La popular imagen de los tres monos sabios —uno tapándose las orejas, otro los ojos y el último la boca— aunque proviene de unas esculturas del siglo XVII en el santuario japonés Tōshō-gū en Nikkō, se asocia en la cultura popular con la falta de responsabilidad moral. Cualquier analista que siga la incesante campaña de ataque del independentismo a las instituciones españolas y a su reputación puede haber pensado más de una vez en estas icónicas representaciones como metafora de la acción del Gobierno de España y del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) al respecto.

Es bien sabido que el independentismo ha intensificado su campaña exterior contra España gracias a su red de activistas y fugados de la justicia. Ha incrementado el número de las “embajadas”, de actos donde acusa al gobierno de “represión” y, gracias a la financiación de grupos de investigadores y relatores de dudosos estándares metodológicos y éticos, han conseguido que diversos organismos internacionales publiquen informes acusatorios contra España (la mayoría basados exclusivamente en el testimonio de los mismos políticos y activistas que organizaron los referéndums ilegales y el intento de insurrección civil de Tsunami Democràtic).

Desde que Josep Borrell dejó Exteriores y Pedro Sánchez decidiera suprimir España Global (para contentar a ERC), la respuesta del Gobierno a este flujo incesante de intentos de socavar la imagen de España ha sido la misma. Actúa como si no hubiese oído nada, visto nada y no dice nada al respecto. Esta estrategia de apaciguamiento del independentismo “a la Neville Chamberlain”, desde luego no ha servido para reducir la virulencia del discurso procesista en el exterior, sino al contrario. Clara Ponsatí, Carles Puigdemont, Marta Rovira y compañía utilizan cada vez un lenguaje más agresivo e hiperbólico contra España.

El informe parece dar por hecho que los líderes independentistas y su entorno han sido víctimas de un espionaje masivo e ilegal

El caso es que el equipo del ministro José Manuel Albares es informado regularmente sobre estas acciones y campañas independentistas contra España (informes fraudulentos, artículos en prensa internacional con acusaciones infundadas, actos de proselitismo en organismos supranacionales y universidades, etc.). Embajadas y consulados consultan sí deben o pueden actuar para desautorizar estos bulos o paparruchas (fake news) que dañan la imagen e intereses de nuestro país, su gobierno y sus instituciones. Sin embargo, la respuesta (o no respuesta) que reciben desde la Plaza del Marqués de Salamanca (sede de Exteriores) es básicamente la misma. La de los tres monos.

Llamo la atención sobre el más reciente de estos casos, una vez más relacionado con el tema del CatalanGate. En un comunicado de prensa el pasado viernes 8 de septiembre, ERC se vanagloriaba de haber contribuido en el “primer informe del Consejo de Europa que cargaba contra el Estado por el uso de Pegasus”. Este informe muy crítico con España, y al igual que otro similar aprobado meses atrás por el Parlamento Europeo, exige una “investigación efectiva” sobre el uso de spyware Pegasus. El informe parece dar por hecho que los líderes independentistas y su entorno han sido víctimas de un espionaje masivo e ilegal. En este mismo comunicado de prensa, ERC explica que la importancia de este informe del Consejo de Europa (no confundir con el Consejo Europeo ni con el Consejo de la Unión Europea) radica en asociar a España con países de limitadas credenciales democráticas como Hungría, Polonia y Azerbaiyán.

Otros países, como Francia, fueron raudos en cuestionar las acusaciones que en un principio vertió Citizen Lab y defender el honor de su gobierno e instituciones y fueron sacados del informe

Sorprende que organismos supranacionales a los que España pertenece y contribuye, como el Consejo de Europa o como el Parlamento Europeo, lancen acusaciones tan graves. Soslayan completamente la abundantísima información publicada en informes y prensa que demuestra que la investigación del centro de la Universidad de Toronto, Citizen Lab, en que se basan estas carece de un mínimo rigor académico y había sido guiada por las supuestas “víctimas” (en su mayoría políticos investigados por presunta participación en delitos serios). Otros países, como Francia, fueron raudos en cuestionar las acusaciones que en un principio vertió Citizen Lab y defender el honor de su gobierno e instituciones y fueron sacados del informe. La táctica de los 3 monos no es algo que La République vaya a aplicar o aceptar cuando se atacan sus intereses, y menos sobre cimientos tan problemáticos.

Desgraciadamente para España, el relator encargado por el Consejo de Europa, el conservador holandés Pieter Omtzigt, ha decidido ignorar toda la documentación que demuestra que el CatalanGate es una maniobra de desinformación y apunta las conexiones de las supuestas “víctimas” con agentes del Kremlin. Omtzigt ha hecho algo parecido a la también holandesa Sophie Int’ Veld, relatora en la Comisión Pegasus del Parlamento Europeo, es decir, ha seguido al pie de la letra el relato y la manipulada información que le han proporcionado los independentistas. No ha integrado en su borrador ni una mínima referencia al trabajo de los investigadores y periodistas que han estado desmontando el informe CatalanGate y la campaña de propaganda que lo ha rodeado. Omtzigt ha debido pensar que, si el Gobierno de España aplica la técnica de los tres monos, él también puede. Para que complicarse la vida contradiciendo a los motivadísimos separatistas de ese arcaico país del sur.

