Para muchas personas tratar de tirano a Sánchez puede parecerles una exageración e incluso una ofensa, especialmente para los 5.261.293 de los españoles que le han votado recientemente en las elecciones europeas (30,18 %), pero en menos de un año ha perdido casi 2,5 millones de votos en comparación con las elecciones generales de julio pasado. Ciertamente no le es de aplicación la acepción de persona que logra el poder a las bravas, pues lo logra en investiduras legales en el Congreso de Diputados. No obstante, le es de aplicación este segundo significado de tirano: aquel que abusa de su poder, al imponerlo sin límites con superioridad por la posición que ostenta. Veámoslo.

Sánchez gobierna ya seis años, desde 2018 a 2023, gracias a cuatro investiduras, esos actos puntuales, pero decisivos sobre los que asienta su mínimo e insuficiente poder representativo del pueblo español: 2018, moción de censura contra Rajoy, dos elecciones en 2019, con minoría decreciente, y la de 2023 también en minoría, sólo 121 escaños. En todos los casos, consigue ser investido con pactos de compraventa, es decir, votos por políticas de ultraizquierda y privilegios a los separatistas. Después de las investiduras dispone de cuatro años para amoldar instituciones y recursos a sus intereses sin dar cuenta a nadie. El abismo entre el programa electoral y las políticas desarrolladas es abismal, por ejemplo, amnistiar a criminales separatistas contra la Constitución. Las sesiones de control del Congreso de Diputados son paseos militares; usa y abusa de su posición, pues ejerce de oposición a la oposición. El Congreso de Diputados se ha convertido en un saloon de Western donde chulea aclamado por los suyos. Estas decisiones y conductas, frente a otras posibles, definen su perfil político.

En la España de Sánchez los pocos contrapoderes institucionales están siendo laminados, incluso se margina la auctoritas del Rey, reducido su papel constitucional a la vida privada y a contados actos simbólicos

Las políticas desarrolladas en todas estas legislaturas (no las menciono, pues están en la mente de todos) decantan al PSOE hacia la ultraizquierda y empodera a los separatismos antiespañoles. Efectos: degradación de las instituciones de todos (Tribunal Constitucional, Fiscalía, Abogacía del Estado, Consejo de Estado, CIS, política exterior, Correos, empresas públicas, educación, sanidad, seguridad…). Ahora él y sus socios van a todas contra los medios y periodistas libres. Arrecia el acoso contra los jueces y magistrados ajenos a su influencia y quieren controlar el poder judicial (CGPJ), pero «no hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unido a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario» (Montesquieu, L’esprit des lois, XI.6). Y cuando esto ocurre «se sabe por experiencia eterna que todo hombre investido de autoridad propende a abusar de ella, no deteniéndose hasta que encuentra límites (…) Para que no pueda abusarse del poder es preciso que, por disposición de las cosas, el poder contenga al poder…» (XI.4). En la España de Sánchez los pocos contrapoderes institucionales están siendo laminados, incluso se margina la auctoritas del Rey, reducido su papel constitucional a la vida privada y a contados actos simbólicos.

Sánchez ha sometido al Estado a su voluntad de poder para seguir contando con los votos de los separatistas (indultos, código penal a su medida, amnistía, financiación, dejarles hacer en sus “feudos” (en esto han convertido las autonomías solidarias de la Constitución). Con Sánchez hasta lo impensable es posible para ellos. Ahora van por todas: independencia económica, poder judicial separado y referéndum.

Así las cosas, puede afirmarse que Sánchez, desde 2018, gobierna con fraude a la Constitución, a sus principios y valores, así como al espíritu fundacional de la Transición democrática. Estamos pasando, progresivamente, de una democracia liberal a una pseudodemocracia autoritaria, decantada hacia un poder discrecional que adapta conceptos y límites a los intereses del momento, en detrimento de la certidumbre jurídica y las libertades básicas.

La Constitución es un edificio de instituciones, principios, valores y procedimientos. Sólo quedan en pie las instituciones, pero casi todas sometidas al tirano o desprestigiadas; los principios (unidad soberana en la diversidad, Estado social y democrático sometido al Derecho independiente) y valores superiores (libertad, igualdad, justicia, pluralismo) están en regresión acelerada. Ni siquiera se mantiene como manual de procedimientos, pues los cambian según interesa (RTVE, elección de los miembros del CGPJ, competencias del Senado…).

Está permanentemente acuciado por los intereses diversos, contradictorios y antiespañoles de sus socios de quienes depende. Cada día son más oscuros sus manejos para mantenerse en el poder

