Los departamentos de Presidencia y de Juventud del Gobierno vasco han contratado en un centenar de ocasiones, la mayoría de ellas a dedo, a las empresas del grupo Montai. Dicho grupo está dirigido por Aitor Elorza, miembro del PNV de Guipúzcoa. La oposición llevará el caso al Parlamento vasco mientras el Ejecutivo que dirige Íñigo Urkullu afirma que está analizando las contrataciones por si hubiera irregularidades.
Cuando en el PNV aún no se han recuperado de la convulsión que supusieron las abultadas condenas del caso De Miguel, llega un caso que apunta a la existencia de una presunta red clientelar con contratos públicos para empresas afines al partido.
Este caso puede comprometer al propio lehendakari, ya que muchas de esas contrataciones partieron del propio departamento de Presidencia del Ejecutivo vasco. Y llega a solo unos meses de las decisivas elecciones autonómicas de este 2020.
Los contratos y las empresas
En los últimos días, Eldiario.es ha desvelado que el Instituto de la Memoria de Euskadi (Gogora), órgano que emana del departamento de Presidencia, contrató 28 veces a las empresas del grupo Montai, dirigido por un miembro del PNV, por un valor total de 762.000 euros. De esos contratos, 23 fueron sin concurso público, es decir a dedo. Todos ellos estaban destinados a una misma exposición itinerante sobre Derechos Humanos del citado Instituto público.
Además, el citado medio ha informado sobre que el Gobierno vasco en su conjunto contrató hasta en otras 65 ocasiones a las compañías del conglomerado por valor de 899.000 euros. La mayoría de estos contratos, ocho de cada diez, fueron adjudicados por los departamentos de Presidencia y Juventud, si bien también existen contrataciones de otras consejerías como Cultura y Educación.
Así, se trata de casi un centenar de contratos y la cantidad total del dinero público pagado al grupo Montai es, que se sepa por ahora, de 1,6 millones de euros. Dinero público adjudicado a las cuatro empresas que conforman el citado grupo: Montai Produkzioak eta Zerbitzuak, Estali La Karpa, Denok Zuzeneko Komunikazioa y Kultur Kirol Zerbitzuak. Las cuatro se dedican a la organización de eventos.
El administrador y su familia, del PNV
El administrador de las cuatro compañías es el donostiarra Aitor Elorza. Este hombre es miembro de la Asamblea Nacional del Gipuzko Buru Batzar (PNV guipuzcoano). Su hermana, Idoia Elorza, es la responsable de Organización de los peneuvistas guipuzcoanos. Además, la esposa del empresario, Maije Zelaia, es diputada en las Juntas Generales de Guipúzcoa y fue concejal en San Sebastián.
Las empresas de Montai obtienen contratos con el Gobierno vasco y con otras administraciones como las Diputaciones, varias empresas públicas y diversos ayuntamientos; en la mayoría de estos últimos gobierna el PNV. En uno de ellos, el de Hondarribia (Guipúzcoa), la interventora puso la voz de alarma sobre las habituales contrataciones a dedo a Montai; en dicha localidad, este grupo ha facturado más de 2 millones de euros al Consistorio durante los últimos diez años.
Se da la circunstancia, además, de que Montai suele organizar los actos del propio PNV. Amén del propio Elorza, varios cargos del partido en activo trabajan en las empresas del grupo. Es el caso de los junteros alavesas Roberto González Muro y Onintze Guerra, que simultanean su trabajo en Denok con sus puestos en el Parlamento foral.
El caso llegará al Parlamento
La presunta red clientelar a la que apuntan las informaciones publicadas acabará en el Parlamento de Vitoria. Varios grupos de la oposición pretenden llevar el caso al pleno. Por ahora, Podemos ha exigido al Gobierno Vasco "contundencia" para "acabar con el clientelismo" y ha solicitado la comparecencia en la Cámara de Vitoria del citado Aitor Elorza.
Entretanto, el Gobierno vasco afronta el caso como puede. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, decía este martes que la oficina de control económico del Departamento de Hacienda y Economía está estudiando la documentación sobre diversas adjudicaciones realizadas por el Instituto Vasco de la Memoria.
Sin duda, la investigación no podrá ceñirse solo a los contratos del citado Instituto, sino que tendrá que extenderse a todas las contrataciones a Montai por parte de las diversas áreas del Ejecutivo. Porque desde la oposición van a presionar con un caso que a Urkullu le llega en el peor momento posible.
