Apenas llueve. El nivel de los embalses españoles se sitúa en el 37% de su capacidad, once puntos menos que hace justo año. Tampoco hace viento. Dos de los grandes motores de las energías renovables andan gripados por ese cambio climático que sólo los insensatos se atreven a negar. La calma chicha en el mapa del tiempo es inversamente proporcional a la tempestad que vive el sector eléctrico. Álvaro Nadal, contra todos. O Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, contra el ministro. Un clima de tirios y troyanos con un descarado epicentro. El exacerbado intervencionismo del ministro en su obsesión por mantener barato el precio de la energía. Un atentado al liberalismo económico perpetrado bajo un próximo real decreto que permitirá al Gobierno decidir sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica en España.
Dicho de otro modo, las grandes eléctricas se quedan sin la capacidad de echarle el candado a aquellas centrales nucleares y de carbón que contaminan sus cuentas de resultados. Instalaciones deficitarias blindadas por decreto sobre las que sus dueños, las grandes energéticas, sólo podrán actuar en dos frentes. El del ‘ajo y agua’. “Mantenerlas activas es meter dinero en un saco roto”, sostienen desde el sector. La segunda vía es la venta a un tercero a precios competitivos. ¿Quién fija esos precios? Complicada solución ante el bajo apetito de los inversores por el sector energético ante la incertidumbre regulatoria que impregna al espectro europeo y nacional.
El pulso iniciado hace meses ya no se oculta. Contábamos aquí hace meses, abril en concreto, que Garoña era el epicentro de la lucha de poderes del mapa energético español. La vieja central nuclear se convirtió en el gran órdago del ministro Nadal hacia Iberdrola. Un pulso directo con Ignacio Sánchez Galán. La ausencia de feeling es bidireccional. Y Garoña se articula como piedra rosetta en la estrategia energética del ministro. Detrás de las luchas palaciegas sobre su reapertura se esconde la recomposición del mix energético: aumento del peso de la nuclear, con apoyo del carbón, y un abaratamiento de las energías renovables. La estrategia choca de bruces con los intereses de Iberdrola, virada a las energías limpias, y de su núcleo de accionistas extranjeros, menos sensibles al intercambio de favores políticos. El debate no era entonces entre Garoña sí o Garoña no. Hay muchas más aristas.
Galán no quiere Garoña. Y no lo esconde. Como tampoco quiere las centrales de carbón de Lada y Velilla, instalaciones ruinosas en la composición del ebitda de Iberdrola. El clima bélico entre Iberdrola y Energía tiene tantos decibelios que Galán no pudo explicar su postura a la prensa después de la cumbre a cuatro (Nadal, Galán, Juan Vicente Herrera y Javier Fernández, éstos últimos como presidentes de las comunidades donde están ubicadas las minas) celebrada este pasado jueves en el ministerio. El propio Nadal explicó que sólo pueden comparecer representantes institucionales en suelo ministerial, ‘su’ territorio. En las cuentas del ministro, el cierre de Lada y Velilla, o lo que es lo mismo la no concurrencia de ambas centrales en el mercado eléctrico, encarecería el precio de la luz a cada familia española alrededor de 2,5 euros al año. Esto son 38 céntimos de euro por megavatio hora de media más en los tres últimos años.
El recibo, la factura, es la gran obsesión de Nadal. En el ministerio temen un súbito cambio en el mapa del tiempo, con la llegada del frío en este ‘veroño’, que dispare el precio de la luz ante la incapacidad de la aportación de las renovables para generar el exceso de consumo que generaría una repentina bajada de las temperaturas. Y Nadal anda dispuesto a lo que sea porque no se dispare el precio de la factura doméstica por la subida del megavatio. Una parte mínima en el precio del recibo, apenas el 30%, frente al 70% restante que sirven para financiar los errores políticos del pasado, como el déficit de tarifa, u otro tipo de beneficios como las conexiones inter peninsulares. En ese objetivo, Nadal está dispuesto a nacionalizar instalaciones. La posibilidad ya se debatió con Garoña. En la práctica, el nuevo real decreto que se cocina supone una nacionalización de determinados negocios de Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, al reducirles el margen de actuación sobre sus activos deficitarios. Una aberración al libre mercado que obligaría a entrar de oficio a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).
Tampoco acaba de funcionar el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), una empresa que se constituyó en 2012 pero que no funciona de manera efectiva hasta que en octubre de 2015 el Gobierno de Rajoy aprobó otro real decreto para intentar poner orden en el mercado gasista. El Mibgas, realmente, opera como un mercado secundario para España y Portugal en el que se facilita, en teoría, la compraventa de gas. El experimento, sin embargo, tampoco tira. Tuvo que pasar año y medio desde aquel real decreto para que el Ministerio de Energía desvelase que sólo el 5% de las transacciones del mercado del gas se realizan en el ámbito de este mercado secundario. Toca dinamizarlo, obligando a que los operadores sean más activos. ¿Por qué es importante bajar el precio al que compran y venden gas los operadores? Porque el despegue de los precios de la luz se produce cuando se ‘compra’ mucha energía producida a través de centrales de ciclo combinado, que funcionan con gas, por el parón de las renovables.
El Ministerio de Nadal teme que se estén manipulando esos precios de manera artificial. Desde ciertos sectores del Gobierno se criticó hace algunos meses a las comercializadoras -las eléctricas, en definitiva- que no ‘acumularan’ gas en previsión de fuertes demenadas y que, en situaciones de estrés de consumo, tengan que comprarlo a precio de oro. Desde el sector, sin embargo, se defienden que no tienen capacidad de acumular gas y que esa dinámica de compras a precios altos seguirá sucediendo.
Lo cierto es que el actual choque de trenes entre el ministro Nadal y las grandes eléctricas es el santo y seña de que sigue sin contar con esa reforma energética capaz de abaratar los costes de producción de nuestras empresas, cuestión básica para consolidar el crecimiento económico y aligerar el bolsillo de unos consumidores que soportan un recibo de la luz que apenas refleja el verdadero coste de la energía y su transporte, una reforma, también, capaz de acabar con el carbón, es decir, dejar de producir energía con tecnologías que emiten CO2. En realidad, esa reforma ni está ni se le espera. A cambio, las balas siguen silbando salvajes en derredor del “regalito” de los miles de millones que nos van a costar los arbitrajes pendientes por las renovables. ¿Cómo saldremos de esta nueva aventura en este ambiente bélico? Cosas del ministro Nadal.
@miguelalbacar
