Eduardo Zaplana es solo el último de los innumerables casos de presunta corrupción en los que se han visto involucrados presidentes autonómicos del Partido Popular. Pocas comunidades que hayan sido presididas por la formación pueden presumir de no haber sufrido delitos derivados de su gestión pública. Aunque el PP insiste en que la corrupción no ha envenenado por completo a su partido, sorprende la lista de once nombres de expresidentes autonómicos implicados en tramas presuntamente corruptas. Esta lista engloba tanto políticos ya condenados, como otros que siguen bajo investigación y también algún caso extrajudicial de 'corrupción moral'.
Hasta ahora se trata del expresidente regional que más causas acumula. Sobre él recaen tres condenas. Matas compareció como imputado en 2010 dentro del caso Palma Arena. De este derivó el caso Nóos, por el que fue acusado de encargar al Instituto de Iñaki Urdangarin y Diego Torres la organización de foros sobre turismo y deporte por los que la institución se habría embolsado, presuntamente, 2,3 millones de euros entre los años 2005 y 2006. La justicia le condenó en 2017 a tres años y ocho meses de prisión, así como siete de inhabilitación. La segunda condena fue en 2013, y tuvo que ingresar en prisión como resultado de la contratación ilegal de un periodista que le hiciese sus discursos, al que pagaba con dinero público. Asimismo, tuvo que pagar una multa de 9.000 euros por la contratación ficticia de su mujer, Maite Areal. La última causa que se conoce del balear es la petición del Juzgado de Palma de abrir juicio oral contra el expresidente por el caso Son Espases.
Es cierto que Francisco Camps fue absuelto del conocido ‘caso de los trajes’, en el que habría recibido prendas por valor de 14.021 euros. Pero desde el año 2009 arrastró la imputación de la Audiencia Nacional en relación a la trama Gürtel. En agosto del mismo año el TSJCV archivó la causa, pero un año después el Tribunal Supremo ordenó reabrir la investigación de este caso. Tras la investigación, en abril de 2013 el Supremo ratificó la absolución de Camps y cerró el caso. Actualmente, el expresidente de la Generalitat Valenciana está siendo investigado por el caso de la Fórmula 1 de la comunidad autónoma, y varias informaciones apuntan a que podría volver a tener problemas judiciales.
Olivas ejerció de presidente de la Comunidad Valenciana entre 2002 y 2003, fue detenido en el año 2015 por las operaciones de Bancaja –de la que fue presidente entre 2004 y 2012- en el Caribe mexicano dentro del marco de la operación Coral, pero fue puesto en libertad dos días después. El que fuera además presidente del Banco de Valencia, renunció en 2017 "expresa y voluntariamente" a todos sus honores como exjefe del Consell, tras confirmarse la pena de año y medio a la que fue condenado por falsedad y delito contra la Hacienda Pública.
El expresidente de la región fue detenido en abril de 2017 y en junio del mismo año se confirmó su ingreso en prisión. Se le atribuyen, al menos, 10 delitos relacionados con el catálogo la corrupción dentro del caso Lezo. La investigación de este caso se centra en la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II e indaga en si hubo desvío de fondos públicos que terminaron en las cuentas de miembros del Partido Popular. Asimismo, González fue imputado por la trama Púnica, por la que se le sumaron otros seis delitos. Esta operación investiga la presunta adjudicación de servicios públicos a cambio de pagos y comisiones ilegales que posteriormente eran blanqueados.
El próximo 7 de junio, el exministro y expresidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003 deberá declarar como imputado por el caso Lezo. Se le atribuye la presunta compra fraudulenta en el año 2001 de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II. En 2016, además, la Fiscalía reclamó la investigación de Gallardón por el supuesto desfalco de varios millones de euros en esta adjudicación. Por este caso se le imputan los delitos de prevaricación y malversación.
La ya expresidenta madrileña, que había sido una abanderada de combatir la corrupción dentro del partido, dimitió el pasado mes de ABRIL por un acta de notas falsificada de un máster obtenido en la URJC, un expediente académico amañado y un supuesto trato de favor por parte de la universidad pública. Asimismo, un vídeo de un presunto hurto en un supermercado terminó por culminar el declive de su etapa política. En este momento, Cifuentes está siendo investigada por delitos de cohecho y falsificación.
El nombre de la expresidenta madrileña aparece en distintos informes policiales, autos judiciales y declaraciones de investigados por casos de corrupción, pero nunca un juez ha considerado necesario investigarla. Aguirre dimitió tras la detención de su mano derecha, Ignacio González, por el caso Lezo. Asimismo, tuvo que declarar como testigo en el juicio de Gürtel. En la actualidad, se indaga sobre la financiación ilegal del PP de Madrid en tiempos de su mandato: investigaciones sobre el Canal de Isabel II o la trama Púnica la ponen en el punto de mira de las corruptelas, pero Aguirre, hasta el momento, sigue limpia. Ella ha asegurado que solo "tenía culpa 'in vigilando'" porque no se ocupó "adecuadamente de la financiación del partido".
El expresidente de la Región de Murcia se vio envuelto en varios casos de corrupción del partido. Sánchez no llegó a dos años de mandato en la comunidad, ya que dimitió antes de que se debatiera una moción de censura contra él. Sánchez está investigado por el TSJRM en el caso Auditorio, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, que investiga presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Asimismo, está acusado de delitos de cohecho, fraude y revelación de información por la trama Púnica en Murcia.
Se trata de un caso similar al de la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre. El expresidente regional no está directamente involucrado en ninguno de los casos de corrupción del partido, sin embargo, una gran parte de los altos cargos que formaron parte de PP durante su Ejecutivo han resultado ser imputados por estas tramas corruptas. Siendo Valcárcel presidente de la comunidad levantina se gestaron varios casos que actualmente están siendo investigados por los tribunales: la desaladora de ACS en Escombreras (Cartagena), el aeropuerto privado de Corvera y el caso Zerrichera, de un intento de pelotazo urbanístico en la costa.
Antes de que terminase su mandato, el expresidente del Ejecutivo de Cantabria dimitió en el año 1994 de su cargo como consecuencia de una sentencia judicial que lo condenó a 6 años de prisión y 14 de inhabilitación por un delito de malversación y otro de prevaricación, aunque no pisó la cárcel ya que fue indultado. Posteriormente, en 2002 el Tribunal Superior de Cantabria volvió a condenar a Hormaechea a tres años de prisión por un presunto delito de prevaricación cometido durante su legislatura, hecho por el que también recibió el indulto.
El expresidente de Extremadura fue acusado de realizar viajes personales pagados por el Senado durante su etapa como parlamentario. Monago viajó en 16 ocasiones a Canarias, supuestamente para visitar a su amiga Olga María Henao. No obstante, el expresidente regional se aferró al cargo defendiendo que dichos traslados eran por cuestión de trabajo. Monago perdió las elecciones del año 2011 frente a Guillermo Fernández Vara, pero continúa siendo presidente del partido en la comunidad.