Globalmente, considerada la conducta política de Sánchez se aleja de los estándares de las democracias liberales: no reúne las condiciones mínimas -más allá de la legalidad de la investidura- para el ejercicio del poder representativo durante el tiempo de la legislatura. Aunque quiera no puede servir al interés general de la Nación; causa de su ilegitimidad política y ética. Está permanentemente acuciado por los intereses diversos, contradictorios y antiespañoles de sus socios de quienes depende. Cada día son más oscuros sus manejos para mantenerse en el poder. Las políticas que comprometen al político con la ciudadanía oscilan entre la propaganda y el sectarismo. Va adaptando las políticas a las necesidades del momento sin una guía clara y comprensible, cada vez más alejada del interés de España como Nación unida. Hasta 2027 que durará esta legislatura si no lo remedia, no podemos tener una certeza razonable de qué políticas llevará a cabo. Estamos a expensas no de un presidente representativo sino de un amo (en política se denomina tirano), que lo controla casi todo y quiere más. Ahora que han aflorado diversos casos de corrupción que le implican a él y su familia lo están convirtiendo en un tirano herido, pues son ampliamente conocidos en España y fuera. Dado su carácter, es ahora más peligroso, no reparará en límites. Es el recurrente destino de los autoritarios; sabe que no tiene legitimidad democrática, sensu stricto, para gobernar, pero se aferra al poder con ínfulas épicas: vencer a la derecha y ultraderecha (¡que viene el lobo!), pero no son otra cosa que la mayoría de los españoles que no le votan a él ni a sus socios por motivos diversos, pero crece el número de quienes le ven como el principal problema para la convivencia y el progreso democrático.

Capacidad de movilización

Ante esta situación regresiva caben dos opciones que ya se están dando: aceptar el autoritarismo de Sánchez y su metástasis política, económica y mediática, con la esperanza de que acabe algún día, o impulsar la resistencia civil no violenta. Ambas opciones son dialécticas; sin la segunda, la primera tiende a consolidar la degradación seudodemocrática como estamos viendo en España y en otras naciones. La clave, pues, está en la acción de los resistentes civiles y su capacidad de acción para movilizar a los ciudadanos, pero como indica el economista y premio Nobel, Th. Schelling, «las tácticas elegidas por los resistentes civiles tienen costos y beneficios, al igual que las tácticas utilizadas por su adversario autoritario». Gana el que crea certeza e inquietud y atrae a más ciudadanos por la rectitud del compromiso.

Vencer al tirano no es fácil; no es una estrategia sin costes, porque es el epicentro de un entramado de intereses bien nutridos que han colonizado el Estado. Entramado que une intereses partidistas (red extensa de poder, cargos, dinero e influencias), ideológicos (el arrastre del progresismo contra libertad y progreso, y el control ejercido sobre las personas en nichos identitarios contra el individuo libre), y personales (red clientelar de atrapados en la propaganda y los beneficios). Vencer al tirano requiere debilitar sus bases de apoyo. Las dos primeras requieren compromiso político y cívico (manifiestos de unidad, protestas masivas y actos de resistencia civil, profesionalismo e independencia judicial y periodística); la tercera, depende de la cambiante lealtad de los adictos por los juegos de poder a favor y en contra (ejemplos, entre otros, antiguos dirigentes del PSOE (González, Guerra, Almunia, Lambán…), colectivo Fernando de los Ríos (Nicolás Redondo, Virgilio Zapatero, Rodríguez de la Borbolla…), o los excluidos como Koldo, pues, según dice, no votará al PSOE.

La resistencia política y civil se dilucida en el tiempo que queda de legislatura, pues la oposición tiene que lograr una masa de votos alrededor del 45%, que el PSOE baje del 30% y que con la ultraizquierda y separatistas estén lejos de la mayoría, para acometer los cambios necesarios, incluidos los constitucionales para hacer un Estado representativo de la Nación y eficaz, en coherencia con los valores de la Transición democrática madre de la Constitución. No será fácil con la conducta desarrollada hasta ahora por la oposición política, por insuficiente porque estamos en un proceso de descomposición.

Importa armar una alternativa que sume a la oposición de derecha e izquierda socialdemócrata en una estrategia común de cambio. Basta de hurgar en las divisiones

Los partidos de oposición deben salir del marco conceptual ideológico establecido por Sánchez y los suyos, “derecha y ultraderecha son el mal” que se repite machaconamente en instituciones, medios y redes. Urge contrarrestarlo con información veraz que evidencie el mal concreto que genera la “izquierda, ultraizquierda y separatistas”. Exhibir como éxito de normalidad y sin complejos los pactos entre partidos que rigen la mayoría de las autonomías. Importa armar una alternativa que sume a la oposición de derecha e izquierda socialdemócrata en una estrategia común de cambio. Basta de hurgar en las divisiones. Por su posición, el PP debe liderar el proceso de cambio y crear condiciones para sumar con otras fuerzas, sin distraerse en las artimañas que le tienden ni cometer errores.

Moderación ajustada a Estado de derecho

La resistencia civil, formada por asociaciones diversas, fundaciones y empresas tienen el deber patriótico y moral de articular una planificación operativa para incrementar la participación civil en la resistencia. Construir la unidad demanda un liderazgo fuerte y una estructura organizativa que defienda las instituciones, el Estado de derecho, las libertades individuales…

La resistencia civil de jueces y magistrados es el profesionalismo comprometido con el Estado de derecho en la administración de la justicia, con independencia y alejados de adscripciones ideológicas.

La resistencia civil de medios y periodistas libres es el profesionalismo comprometido con la objetividad y la veracidad, frente a la desinformación, los ataques y presiones políticas y empresariales.

Y todo ello sin dejar de ser conscientes, en todo momento, que la operatividad a largo plazo de las democracias liberales gira en torno a la moderación ajustada al Estado de derecho como eje vertebrador de la vida sociopolítica.

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