Conforme transcurren los días parece cada vez más clara la voluntad de los gobiernos europeos de vincular el retorno a la normalidad con la vacunación masiva. Aunque es cierto que la población de riesgo ha sido masivamente vacunada contra la covid-19 y la mayoría de los jóvenes contagiados no desarrolla síntomas ni requiere de hospitalización, las autoridades sanitarias insisten en seguir acudiendo a la incidencia acumulada (IA) como referencia en base a la que proponer restricciones. Y ello a pesar de que voces autorizadas, como la madre de la vacuna Astrazeneca, advierten sobre la necesidad de ir desplazando la IA como unidad de medida.
A pesar de todo ello, las CCAA se encuentran inmersas en una escalada prohibitiva desproporcionada, como si fueran críos compitiendo a ver quién la tiene más grande. La incidencia del histerismo que se está inoculando a la población me parece más preocupante que las actuales tasas de ocupación hospitalaria y de UCIS, que ni de lejos se aproximan a las del año pasado. Se nos está inoculando miedo contra nuestra propia libertad. Y nada me produce más pánico que una sociedad esclavizada por voluntad propia, que entrega su libre albedrío y su capacidad de discernimiento a la élite gobernante. Ya ha sucedido antes y jamás ha terminado bien.
Tanto Macron como Johnson han advertido ya que los no vacunados no podrán acceder a lugares cerrados, ya sean públicos o privados, como centros de trabajo, comercios, restaurantes o clubes
Pero dado que el objetivo de las limitaciones de derechos ya no parece ser evitar el colapso hospitalario, sino alcanzar altos porcentajes de la población vacunada, creo que resulta conveniente y necesario abrir el melón de la obligatoriedad de la vacunación. Sobre todo teniendo en cuenta que en Francia y en Reino Unido ya han anticipado la que probablemente acabe siendo la decisión del Gobierno español: aunque formalmente se mantenga la voluntariedad de la vacuna, se restringirán a los no vacunados lugares y situaciones que antes eran de libre acceso. Algo que a efectos prácticos viene a convertir la vacuna contra la covid en obligatoria.
Efectivamente, tanto Emmanuel Macron como Johnson han advertido ya que los no vacunados no podrán acceder a lugares cerrados, ya sean públicos o privados, como centros de trabajo, comercios, restaurantes o clubes. Y esto plantea no pocos problemas legales.
Para empezar a deshacer la madeja, creo oportuno empezar por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Especialmente la sentencia recaída en el asunto Vavřička y otros contra la República Checa de 8 de abril de 2021. La normativa de ese país establece la obligación de todos los nacionales y residentes de larga duración de someterse a un programa de administración de una serie de vacunas, prohibiendo a los centros preescolares aceptar a aquellos menores que no hayan cumplido el plan de vacunación en función de su edad.
Evaluar las necesidades de sus nacionales
El Tribunal en absoluto niega la interferencia en la vida personal y familiar de esta ley, pero considera que es necesaria en una sociedad democrática, en la que la obligatoriedad de ciertas vacunas responde a una necesidad social urgente, debiendo valorarse a este respecto si las razones son relevantes, suficientes y proporcionales. Para ello conceden margen a los Estados de cara a establecer sus políticas sanitarias ya que consideran que están mejor situados para evaluar las necesidades de sus nacionales. Este margen se amplía cuando la pugna se da entre intereses o derechos individuales y colectivos. Entrando además en juego el interés superior del menor.
El TEDH respalda así la obligatoriedad de la vacunación para el acceso de los menores a centros preescolares y resuelve el juicio de prevalencia de derechos a favor de la salud pública. Una importante resolución en la que muchos han querido ver una legitimación a la vacunación obligatoria, algo que no es del todo cierto. Para empezar, porque el caso concreto viene referido a la enseñanza preescolar, que no es obligatoria. Si hablásemos de esta última, el debate plantearía un giro radical, ya que la educación del menor tiene un peso importante que no puede soslayarse cuando se pondera su derecho a la salud.
no nos encontramos ante vacunas aprobadas por el proceso ordinario, tras un desarrollo de entre diez y quince años, sino que cuentan con una autorización de comercialización condicional
Pero es que, además, si lo trasladamos al debate de la obligatoriedad de las vacunas contra la covid-19, existe una derivada que no podemos obviar: no nos encontramos ante vacunas aprobadas por el proceso ordinario, tras un desarrollo de entre diez y quince años, sino que cuentan con una autorización de comercialización condicional. Esto último consiste en un instrumento contemplado en la legislación europea que permite una autorización ante una necesidad médica no cubierta, en la medida en que el beneficio para la salud pública de su inmediata disponibilidad es superior a la incertidumbre derivada de la limitación de los datos disponibles. Una vez que las vacunas están en el mercado, las agencias de medicamentos europeas analizan y comparten continuamente la información que se vaya produciendo sobre las mismas.
El carácter “extraordinario” del procedimiento, unido a la inefable campaña de comunicación llevada a cabo por las instituciones nacionales y europeas –estos días se publica que van a dejarse de suministrar las vacunas de Astrazeneca- han generado recelos, cuando no rechazos, en sectores de la población no alineados tradicionalmente con los llamados “antivacunas”. Es más, el actual alarmismo mostrado por las autoridades sanitarias a pesar de las altas tasas de vacunación podría resultar contraproducente, pues hasta cierto punto traslada la sensación de que las distintas vacunas que se están suministrando no resultan eficaces contra el coronavirus. El papel que en esto están jugando algunos “expertos” a los que recurren asiduamente los medios de comunicación es digno de mención.
Una vez más van a intentar arreglar su desaguisado situando nuevamente a los ciudadanos ante la falsa dicotomía entre salud y ley
Con este caldo de cultivo propiciado en buena parte por las instituciones, me resulta difícil de digerir esa suerte de derecho de admisión por razón de la vacuna que se ha empezado a imponer, más aún cuando no sólo alcanza a organismos públicos sino a establecimientos privados. El hecho de que yo esté vacunada y anime a todo el mundo a hacerlo no obsta para que me genere rechazo lo que está por venir: un derecho a discriminar por motivos de salud pública en el que el desempeño normal de la vida se condicione a la inoculación de unas vacunas autorizadas por la vía “excepcional” sobre cuyos efectos secundarios no deja de generarse alarma por las propias autoridades y por los medios de comunicación.
Mucho me temo que en lugar de vencer convenciendo, van a intentar arreglar su desaguisado situando nuevamente a los ciudadanos ante la falsa dicotomía entre salud y ley, a intentar convencernos de que es necesario relegar la legalidad en pos de la vida cuando lo cierto y verdad es que ambos son perfectamente compatibles. Sólo tenían y tienen que hacer bien su trabajo. El precio de sus errores, cómo no, lo seguiremos pagando nosotros.
