La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha presentado su renuncia, tal y como habían reclamado los partidos de la oposición por la polémica de su máster en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos y el vídeo en el que presuntamente roba dos cremas antiedad en un supermercado.
Hace poco más de un mes se conocía que la presidenta obtuvo el título falsificando las notas con la ayuda de una funcionaria y se matriculó tres meses tarde en el máster. También se habían falsificado las firmas de las profesoras que figuran en la presentación del Trabajo Final de Máster (TFM), un acta que la presidenta exhibía como prueba poco después de que se conociera la primera información; y algunas firmas de actas de convalidación de asignaturas y notas.
Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido un vídeo publicado este miércoles por OKDiario en el que se ve a la presidenta madrileña en medio de un presunto robo de productos cosméticos en un supermercado. El hecho habría tenido lugar en 2011, cuando Cifuentes era número dos de la Asamblea de Madrid, en un Eroski de Vallecas.
Si bien el Partido Popular había manifestado su negativa a destituir a la presidenta regional, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, había puesto en una encrucijada al Gobierno: o relevaba a Cifuentes de su puesto o apoyaría la moción de censura registrada del PSOE y el PP no acabaría la legislatura en Madrid.
Falsificaciones
Horas después de que se conociese la primera información acerca de su máster, Cifuentes negó rotundamente cualquier falsificación y, en sintonía con la primera versión facilitada por el rector de la institución académica, aseguró que todo se debió a un error informático en la transcripción de las notas de una asignatura y del Trabajo Final.
Además, la presidenta interpuso una querella criminal contra los periodistas que estaban informando sobre su máster, al considerar que difundían "una versión que nada tiene que ver con la realidad". "Han utilizado para ello datos protegidos a los que han accedido en flagrante violación de la ley de protección de datos", decía.
Dos días después, el propio rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, daba un paso más y reconocía que el acta no constaba en el servicio de posgrado, "pese a que su archivo en el mismo es obligatorio". Además, tampoco había sido remitida la memoria del Trabajo de Fin de Máster, ni se podía confirmar que la defensa de dicho trabajo hubiese tenido lugar.
De las seis firmas del acta de notas, dos corresponden a profesores ajenos a la Universidad Rey Juan Carlos. Son los casos de la catedrática Ángela Figueruelo y del profesor titular Alfredo Allué, quienes niegan haber formado parte de esta comisión y haber firmado ningún acta. De hecho, anunciaron su intención de emprender acciones legales contra la Universidad.
El director del máster, Enrique Álvarez Conde, señaló al rector como responsable de la falsificación al asegurar que le preguntó si tenían algún documento que avalase que Cifuentes había hecho el máster y ante la negativa del director porque "la norma exige que a los dos años se destruyan todos", Ramos le pidió que reconstruyese un documento.
Por otro lado, Alicia López de los Mozos, una de las tres profesoras implicadas en el acta del TFM, declaró a la policía que su director, Álvarez Conde, la coaccionó para que participara en la falsificación de las pruebas y que incluso la amenazó con acabar con su carrera docente.
Renuncia al máster
Como medida, Cifuentes había renunciado hace una semana a su título de máster y había pedido disculpas "a cualquiera que haya podido sentirse agraviado"; aunque insistía en que no existían "razones objetivas" para su dimisión. Además, echaba 'balones fuera' al sostener que se vio afectada por "diversas irregularidades administrativas totalmente ajenas" a ella.
Incluso, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, seguía intentando exculpar a la líder regional asegurando que si alguien había cometido alguna ilegalidad en el caso del máster era "la Universidad Rey Juan Carlos, no Cifuentes".
Pero la renuncia al máster de Cifuentes seguía sin ser suficiente para la oposición. La amenaza de moción de censura había cogido cada vez más fuerza en el seno del PSOE y Podemos; y aunque durante la Convención Nacional del PP en Sevilla el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo público su "apoyo" a Cifuentes, entre los 'populares' ya existía cierto recelo por las consecuencias que la polémica podría tener para el partido.
El PSOE estaba convencido de que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, dimitiría antes del 7 de mayo, fecha límite para que se debatiese la moción que habían registrado los socialistas para que Ángel Gabilondo diese paso a un Gobierno alternativo formado por representantes del PSOE e independientes.
Fuentes de la Dirección Nacional consultadas por Vozpópuli también opinaban hace unos días que el propio entorno de Cifuentes -la organización territorial y los 250 cargos que se pueden quedar en la calle- acabarían convenciéndola de que se echase a un lado antes de la moción de censura.
Las consecuencias
Esta presunta falsificación se ha saldado con la dimisión de la subdirectora del Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC, Laura Nuño; con el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía de Móstoles, y ahora, con la dimisión de la protagonista de la polémica, Cristina Cifuentes.
Pero la Universidad también ha tomado cartas en el asunto. El rector Javier Ramos ha decidido suspender de sus funciones a Enrique Álvarez Conde, el actual director del Instituto de Derecho Público del que dependía el Máster de la polémica y quien aseguró que Ramos le había encomendado "reconstruir" el acta.
Además, en medio del conflicto, el diario El Mundo publicó una información que implicaba a Salvador Perelló, un profesor socialista de la Universidad, como presunto responsable de la filtración de las irregularidades en el máster. Poco después el mismo reconoció haberlo hecho y ahora la Universidad anuncia que le abrirá un expediente por trasladar a la prensa las irregularidades.
A Amalia Calonge, la funcionaria que entró en el sistema para cambiar la nota de una de las asignaturas de Cifuentes de 'no presentado' a 'notable' en el año 2014, también le han abierto un expediente por estar implicada "en las graves irregularidades detectadas". Sin embargo, el profesor que le mandó hacer el trueque, es decir, Chico de la Cámara, aún no ha sido sancionado, según fuentes universitarias que estuvieron presentes en la sesión del Consejo.
