCOO y UGT. En ocasiones resulta curioso que pongamos la carga de la prueba de todos los males del país en el bipartidismo político pero se sortee la mención al bipartidismo sindical. El reparto de poder sindical en manos de los dos sindicatos teóricamente más representativos ha demostrado no ser la panacea de las relaciones laborales sino el germen de nichos de corrupción como el tema de los EREs andaluces o la vida a todo black de determinados sindicalistas sentados en los antiguos consejos de Caja Madrid y Bankia.
Desvergüenzas y sinvergüenzas que parecían (o al menos así lo prometían los nuevos líderes sindicales) estar en vías de extinción. Una (falsa) promesa de catarsis que ha explosionado (implosionado también) con el desnudo de UGT y Comisiones frente al procés. Como los cachorros de la CUP, los líderes sindicales se han puesto al frente de la defensa de todos aquellos chascarrillos que han ido construyendo los secesionistas para intentar demostrar que nuestra democracia es una especie de estado opresor, un lugar sin libertades. “La mayoría de la sociedad catalana cree que la prisión preventiva no está justificada y, por tanto, pedimos que salgan en libertad Dolors (Bassa) y el resto de gente que está en la cárcel. La mayoría de la sociedad catalana también cree que no es momento de 155 ni de unilateralidad. No es momento de juicios ni de detenciones…” La frase suena a uno de tantos eslóganes de Puigdemont en sus viajes europeos. Error. El autor no es otro que Camil Ros, el secretario de UGT en Cataluña.
Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, es el gran causante de la tremenda crisis que ha estallado internamente en este sindicato, como bien explicaba días atrás Miquel Giménez en este diario. Su connivencia con el nacionalismo, así como permisividad con el entrismo separatista en el sindicato, ha revuelto conciencias dentro del sindicato socialista. Fue el propio Álvarez quien dejó hace algún tiempo las juventudes de la UGT en Cataluña, el colectivo Avalot, en manos de las juventudes de Esquerra. Lo hizo porque estaba disgustado por el carácter acomodaticio de aquellos militantes de las Juventudes socialistas que, según él, se pasaban el día sin hacer nada. Fue entonces cuando abrió el grifo y entraron en pelotón un número importante de separatistas en el sindicato.
Temerosos de perder las sustanciosas subvenciones que les daba Jordi Pujol, y después sus sucesores – por tener, la UGT tiene hasta la Creu de Sant Jordi - en el sindicato siempre estuvieron muy atentos a las consignas que emanaban de Palau.
Los resultados son más que evidentes. Temerosos de perder las sustanciosas subvenciones que les daba Jordi Pujol, y después sus sucesores – por tener, la UGT tiene hasta la Creu de Sant Jordi - en el sindicato siempre estuvieron muy atentos a las consignas que emanaban de Palau. De nuevo, la pela. La mamandurria. La dichosa subvención por la que vender su alma al diablo. Cuando se apuntaron, finalmente, al derecho a decidir y, más tarde, al referéndum, sumándose al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, fue evidente que no podían ocultar por más tiempo su seguidismo. Allí empezó el lento goteo de bajas de afiliados, goteo que ahora se ha convertido en una auténtica riada. Porque las personas que han abandonado el sindicato se cuentan por miles, y tras la manifestación de hace una semana, aún más.
No puede ser de otra manera. El procés está construyendo una Cataluña más pobre. Y los dos principales sindicatos, con su alineación con la corriente secesionista, andan contribuyendo a ello. Un total de 3.500 compañías, en números gruesos, han trasladado su sede social de Cataluña a otras regiones de España desde el ilegal referéndum del pasado 1 de octubre. Y pese a que el cambio de sede social no tiene porqué ir acompañado de una variación en el domicilio social, casi 1.500 firmas también lo han hecho. Cierto es que el traslado social no implica ningún cambio operativo en la vida de una empresa, pero el fiscal, sin embargo, sí exige que se movilicen las Juntas de accionistas y parte de la gestión operativa de la nueva sede. Las 62 principales empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña suponen un impacto directo en el PIB catalán de 11.540 millones, lo que representa un 5,4% de la economía catalana y un 1% de la española en su conjunto. Pobreza motivada por el órdago independentista cuyos efectos en el ámbito laboral comienzan ya a notarse tímidamente, con especial sensibilidad en el sector turístico, pero con la amenaza de tener efectos perniciosos en el medio plazo y largo plazo.
¿Cómo justificarán entonces Álvarez y Sordo su alineamiento milimétrico con el procés? ¿En qué caladero lograrán captar afiliados cuando su posicionamiento ante el desafío soberanista sólo genera destrucción de riqueza y empleo? Y lo más importante, ¿por qué se debe financiar vía BOE a dos instituciones que, más allá de corruptelas y otros latrocinios pasados, pretenden romper la unidad de todos los españoles? No estaría de más que Montoro, que asegura que no se ha desviado ni un solo euro hacia el procés del dinero que le llega a la Generalitat para sus gastos ordinarios, comenzase a realizar el mismo ejercicio de control con los movimientos de fondos de los sindicatos en Cataluña. Más cuando el 70% de las subvenciones que reciben los sindicatos de este país recae sobre UGT y CCOO.
El dinero de los impuestos de todos no debe terminar en las arcas de unas instituciones alineadas con el fin de nuestro dibujo de unidad como país. Por desgracia, las subvenciones llevan décadas corrompiendo el concepto original de los sindicatos. Y así seguirá siendo mientras no desaparezca del fácil dinero público y los sindicatos aprendan a financiarse exclusivamente de las aportaciones de sus afiliados. Quizás, así, retornen a su esencia original y vuelvan a ser el contrapeso necesario en las relaciones laborales. En caso contrario, seguirán acelerando en su camino hacia la destrucción.
