Carlos Carrizosa (Barcelona, 1964) es el portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña. Veterano en la lucha contra el separatismo, Carrizosa se dio a conocer a toda España en los plenos de la desconexión de los días 6 y 7 de septiembre hace ahora un año. El portavoz naranja forzó numerosas suspensiones de unos plenos ideados por el independentismo para aprobar las leyes del referéndum y transitoriedad jurídica saltándose todas las normas conocidas hasta la fecha.
Carrizosa repasa lo ocurrido aquellos días en una entrevista con Vozpópuli. Asegura que no hubo filibusterismo parlamentario para retrasar las sesiones. Lo que hacía, dice, era denunciar una ilegalidad y un "atropello" a la democracia. El portavoz de Ciudadanos advierte de que el golpe separatista sigue en Cataluña. "Lo avisamos entonces y lo repetimos ahora", dice.
"Las leyes de la desconexión fueron un teatro para dar tintes de legalidad a un absoluto golpe de Estado"
¿Qué recuerda de aquellas jornadas de los días 6 y 7 de septiembre del año pasado?
Mucha indignación y tristeza por lo que ocurrió en el Parlamento. Hace un año del golpe a la democracia, pero lo cierto es que llevaban muchos más años urdiendo ese plan que culminó en el golpe. El separatismo ya había demostrado el rechazo a España y en aquellos plenos se escenificó también el rechazo a la democracia y a sus normas. Se valieron de una exigua mayoría parlamentaria para sacar unas leyes secretas de un cajón y luego silenciaron a la oposición en todos los trámites. Derogaron la Constitución y el Estatut de Cataluña con 72 votos y dijeron que eso valía. Fue la primera vez que presenciábamos en democracia la quiebra del estado de Derecho desde un órgano legislativo y promovido por una nacionalismo con tintes populistas que estaba socavando las instituciones de Cataluña.
Dice que era un plan preconcebido. Entiendo por lo tanto que ustedes también se prepararon para ese momento. ¿Cómo lo hicieron? Cómo era la unidad de acción con otros partidos en defensa de la legalidad?
Nosotros teníamos muy claro que no podíamos permitir que se aprobasen dos leyes de forma ilegal, que iban a pulverizar el estado de Derecho y separarnos de España y de Europa. Teníamos mucho interés en escenificar para toda España y Europa que existía una oposición que no daba validez a lo que se estaba haciendo ahí. Teníamos muy claro que no íbamos a participar en la votación. Y que además íbamos a dejar el hemiciclo vacío. Era una forma de dejar claro que todo aquello que se intentaba vender como una aprobación de leyes era un teatro para dar tintes de legalidad a un absoluto golpe de Estado. Nuestra prioridad era, primero, aunar a las fuerzas de la oposición en el rechazo frontal a todo eso. Y, segundo, que se exteriorizase en la sesión lo que estaba ocurriendo. Creo que esos objetivos se cumplieron. Nosotros, como grupo mayoritario de la oposición, encabezamos la indignación y el atropello que estaba sucediendo.
"El separatismo ya había demostrado el rechazo a España y en aquellos plenos se escenificó también el rechazo a la democracia y a sus normas"
Había entonces una unidad de acción con el PP, el PSC y con parte de lo que era el espacio de Podemos en Catalunya Si Que Es Pot con aquellas reconsideraciones y reuniones que forzaron. El filibusterismo...
El filibusterismo era precisamente el pretender aprobar aquellas leyes con 72 diputados. No puede llamarse filibusterismo a lo que estaba poniendo en evidencia la ilegalidad de lo que hacían los partidos separatistas con el Gobierno de la Generalitat y la complicidad de la presidenta del Parlament que fue vergonzosa. Luego hemos leído en los autos del juez Llarena que había tres patas en este intento de golpe a la democracia: la parlamentaria, la del Gobierno y la calle con las asociaciones (ANC y Omnium) que controlaban el movimiento independentista. El Parlamento era un eslabón más de este proyecto.
Usted no catalogaría sus intervenciones de filibusterismo parlamentario.