Ni siquiera esperó al resultado de los análisis de estos teléfonos por parte de Citizen Lab, que al final dieron resultado negativo (es decir nunca se encontró prueba de una infección o ataque en estos)

De hecho, ERC cuenta en su comunicado de prensa que este nuevo informe acusatorio ha contado con la participación “imprescindible” de la senadora de ERC Laura Castel Fort, quien a su vez es la única independentista miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (conocido como PACE por sus siglas en inglés). Esta activista y política de ERC entre otras cosas fue quien denunció en julio de 2020 en este organismo que Roger Torrent, Ernest Maragall y otros líderes independentistas habían sido espiados por España. Ni siquiera esperó al resultado de los análisis de estos teléfonos por parte de Citizen Lab, que al final dieron resultado negativo (es decir nunca se encontró prueba de una infección o ataque en estos). Más tarde Castel también animó desde redes sociales a Tsunami Democràtic y se unió a la teoría de la conspiración sobre los ataques terroristas islamistas radicales en Cataluña en 2017. En su cuenta de Twitter clamaba que estos habían sido “organizados por los servicios de inteligencia españoles para asustar a Cataluña antes del referéndum.”

Pero la cosa va más allá. Castel y el relator Omtzigt viajaron a Suiza para tratar el caso del CatalanGate con la fugada Marta Rovira en septiembre de 2022. Poco tiempo después invitaron al Consejo de Europa a testificar a la también política de ERC y pareja de Oriol Romëva, Diana Riba. Ésta no solo ejercía de “victima” sino a la vez de vicepresidenta de la Comisión Pegasus del Parlamento Europeo (caso flagrante de juez y parte). Diana Riba en su comparecencia no tuvo reparos y se inventó una segunda fecha de infección en su teléfono (que no había aparecido en el informe de Citizen Lab), sugirió que los espionajes habían vulnerado el derecho de defensa de los políticos del procés juzgados y además aseguró que jamás el Gobierno de la Generalitat había tenido contactos con Rusia. Algo que tanto Victor Terradellas como Elsa Artadi había ya confirmado ante un juez y en público.

Se ha aprobado un borrador de informe y unas recomendaciones que reproducen, sin desviarse un ápice, el relato que ellos han alimentado al relator del Consejo de Europa

Es por tanto normal que Castel, Rovira, Riba y todo ERC estén ahora celebrando en redes y haciendo una tournée en medios afines. Al fin y al cabo, se ha aprobado un borrador de informe y unas recomendaciones que reproducen, sin desviarse un ápice, el relato que ellos han alimentado al relator del Consejo de Europa. Lo que resulta mucho menos normal es que los representantes de Asuntos Exteriores y del PSOE en estas sesiones hayan decidido no levantar ninguna objeción y votar a favor de éste. Sabían que se sustenta en información errónea y que daña la imagen de España, deja en mal lugar a sus fuerzas de seguridad y tribunales, pero actuaron como “monos sabios” también en esas sesiones. Se da la paradoja que tan solo el PP ha recriminado al relator y a ERC las falacias y manipulaciones, tanto en la intervención formal de Riba como en el borrador que se aprobó el viernes. Recordemos que los debates sobre el informe Pegasus del Parlamento Europeo, también fueron Ciudadanos y PP los encargados de defender el “honor” del Gobierno de Sánchez y de las instituciones españolas.

A pesar de lo expuesto aquí, apoyo firmemente la exigencia al Gobierno de investigar y justificar ante estos organismos supranacionales el uso de spyware. También debería explicar qué saben del robo de datos a Sánchez y sus ministros. Sin embargo, parece muy lamentable que esta exigencia de transparencia y rendimiento de cuentas no se haya extendido a Citizen Lab y la Universidad de Toronto. Estos siguen rechazando explicar quién, cómo, cuándo, dónde se realizaron los análisis y cómo ha conseguido este centro multiplicar sus ingresos casi por nueve desde que empezó a trabajar sobre el tema de Pegasus. Se ve que los relatores elijen ser inquisitivos y exigir transparencia de una forma intermitente.

Ante una campaña de desinformación y manipulación tan grotesca y explícita como ésta, representantes políticos y altos funcionarios se pongan de perfil como los tres monos

Para terminar, es importante recordar que resulta del todo anormal que una entidad supranacional elija para elaborar el caso de España en un informe de estas características, y como fuente prioritaria de datos, a personas con un perfil tan radical y poco neutral. También es inaudito que no reaccione cuando los partidos separatistas sacan pecho públicamente por su éxito en instrumentalizar para su causa las comisiones del Consejo de Europa, Parlamento de Cataluña y Parlamento Europeo. El control sobre la futura comisión Pegasus en el Congreso de los Diputados es parte de las actuales negociaciones del independentismo. Vistos los antecedentes soy bastante pesimista.

Es descorazonador que, ante una campaña de desinformación y manipulación tan grotesca y explícita como ésta, representantes políticos y altos funcionarios se pongan de perfil como los tres monos. No tengo conocimiento legal suficiente para discernir si esto pudiese considerarse dejación de funciones o cohecho pasivo, visto el evidente daño a los intereses de los españoles. Esperemos al menos que esta actitud complicidad no se extienda a medios y la ciudadanía, y que independientemente del posicionamiento ideológico y partidista de cada uno, contribuyamos a denunciar los abusos que se comentan tanto por acción como por omisión, independientemente de quien los cometa.

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