Siete días de tensión institucional. Los necesarios para que La Moncloa tome la primera medida contundente en la crisis del coronavirus, que ha sido decretar el estado de alarma. Desde el comienzo de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han presionado a Pedro Sánchez para que dejara al lado la inacción y comprendiera la gravedad de la situación. Fuentes del gobierno local madrileño asumen que una posible solución a la crisis sea el "cierre" de la región.
Hace una semana los contagios empezaron a crecer sin parar y los miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid veían como la situación se complicaba. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid admitía sus dificultades, y la presidenta y alcalde de Madrid decidieron que no se podía esperar más.
“La inacción de Sánchez generaba mucha preocupación”, admiten fuentes conocedoras de los encuentros y comunicaciones con el Gobierno. Tras detectar la diferencia de análisis sobre el impacto del coronavirus, los dirigentes locales apostaron por empujar y forzar al Gobierno a actuar. "Parecían paralizados de miedo", señalan.
Los problemas comenzaron a manifestarse cuando llegaron voces de alarma por saturación hospitalaria. También los laboratorios iban hacia el colapso. Con ya más de 100 infectados, el equipo de Sánchez no veía necesario hablar de emergencia. Ni siquiera miraba a Italia ya desbordada. Todo orbitaba alrededor de la crisis de Gobierno sobre la Ley de Libertad Sexual, con la pugna entre Irene Montero y Carmen Calvo, y en su solución.
Más de una persona consultada del PSOE, PP, Ayuntamiento y Comunidad, sostienen que Sánchez y su equipo, liderado por el experto en marketing Iván Redondo, intentaba negar la evidencia. La situación era de “semiparálisis”: “Se parece a 2008, cuando Zapatero no quería admitir la existencia de la crisis económica”, afirman.
Los centros de mayores, el primer choque
Ante la situación, Comunidad y Ayuntamiento plantearon una "estrategia conjunta" para enfrentarse a las reticencias de La Moncloa y forzar a Sánchez a adoptar medidas extraordinaria. La única solución a la crisis ya aparecía la de cerrar a los ciudadanos en sus viviendas, puesto que las primeras restricciones habían obtenido el efecto contrario, o sea incrementar los encuentros de ocio.
“El primer conflicto se produjo cuando Madrid cerró los centros de ocio para mayores”, explican en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Sánchez consideró “inoportuna y alarmista” esa iniciativa. De hecho, autorizó la marcha del 8-M para el día después, así como los partidos de fútbol y congresos como el de Vox.
El sábado 7 de marzo los contagiados alcanzaban las 400 personas. El domingo eran más de 500. El lunes ya rozaban los mil. La Comunidad decidió entonces anunciar el cierre de colegios, teatros, cines... Lo hizo de manera unilateral, lo que determinó otro “choque” con Sánchez. “Pero en este caso el Gobierno veía que Madrid iba a hacerlo igualmente, y finalmente avaló la medida”, comentan fuentes del gobierno local.
El director del CCAES, Fernando Simón:
"No es necesario cerrar colegios o universidades porque no ayudaría a frenar la expansión del #coronavirus" pic.twitter.com/KEC1OYgx64
— Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 4, 2020
Cierre de Madrid
Durante toda la semana pasada el Ejecutivo evitó hacer recomendaciones a la población sobre el peligro del virus. El debate público se encontraba encallado en la ley de la Libertad Sexual impulsada por Irene Montero. Simón llegó incluso a ponerse de perfil ante la pregunta de si aconsejaba o no ir a la manifestación del 8-M de Madrid. Una "grave negligencia", según Pablo Casado. Mientras, la Moncloa silenciaba a la única ministra, Yolanda Díaz, que llevaba el asunto a nivel público, pidiendo que se atuviera a la “evidencia científica”. Díaz finalmente no acudió a la manifestación.
La sensación para miembros incluso del PSOE y Podemos es que el Ejecutivo se encuentra “desbordado”. El pasado jueves, tres días después de acudir a la marcha del 8-M, la ministra de Igualdad admitió tener el coronavirus. Políticos del PP y de Vox han resultado también positivos. Nadie en el Ejecutivo ha asumido responsabilidad por no actuar antes.
La última batería de medidas de los gobiernos locales se dio a conocer el viernes. El alcalde de la capital dictaminó el cierre de los bares y restaurantes de la ciudad. Almeida hizo el anuncio pocas horas antes del consejo de Gobierno extraordinario en el que Sánchez se dirigió a la nación para declarar el estado de alarma. Horas después, el propio alcalde añadió que "no descarta cerrar la ciudad" ahora que el estado de alarma lo permite.
Este sábado se espera otro giro de guion. Sánchez detallará las medidas incluidas en el estado de alarma y todo apunta a que el gobierno aplicará limitación de movimiento de los ciudadanos. Una decisión que, en definitiva, es lo que pedían los políticos de la Comunidad y el Ayuntamiento. “No queda otra”, comentan tras una semana de pulso con un Gobierno que se ha resistido a actuar hasta tener más de 4.000 contagios a nivel nacional. La esperanza es atajar la crisis cuanto antes, pero sin olvidar el tiempo perdido.