No lo es. Pedir que se haga un dictamen por el Consejo de Garantías Estatutarias cuando tenemos derecho a pedirlo y que la presidenta del Parlament se negara a suspender para dar ese trámite previsto en la ley era un atropello increíble. El propio Consejo de Garantías Estatutarias nos envió un motorista esa mañana diciendo que estaban de acuerdo y que ellos tenían que cumplir esa función. No es filibusterismo pedir la reconsideración de cada decisión ilegal, porque eso, además, tiene su importancia en la sustanciación de los recursos ante Tribunal Constitucional y es obligado. Nosotros hicimos todo lo que jurídicamente era obligado. Y políticamente, suponía trasladar a la ciudadanía lo que verdaderamente estaba sucediendo. Eran actuaciones obligadas de cualquier demócrata que está defendiendo la legalidad.
"El filibusterismo era precisamente el pretender aprobar aquellas leyes con 72 diputados"
Anna Gabriel le llamó a usted antisistema. ¿Lo recuerda?
(Risas) ¿Qué más hay que decir? Anna Gabriel está viviendo ahora un retiro dorado en Suiza, y precisamente ella no es de las que tiene las imputaciones más graves. Que la CUP estuviera en aquellos momentos al lado del PDeCAT y ERC nos da una idea de cuál era el nivel de subversión y de golpe a nuestras instituciones que se estaba perpetrando ahí.
Se habló mucho de aquellas juntas de portavoces, de la tensión que había. Se dijo que Forcadell impidió hablar al letrado mayor. En las reuniones que participó usted, ¿cuál fue el momento más tenso?
Hubo muchísimas discusiones agrias aquel día. Los momentos más tensos eran cuando se advertía de la ilegalidad y las consecuencias penales que algunas decisiones iban a tener, y que luego han tenido. Ellos (los separatistas) se indignaban y decían que eran amenazas. Y yo les decía, no son amenazas, son realidades. Pero el momento quizás de más tensión y en el que se llegó a elevar la voz fue durante una junta de portavoces que creo fue el día 7 (de septiembre). Los invitados que estaban en la tribuna, muchos de ellos alcaldes con las varas que habían invitado los partidos separatistas, empezaron a gritar independencia, independencia. Teníamos el Parlamento ocupado por más de dos centenares de personas. Nosotros lo interpretamos como una coacción intolerable hacia los diputados. Yo advertí que como diputado me sentía coaccionado por la presencia de esas personas gritando atronadoramente independencia, independencia. Y que tenían que cesar en sus gritos, porque si no iba a dejar constancia. Y eso es un delito muy grave. En ese momento, el que hoy es presidente del Parlament, Roger Torrent, cogió el teléfono, vio por dónde iba mi requerimiento, llamó y cesaron los gritos y no volvieron a producirse más. El ambiente era de que podía pasar cualquier cosa.
¿Llegaron a sentir miedo o a temer por su integridad física durante aquellos días?
Cuando convocaron los plenos para aprobar estas leyes golpistas, nosotros inmediatamente exigimos saber qué medidas de seguridad se iban adoptar en el Parlament. Nos temíamos que si el Parlamento no quedaba suficientemente protegido por vallas y policías, parte de la estrategia golpista podía ser la invasión del Parlamento por parte de gente preparada. Había preocupación en los grupos constitucionalistas y nos preguntábamos qué salidas había si empezaba a entrar la gente. Hubo preocupación y tensión. Por mí parte, advertí al secretario general, al jefe de los letrados, que para mí era responsabilidad del Parlament y del secretario general que en plenos de previsible tensión se garantizase la seguridad de los diputados. Y fue después de esto y de advertencias también agrias por nuestra parte, que se nos dijo que se iba a vallar todo el perímetro.
"Lo que veo en este golpe de Estado que se sigue urdiendo contra la democracia española es que el nacionalismo populista se ha aliado con una izquierda populista, que es Podemos"
Otro de los instantes que más recordados de aquellos días fue la emocionada intervención del diputado Joan Coscubiela, muy aplaudida por ustedes.
Sí, le llamaron facha a Coscubiela que había estado en la cárcel con Franco.
¿Usted llegó a hablar con Coscubiela después de los plenos?
Inmediatamente después, sí. Tanto Lluís Rabell como Joan Coscubiela (Catalunya Sí Que Es Pot) pedían un referéndum pero que forzosamente ese referéndum debía de ser acordado con el Gobierno. Ellos mantenían una postura clara que después les ha costado que ninguno de los dos haya repetido. El discurso de Coscubiela fue valiente, pero también fue contestado por casi la mitad de su propio grupo parlamentario. A Coscubiela le agradezco y le agradecí que fuera un político consecuente y sincero con lo que estaba ocurriendo, pero también lo valoré como una individualidad que era compartida escasamente por la mitad de su grupo. Eso me preocupaba y me sigue preocupando. Lo que veo en este golpe de estado que se sigue urdiendo todavía contra la democracia española es que el nacionalismo populista se ha aliado con una izquierda populista, que es Podemos. Ambos cuestionan e impugnan el orden constitucional surgido en 1978. Al final son las dos caras de una misma moneda.
"Había preocupación en los grupos constitucionalistas y nos preguntábamos qué salidas había en el Parlament si empezaba a entrar la gente"
¿Dónde estamos un año después? Los protagonistas de aquellos días están encarcelados o huidos. Torra está al frente de la Generalitat. ¿Qué puede ocurrir?
El golpe prosigue. Es cierto que los máximos responsables están en prisión, pero sus sucesores están reabriendo las embajadas; están recolocando a todas las personas de segundo nivel que participaron en el golpe; siguen invirtiendo más dinero en TV3, que se ha convertido en una maquinaria de propaganda; han tratado de usar a los Mossos como policía política; han cerrado el Parlamento; quieren constituir un Consell de la República al margen de nuestras instituciones estatutarias; han creado una presidencia de la Generalitat que es dual; Puigdemont usa los emblemas de la Generalitat sin que haya oposición; han vaciado las instituciones de contenido –no ha hecho un solo proyecto de ley en los más de 100 días que llevan y sólo hablan del 'procés'-; no van al Consejo de Política Fiscal y Financiera; no van a la Junta de Seguridad; ocupan el espacio público; están enseñando la patita de un próximo colapso en otoño y de la utilización de los CDR; y se habla de un asalto al poder municipal para escenificar una Cataluña rebelde. Para nosotros, Torra está persistiendo una y otra vez en lo que hicieron sus antecesores.
"El separatismo sabe que la desobediencia conduce a la cárcel, pero no está sirviendo para que modifiquen comportamientos, objetivos y la agitación popular y callejera que están promoviendo"
Ustedes piden un nuevo 155.
Creemos que para luchar contra esto hay dos frentes: uno es el político y otro es el jurídico. Nosotros, como líderes de la oposición, nos toca denunciar incansablemente en Cataluña, el resto de España y hasta en Europa este golpismo populista que nos está empobreciendo y nos está aislando. Hay que involucrar a todos los demócratas en la batalla ideológica y hay que pedir unidad de acción para que esta defensa de nuestra democracia sea compartida por todos los demócratas. Si en la famosa conferencia de Torra se van a anunciar colapsos de ciudades y aeropuertos, es el momento de requerir a Torra para saber si va a cumplir o no con la Constitución. ¿O va a ser el jefe de la Policía aquel que quiere quebrar el orden público? Que se aplique la Constitución si no la cumple. En la parte judicial hay que acudir a los tribunales ante cualquier ilegalidad que se cumpla, y eso sería una responsabilidad del Gobierno.
¿Estamos sin duda peor que hace un año o hay algún resquicio. porque ellos también saben cuáles son las consecuencias de todo esto?
Lo saben, pero no está sirviendo para que modifiquen comportamientos, objetivos y la agitación popular y callejera que están promoviendo. El estado de Derecho actuó como debía de actuar, pero no ha acabado. Hay gente que dice que el 155 ya se aplicó y que los responsables están en la cárcel. Bien, pero ahora tenemos unos señores que dicen que van a hacer lo mismo y lo están anunciando. Entonces el estado de Derecho tendrá que hacer lo mismo. Y hacer lo mismo es aplicar el 155 y aplicar la solución judicial para el que incumpla las leyes. Nosotros lo anunciamos entonces y lo volvemos a anunciar. Y parece que sufrimos un poco el síndrome de Casandra, que es el mito de aquella sacerdotisa que hacía profecías que nadie se creía pero que luego se cumplían.